Las elecciones fueron el 4 de noviembre de 2008, lo celebraba el 5 y el 6 Obama se reunía con la CIA, su primer acto oficial como presidente electo.

El primer día de su mandato ordenó el cierre de Guantánamo y fijó el mes de enero de 2010 como fecha tope para cerrar la prisión. Ayer se cumplió el año. No está cerrando la prisión. La trasladará a Illinois, EE.UU., si los republicanos lo permiten.

Con el aumento de efectivos militares en Afganistán y el posicionamiento de otros en Colombia, los aviones que transportan las drogas habrán variado el rumbo, pero los fines, orígenes y destinos son los mismos.

Obama, con los votos ya conseguidos, hace lo contrario de lo que decía. “El Premio Nobel de la Paz a Obama causa perplejidad. El presidente del cambio ha mantenido al mismo ministro de la Guerra de Bush (Robert Gates), y junto con él, todos los compromisos militares que tenían los EEUU en los distintos frentes de la Guerra Global contra el Terrorismo (GWOT), que Obama ha rebautizado y maquillado bajo el nombre Operaciones de emergencia ultramarinas (OCO)”, afirma Enrico Piovesana en Obama: Apariencia y realidad, publicado en Rebelión.

“La madre de Obama, Stanley Ann Dunham, de fachada procomunista pero relacionada con los servicios de inteligencia, sirvió a la Ford Foundation y al Banco Mundial”, informa Eliseo Bayo en Público. “Barak Obama fue el candidato de la comunidad de la Inteligencia. Más exactamente, representa el ala izquierdista de la CIA“, opina.

Es lícito pensar que el representante del pueblo norteamericano está defendiendo intereses dictados por capitales privados protegidos por servicios secretos amparados por el concepto de seguridad nacional. Por tanto, cuando diga A, necesariamente hay que pensar en el resto de letras. Manifiesta William Blum en Los crímenes del imperio: “Si uno atrapa a la CIA con las manos en la masa y la Agencia admite lo obvio – lo que uno ve claramente – que sus manos ciertamente están en la masa, significa una de dos cosas:

En Encod podemos ver la siguiente carta que nos puede servir de ejemplo en caso de querer apoyar esta campaña en defensa de los derechos de Chakib Al Khayari un reconocido defensor de los derechos humanos en Marruecos.

Excelentísimo señor Don Mohammed VI
Rey de Marruecos
Excelentísimo rey,

Ministerio de Justicia
Place El Mamounia
Rabat
Marruecos.
Copias a:

Por la presente nos gustaría expresar nuestra profunda preocupación por la suerte de Chakib El-Khayari, que ha estado en custodia de la Oficina Nacional de la Policía Judicial de Casablanca desde el 17 de febrero de 2009.

Mr. El-Khayari es un conocido y respetado defensor de los derechos humanos tanto a nivel internacional como en la provincia de Nador. Fundó en 2005 la Asociación de Derechos Humanos en el Rif, que aborda una serie de cuestiones como el trato a los migrantes procedentes del África subsahariana en Marruecos y la violencia contra la mujer. Chakib El-Khiari también es conocido por su apoyo a los derechos culturales de los Amazigh en Marruecos.

En diciembre de 2008 apareció en la televisión nacional marroquí expresando sus puntos de vista y opiniones sobre una serie de cuestiones relacionadas con el tráfico de drogas en la región, la participación y corrupción de algunos funcionarios públicos, y la necesidad de estrategias no represivas para reducir los daños del cultivo ilícito de cannabis en la región.

En las próximas semanas el Sr. El Khayari tiene previsto visitar, invitado por la Coalición Europea por Políticas de Drogas Justas y Eficaces, una plataforma de 170 organizaciones de la sociedad civil de toda Europa. El 4 de marzo, el Sr. El Khayari participará en una conferencia en el Parlamento Europeo, donde se discutirá sobre las políticas de la Unión Europea relacionadas con los cultivos de plantas prohibidas. El 11 y 12 de marzo, el señor El-Khayari debería formar parte de una delegación internacional que participará en el Segmento de Alto Nivel de la Comisión de Naciones Unidas de la ONU en Viena. Dicha delegación presentará pruebas de que las políticas encaminadas a la erradicación de plantas ilícitas en los países productores han causado más daños que soluciones a las regiones afectadas.
Tememos que Chakib El-Khayari está siendo perseguido por expresarse con franqueza sobre temas relacionados con los derechos humanos y por sus actividades de lucha contra la corrupción en la región de Nador. Consideramos que su detención supone una grave violación de la libertad de expresión, un derecho humano que debe ser garantizado en toda democracia. El hecho de que haya sido detenido justo antes de su participación en eventos internacionales parece indicar que el Gobierno marroquí no quiere que el mundo escuche la opinión de una población directamente afectada por las políticas llevadas a cabo en el nombre de la guerra a las drogas.

Si se quieren establecer políticas efectivas y sostenibles para el cultivo de cannabis y el tráfico de drogas en Marruecos, es fundamental que opiniones como las del Sr. El-Khayari y otros representantes legítimos de las poblaciones afectadas sean escuchadas. Sólo se podrán encontrar soluciones a los problemas relacionados con el cultivo de cannabis en Marruecos a través de un intercambio libre y abierto de ideas y opiniones, no a través de la represión.
Le rogamos que proteja la integridad física del Sr. El-Khayari y asegure su liberación inmediata e incondicional.
Esperando su respuesta, quedamos a su entera disposición, su majestad

En nombre de ENCOD

André Fürst, Suiza
Jan Ludewig, Alemania
Virginia Montañes, España
Freek Polak, Países Bajos
Alessandra Viazzi, Italia
(miembros del Comité Ejecutivo)
Puede copiar esta carta, firmarla con su nombre o el de su organización y enviarla a:

Su majestad Mohammed VI
Rey de Marruecos
Rabat
Marruecos

Sitio web del Primer Ministro Marroquí
Y a la embajada de Marruecos en su país. Para una lista de las embajadas de Marruecos, ver
Información actualizada en FreeChakib.com

Por Julita Lemgruber

Robert Sweet es juez federal desde 1978 y actualmente, es el titular de la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York. Ha presidido innumerables comisiones que propusieron mejoría en los servicios prestados al público por el poder judicial y publicó trabajos discutiendo los desafíos que los jueces enfrentan en su papel en la sociedad. Fue el primer juez federal en defender públicamente la legalización del uso y la distribución de todas las drogas. Para Sweet, las drogas son una cuestión de salud pública y no de justicia criminal.

ENTREVISTA

O GLOBO: ¿Cómo evalúa el resultado de más de tres décadas de lucha contra las drogas en Estados Unidos?

ROBERT SWEET: Nuestra política de drogas, que viene costando en promedio US$17 billones anuales al contribuyente de este país, es un fracaso desde el punto de vista costo-beneficio. La criminalización del uso de la droga ha sido ineficaz en cambiar conductas y por eso creo que lidiar con las drogas como una cuestión de salud publica es la única solución viable. Regular las drogas es proveer asistencia a la salud del usuario y es el camino adecuado.

O GLOBO: Usted fue el primer juez federal en proponer públicamente la legalización del uso y la distribución de las drogas. ¿Iincluiría en esta propuesta a todas las drogas? ¿De la marihuana a la cocaína, de la heroína al crack?

SWEET: Todas las drogas que alteran el comportamiento de la mente deben ser controladas, exactamente como el alcohol. Para ser comercializadas, deben ser tasadas y reguladas. Deberá haber restricciones en relación a los lugares y horarios en que las drogas podrán ser vendidas y, obviamente, no podrán ser vendidas a menores de edad. Además de esto, debe haber campañas de educación pública aclarando sobre el problema del uso de drogas. Y así como ocurre con el alcohol, aquellos que provocaren daños o amenazas a los otros, estando bajo la influencia de las drogas, deberán enfrentar sanciones criminales.

O GLOBO: Usted ha insistido en que la prohibición de las drogas creó una economía subterránea poderosa en Estados Unidos, con resultados desastrosos. ¿Qué escenario es este?

SWEET: Los números resultantes de esta economía poderosa son impresionantes sobre todo si consideramos las tazas de encarcelamiento y el tamaño del mercado. Se estima que el mercado de drogas en Estados Unidos gira en torno a los US$150 billones por año. Hoy tenemos la mayor taza de encarcelamiento del mundo occidental, al costo de US$20 billones por año. Procesos relativos a las drogas en la Justicia federal americana se triplicaron en diez años. En cuanto a nuestros gastos con la guerra contra las drogas tuvieron un aumento enorme, el uso de drogas permaneció relativamente constante: continuamos teniendo cerca de 40 millones de usuarios. Nuestra política de prohibición de las drogas fracaso rotundamente sin que fuese debidamente cuestionada.

O GLOBO: En su opinión, la legislación actual sobre drogas en Estados Unidos es inconstitucional desde el punto de vista de la libertad individual. ¿Cómo sustenta esta propuesta?

SWEET: Aquellos que forjaron nuestra Constitución admitieron explícitamente que el individuo posee algunos derechos que no están claramente enumerados en el texto constitucional. El derecho a ingerir determinadas sustancias, como derecho de autodeterminación, puede ser encarado como un derecho que encuentra respaldo en la Constitución de los Estados Unidos. Los ciudadanos deben tener el derecho de controlar y tomar decisiones sobre sus cuestiones privadas, en la medida en que no causen daño al bienestar general.

O GLOBO: ¿Su visón sobre el tema de las drogas ha cambiado a lo largo de su trabajo como juez?

SWEET: Un día de otoño de 1988 en que fui obligado a condenar a diez años de prisión un joven de 18 años -sin antecedentes penales, superficialmente involucrado en el tráfico de drogas- comencé seriamente a reexaminar nuestra política de drogas. Investigue, conversé con especialistas, reflexioné mucho y llegué a la conclusión de que nuestra política, y la consecuente legislación para el área, han sido errores monumentales. Varios otros jueces, han llegado a la misma conclusión. Y es muy doloroso para mí, como juez, imponer sentencias que considero injustas.

O GLOBO: Por que, en su opinión, la legislación aun no ha sido modificada ni se ha constituido una comisión como la Wickersham, creada en 1929 por el gobierno federal para estudiar la prohibición de la venta del alcohol?

SWEET: Ya se han propuesto estudios pero no obtuvieron financiamiento. Un ministro de salud que propuso un estudio sobre el tema fue dimitido. El problema de las drogas es una cuestión sicológica, en relación a la cual se conoce poco. Si un estudio sustantivo, inclusivo desde el punto de vista económico, fuese desarrollado, yo creo que ocurrirían cambios sustanciales. Es muy difícil discutir abiertamente el problema de las drogas en la sociedad porque se crearon muchos mitos y es un problema de difícil solución. El abordaje punitivo es un método más fácil: se barre el asunto debajo del tapete. Cambiar la política actual no será fácil, pero necesitamos reconocer que el uso de drogas es, antes que cualquier otra cosa, una cuestión de salud publica y que sustancias que alteran el comportamiento de la mente hacen parte de la vida moderna. Sus efectos necesitan ser entendidos y atendidos. La criminalización no resuelve el problema.

Julita Lemgruber

Socióloga y directora del CESeC/UCAM

Entrevista realizada para O Globo y emitida el domingo 25 de enero de 2009

Leído en www.drogasydemocracia.org

Dinamarca / Bolivia 2005
43min, DVDcam / DVD
Aspecto: 4:3
Español, Inglés (Subtítulos en Inglés).
Director / Guión: Martha Gutiérrez Flores

www.coca-zero.org

Ganador del “Premio al Mejor Documental” y el nombre de ‘Mejor Periodista de Investigación “en la América Latina-Festival de Video de Rosario, Argentina, 2006.

Ah, las consecuencias imprevistas – si no imprevisibles – de la prohibición. El domingo, el Cleveland Plain Dealer informó que tras la estela de una ofensiva contra los clubes de striptease y el fumar en los bares, una nueva presencia misteriosa se ha dado a conocer en las calles secundarias de la ciudad: el fumadero. Estas dependencias sin permiso ofrecen lo que los clubes y bares legales no pueden: un lugar para que bebedores sociales fumen mientras toman y ven a bailarinas exóticas después de la medianoche. Los agentes antivicio dicen que también proporcionan un refugio para la prostitución.

Los fumaderos son una respuesta a leyes que entraron en vigor el año pasado prohibiendo el fumar en lugares públicos y danzar desnudo después de la medianoche.

Un detective de la brigada antivicio de Cleveland, Tom Shoulders, comparó los fumaderos con las casas de ginebra de la época de la Ley Seca. “Si imponen demasiadas restricciones sobre las personas, ellas van a encontrar otro lugar para buscar su entretenimiento”, dijo.

De acuerdo con lo que los soplones les dicen a los policías, los clientes de los fumaderos, principalmente tipos blancos de los suburbios, traen su propio licor, cigarrillos y puros, en tanto que los porteros en los clubes cobran entradas de hasta $25 por un “bufé”.

“Han tenido éxito en crear este negocio clandestino y sórdido que tramita apenas en efectivo y no puede ser ni regularizado ni tasado ni protegido por la policía”, dijo Skip Lazzaro, un abogado que representa salas de fiesta legales en la Justicia – pese a que no se sepa si él debería estar refiriéndose a los propietarios y clientes o a la legislatura.

Aunque la combinación de bailarinas exóticas a deshora y el fumar clandestino sea un nuevo giro, el fumadero clandestino no lo es. En verdad, los fumaderos clandestinos, o clubes que permiten el fumar encubiertamente a despecho de las leyes que lo prohíben, parecen surgir en todas partes en que las vedas al fumar aparecen. Se puede encontrarlos de Nueva York a San Francisco y en muchos lugares intermedios… si tan sólo se sabe a quien preguntar.

Como siempre que se habla de cifras relacionadas con la coca, la noticia ha salido en los grandes medios de prensa: en 2008 se ha alcanzado un nuevo récord en erradicación de cultivos ilícitos en el marco de la guerra a las drogas. Según la policía antinarcóticos colombiana, este año se erradicaron en el país 224.478 hectáreas. De éstas, 95.323 hectáreas fueron destruidas manualmente, y el resto (129.155) fue fumigado con Roundup, el tóxico que contiene el herbicida glifosato y que se viene asperjando desde hace años sobre estos cultivos.

Dado que las autoridades antinarcóticos se habían fijado al principio de este año el objetivo de erradicar 230.000 hectáreas, esta masiva erradicación ha sido considerada como un éxito. (Bueno, faltan unas cinco mil y pico de hectáreas para que cuadren las cifras, pero me imagino que no será difícil acabar con éstas en los pocos días que quedan del año). Ante el objetivo cumplido, ¿quién podría cuestionar el éxito de la policía?

Ya nos hemos referido antes en esta página a la naturaleza de estos ‘éxitos’ antinarcóticos, que tienen algo de victoria pírrica en las que se gana perdiendo. Pierde la naturaleza de uno de los países más megadiversos del planeta, pierden los campesinos, cultivadores de coca o no, pierde el Estado colombiano la posibilidad de ganarse a los campesinos, y más paradójico aún, el país pierde en el avance de sus objetivos antinarcóticos.

Esto último no es una especulación, es una afirmación extraída de la observación de los resultados de la estrategia de la erradicación forzada en los últimos años. Una buena indicación de que hay algo insano en todo esto la ofrecen las mismas estadísticas. Cómo se explica que aunque a finales de 2007 hubiera oficialmente en Colombia 99.000 hectáreas sembradas, sin embargo durante 2008 la policía hubiera tenido que fumigar más del doble de esa cantidad. Se explica por la resiembra, claro. Una resiembra que se produce aceleradamente y que genera enormes consecuencias ambientales debido a que habrá comportado expansión y desplazamiento de los cultivos.

Como lo muestra esta tabla, la erradicación por aspersión aérea se ha venido incrementando desde 1999, con excepción de 2007, año en que se fumigó un poco menos que en 2006.

Una de las razones para que se fumigara menos en 2007 tuvo que ver con una decisión de disminuir la erradicación aérea para aumentar la erradicación manual. (Véase los últimos tres años en la tabla) Recién terminaba la primera fase del Plan Colombia y se redujeron los fondos destinados a fumigaciones. En el siguiente gráfico del último informe de la ONUDD sobre cultivos de coca en los Andes, no aparece 2008, pero sabemos que las curvas de las dos erradicaciones, manual y aérea, son ascendentes.

Fuente ONUDD – Comparación errad. aérea y manual

No resulta muy sensato que el gobierno continúe fumigando y practicando la erradicación manual forzada sabiendo que paralelamente se produce una resiembra. Lo sabe no solamente por la experiencia de los últimos años, lo sabe también porque sus programas de sustitución de cultivos (con poquísimas excepciones) no tienen ni el carácter ni el alcance suficiente para representar una verdadera sustitución, porque con mucha frecuencia el llamado ‘desarrollo alternativo’ no está concebido para prestar un servicio de ayuda en primera instancia a las comunidades necesitadas. Porque sabe que las regiones siguen abandonadas a su suerte, presa fácil de grupos armados y narcotraficantes. En este contexto –y mientras haya demanda para la cocaína- se seguirá repitiendo un esquema de erradicación y resiembra

Los programas de erradicación forzada son así el perfecto ejemplo para entender una acción que es eficiente en sí misma pero no es eficaz para los objetivos finales que se propone. En breve, ésta es la clase de ‘éxitos’ que más valdría no obtener.

Fuente Colombia Drogas

Ricardo Soberón Garrido, reconocido analista internacional en asuntos de drogas y seguridad. Profesor de la Universidad de Lima, peruano experto en geopolítica regional del narcotráfico explica en detalle por qué está convencido de que la actual política represiva contra el comercio ilegal de estupefacientes es un verdadero fracaso. “Nuestras democracias y nuestras instituciones, además, se han deteriorado como consecuencia de esta política represiva”.

“No hay un problema mundial de drogas: hay problemas nacionales que deben ser respondidos en términos nacionales porque uno de los trucos sobre los cuales se ha basado el sistema internacional ha sido hacernos pensar que el problema es global, que la respuesta es global, y que nadie puede poner en tela de juicio ese paradigma internacional“, asegura. “Hay que permitir que los países adopten sus propias prioridades. Allí donde deban aumentar los precios, aumentarán los precios; allí donde deban reprimir selectivamente, reprimirán selectivamente; allí donde deban liberalizar el consumo y penalizar alguna droga, que lo hagan. No hay un problema mundial de drogas: hay problemas nacionales que deben ser respondidos en términos nacionales porque uno de los trucos sobre los cuales se ha basado el sistema internacional ha sido hacernos pensar que el problema es global, que la respuesta es global, y que nadie puede poner en tela de juicio ese paradigma internacional”.

–¿Por qué desde los organismos internacionales no se reconoce que esta política ha fracasado o al menos no ha dado los resultados esperados?

El lenguaje de la diplomacia es muy sutil para poder decir las cosas y obviamente Naciones Unidas y muchas de sus instancias dependen de la cooperación internacional, particularmente de los Estados Unidos. Es el caso de la OMS, de la Unesco, de varias organizaciones. Si sus funcionarios no reproducen ese discurso corren serio peligro de ver cortados sus presupuestos.

–¿A quién le interesa mantener este esquema represivo?

–Fundamentalmente a sectores del aparato empresarial y militar de los Estados Unidos. En el terreno empresarial obviamente los laboratorios farmacéuticos internacionales que pretenden seguir manteniendo el monopolio del control de las situaciones de neurosis, de psicosis, de distinto tipo de patologías a partir de sus propios medicamentos y no permitir que la gente tenga salidas más naturales. En el terreno militar estamos evidenciando un proceso de privatización de la guerra, particularmente en América latina. Organizaciones y agencias de seguridad y de orden público del aparato tecnológico militar de Estados Unidos están interesadas en alimentar a las fuerzas armadas y policiales de nuestros países, y a sus servicios de inteligencia para poder encomendarles nuevas misiones, entre otras, el control del narcotráfico, el seguimiento y monitoreo de vuelos sospechosos, de embarcaciones sospechosas, la devolución de migrantes, etc. Hay también otros actores ideológicamente interesados, en algunos casos podemos hablar de sectores de la Iglesia Católica, muy conservadores, que son incapaces de aceptar fórmulas muy individuales de alteración de la conciencia.

También del partido conservador norteamericano y de movimientos de apoyo a esas posiciones que hacen lobby dentro del Congreso.

–¿Cómo analiza los vínculos entre el narcotráfico y el terrorismo en Latinoamérica?

Al compartir enemigos, escenarios geográficos, target sociales, ambos fenómenos adoptan decisiones compartidas para poder usufructuar mutuamente de ciertos beneficios. Eso pasó en Perú, en Colombia, en los Balcanes y en Medio Oriente. Pero no puede llevar a la terrible confusión de asemejar a dos fenómenos que tienen causalidades completamente distintas: una, el narcotráfico, un terreno estrictamente capitalista de oferta y demanda; otro, el terrorismo, obedece a criterios distintos de entendimiento del mundo. Ese es un terrible error de distorsión. Sin duda es otro elemento que ha sido funcional por parte de esta guerra contra las drogas, es que por primera vez se logró el consenso internacional para armonizar la ecuación: narcotráfico igual a terrorismo. Porque eso no es nuevo ni es solamente posterior al 11 de septiembre de 2001. Los intentos por tratar de vincular narcotráfico con terrorismo vienen de la década del ’70 y, sin embargo, había mucha resistencia de carácter académico, político, operativo, para poder hacer este equilibrio. Hoy por hoy, drogas es igual a terrorismo a todo nivel.

Imagínese que la oficina más importante de Naciones Unidas era el Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas” (UNDCP, por su sigla en inglés) y ahora es la Oficina de Drogas y Crimen de las Naciones Unidas, donde la palabra “crimen” se refiere fundamentalmente a delitos sobre drogas y delitos por terrorismo. Y más allá de eso, en las calles hoy por hoy se empiezan a criminalizar conductas sociales que tienen que ver con reacciones críticas frente a las políticas de drogas. Por lo menos en mi país, se aprobó un proyecto por el cual cualquier oposición social a las acciones de erradicación compulsiva de hoja de coca son criminalizables con penas de entre 8 y 12 años. Obviamente no podemos caer en la ingenuidad de decir que no hay situaciones de alianza y relaciones. Y de hecho, de eso se trata, de tener la habilidad como gobernantes para poder dictar políticas sensatas para poder abordar esa convergencia entre el narcotráfico y lo que corresponda al terrorismo.

El punto de vista fundamental es señalar que son dos fenómenos social y económicamente totalmente distintos. El tráfico de drogas es un fenómeno que responde a una lógica empresarial como cualquier otra, a nivel local, regional, hemisférico, global. El narcotraficante va a aprovechar de la mejor manera posible los mecanismos de integración, las zonas francas, las redes hidroviales, y cualquier otro instrumento que esté diseñado para promover el comercio regional. Más aún, la Comunidad Andina puede fracasar, el Mercosur puede fracasar, las relaciones entre ambas institucionalidades pueden fracasar, pero el narcotráfico ha sabido responder de la mejor manera posible en ese escenario. Por que si no qué explica, entre otros factores, a partir de 2000 este boom de la aparición y presencia de la pasta base de cocaína y del clorohidrato de cocaína en las ciudades como Buenos Aires, Río y San Pablo, procedentes de Bolivia o de Perú. El narcotráfico, en ese contexto, ha sabido responder comercialmente. Acabo de estar en la triple frontera entre Brasil, Perú y Colombia. El río Amazonas es un eje fluvial fundamental para la salida de la cocaína para Manaos y Belem do Pará. Y de retorno, esas mismas embarcaciones traen las armas y los precursores para las FARC y los grupos de traficantes, y esto es sostenido por gente de la policía federal brasileña.

–¿Qué consecuencias sobre el espacio público puede traer este tipo de políticas represivas en el terreno de las drogas ilegales?

Una, la reducción de los espacios de convivencia y de ejercicios de derechos. Cada vez se piensa más en el establecimiento de normas de interceptación telefónica, en el aumento de los casos de flagrancia para poder detener a las personas sin mandato judicial, en incrementar los controles administrativos aduaneros y migratorios para impedir el libre tránsito de las personas; en penetrar intrusivamente en los espacios de la libre intimidad de las personas, por ejemplo, en el ámbito del trabajo para poder determinar si una persona ha consumido una determinada sustancia. Si uno toma en consideración todos estos distintos mecanismos que existen, nos encontramos con que el individuo, el hombre de la calle, cada vez va a encontrar menores espacios de ejercicio de derechos, mayores posibilidades de ser amenazado por este Big Brother que es el Estado, que curiosamente se reduce en determinados ámbitos pero aumenta su capacidad de acción alimentado además por instrumentos tecnológicos que permiten saber hoy en día qué hace o qué no hace una persona hasta dentro de su intimidad personal. Ese es un resultado muy puntual y concreto.

–¿La respuesta debe ser la misma para distintos tipos de drogas?

Para ser realista, cualquier cambio debe ser progresivo y paulatino. No va a haber cambios de paradigmas totales. Estoy a favor de un proceso progresivo de desmantelamiento del programa penal que se basa en la separación de lo legal y lo ilegal porque eso es una distorsión, es un error. Hay que reformular ese concepto para hablar más que de sustancias, de usos. Habrá usos posibles, usos aceptables, usos problemáticos, usos socialmente no aceptables, usos potencialmente peligrosos. Ese me parece un nuevo criterio para poder empezar a trabajar.

–¿Se debería empezar con la despenalización de la tenencia de marihuana para consumo personal?

Es lo más inmediato. Lo que menos resistencia debe de ofrecer a la luz de la evidencia estadística. Pero en definitiva yo no me puedo quedar solamente con una planta. No es posible que el sistema represivo criminalice plantas. No corresponde.

Fuente Liberadamaría

No hay un modelo global para la lucha contra el narcotráfico, cada país debe buscar su propia respuesta, dice este sociólogo peruano, analista internacional en asuntos de drogas y seguridad. En esta entrevista, se pronuncia a favor de “un proceso progresivo” para modificar los paradigmas de la penalización.

Ricardo Soberón Garrido es un reconocido analista internacional en asuntos de drogas y seguridad. Profesor de la Universidad de Lima, este peruano experto en geopolítica regional del narcotráfico explica en detalle por qué está convencido de que la actual política represiva contra el comercio ilegal de estupefacientes es un verdadero fracaso. “Nuestras democracias y nuestras instituciones, además, se han deteriorado como consecuencia de esta política represiva. La pregunta es qué va a pasar cuando nos empiece a afectar a los que vivimos en las ciudades y observemos que estos sectores vinculados al narcotráfico comienzan a apropiarse de los espacios públicos de una manera no controlada”, advierte en una entrevista con Página/12, durante una visita a Buenos Aires. “No hay un problema mundial de drogas: hay problemas nacionales que deben ser respondidos en términos nacionales porque uno de los trucos sobre los cuales se ha basado el sistema internacional ha sido hacernos pensar que el problema es global, que la respuesta es global, y que nadie puede poner en tela de juicio ese paradigma internacional”, agrega el especialista. Consultado sobre el enfrentamiento entre narcos de origen peruano en el Bajo Flores, Soberón Garrido no duda: “Son resultados evidentes y eficientes del libre comercio de bienes y de servicios que promueve el Consenso de Washington y el modelo neoliberal. En este caso ha sido aprovechado por connacionales míos que han visto una ventana de oportunidades para insertarse en un mercado altamente rentable como el argentino. (Han descubierto) que en esta ciudad hay mucha población con capacidad de poder desarrollar conductas adictivas alrededor de una u otra sustancia”.

Soberón Garrido vino a la Argentina invitado por la Asociación Civil Intercambios, una ONG que desde hace 12 años trabaja para el estudio y la atención de los problemas relacionados con las drogas.

–¿Por qué sostiene que fracasó la política represiva para combatir el narcotráfico?

–El dato de la realidad más evidente es que en el caso de la cocaína en el país mayor consumidor del mundo, que es Estados Unidos, no se aumentó el precio, que era el objetivo fundamental. Todo lo contrario, se ha hecho cada vez más accesible a la población. Un kilo de cocaína se mantiene en un rango de unos 50 mil dólares en el estado de Florida: mientras antes un gramo de cocaína se podía encontrar a 40 o 50 dólares, ahora se puede obtener a 20 o 30 dólares. Ese es un primer factor que indica que los 20 años de interdicción no lograron afectar el precio sino que lo bajaron. En segundo lugar, de acuerdo con el National Institute of Drug Abuse de Estados Unidos, la calidad de la cocaína ha aumentado. Es decir, lejos de convencer a los usuarios de que deben dejarla porque por su calidad es perjudicial para la salud, ha mostrado que los niveles de pureza son mayores. Y en tercer lugar, a pesar de los enormes esfuerzos financieros, la cocaína está más disponible para la gente en términos de cantidad: hoy los riesgos que corre una persona para conseguir su gramo de cocaína son menores que antes.

–¿En Estados Unidos o en cualquier lugar?

–Hablamos del principal país consumidor, pero lo que ocurre en términos genéricos en Estados Unidos también ocurre en cualquiera de nuestras ciudades. Le puedo hablar de Lima, donde un gramo de cocaína costaba 25 a 30 soles y hoy cuesta 10 a 15 soles. Y estoy seguro de que vamos a encontrar esa misma situación en otras ciudades. Por tanto, el principal indicador de resultados nos demuestra que la política represiva contra el narcotráfico ha fracasado. Si eso lo llevamos al tema de los daños colaterales que las políticas han tenido, vamos a ver que nuestras democracias y nuestras instituciones se han deteriorado como consecuencia de esta política represiva. Pensemos en la corrupción que involucra. Además, la guerra contra las drogas tal como la pensó el señor Nixon en su momento en los años ’72 y ’73 y tal como la piensa el señor Bush, está siendo absolutamente funcional a todos aquellos intereses que desde el Departamento de Estado o el Departamento de Defensa de Estados Unidos se tienen para seguir la guerra contra las drogas en la región andina amazónica. Algunos ejemplos: instrumentos muy puntuales como el Plan Colombia I, Plan Colombia II, Plan Puebla Panamá, Plan México, Iniciativa Regional Andina y otros instrumentos de política internacional. Ninguno de ellos ha logrado reducir la calidad, la disponibilidad y la cantidad de droga, y aumentar el precio de la cocaína. Eso lo señalan los organismos legítimamente considerados para poder hablar de este tema. Veinte años de aplicación de estos instrumentos y sí han conseguido otras cosas. Por ejemplo: han podido lograr la conformación de una liga de seguridad militar alrededor de Colombia a propósito del conflicto armado en ese país; han logrado reconstruir el tema de las amenazas a la seguridad hemisférica para pasar del problema puntual y concreto que significaban las FARC, Sendero Luminoso o cualquier movimiento irregular, subversivo o terrorista, como quieran llamarle, para poder incorporar nuevas amenazas que van más allá del narcotráfico: nacionalismos, movimientos indigenistas, movimientos radicales, están incorporados dentro de las nuevas visiones y programas de reforzamiento de la seguridad hemisférica, particularmente muchos de nuestros ejércitos y organismos de seguridad trabajan con esos esquemas, y en ese sentido la guerra contra las drogas ha sido sumamente incierta. El problema está en que los que hacen las políticas nos pretenden hacer pensar que el giro que planteamos es necesariamente la legalización o la liberalización de las drogas.

–¿Y hacia dónde debe ir el giro?

–Hacia permitir que los países adopten sus propias prioridades. Allí donde deban aumentar los precios, aumentarán los precios; allí donde deban reprimir selectivamente, reprimirán selectivamente; allí donde deban liberalizar el consumo y penalizar alguna droga, que lo hagan. No hay un problema mundial de drogas: hay problemas nacionales que deben ser respondidos en términos nacionales porque uno de los trucos sobre los cuales se ha basado el sistema internacional ha sido hacernos pensar que el problema es global, que la respuesta es global, y que nadie puede poner en tela de juicio ese paradigma internacional.

–¿Por qué desde los organismos internacionales no se reconoce que esta política ha fracasado o al menos no ha dado los resultados esperados?

–El lenguaje de la diplomacia es muy sutil para poder decir las cosas y obviamente Naciones Unidas y muchas de sus instancias dependen de la cooperación internacional, particularmente de los Estados Unidos. Es el caso de la OMS, de la Unesco, de varias organizaciones. Si sus funcionarios no reproducen ese discurso corren serio peligro de ver cortados sus presupuestos.

–¿A quién le interesa mantener este esquema represivo?

–Fundamentalmente a sectores del aparato empresarial y militar de los Estados Unidos. En el terreno empresarial obviamente los laboratorios farmacéuticos internacionales que pretenden seguir manteniendo el monopolio del control de las situaciones de neurosis, de psicosis, de distinto tipo de patologías a partir de sus propios medicamentos y no permitir que la gente tenga salidas más naturales. En el terreno militar estamos evidenciando un proceso de privatización de la guerra, particularmente en América latina. Organizaciones y agencias de seguridad y de orden público del aparato tecnológico militar de Estados Unidos están interesadas en alimentar a las fuerzas armadas y policiales de nuestros países, y a sus servicios de inteligencia para poder encomendarles nuevas misiones, entre otras, el control del narcotráfico, el seguimiento y monitoreo de vuelos sospechosos, de embarcaciones sospechosas, la devolución de migrantes, etc. Hay también otros actores ideológicamente interesados, en algunos casos podemos hablar de sectores de la Iglesia Católica, muy conservadores, que son incapaces de aceptar fórmulas muy individuales de alteración de la conciencia. También del partido conservador norteamericano y de movimientos de apoyo a esas posiciones que hacen lobby dentro del Congreso.

–¿Cómo analiza los vínculos entre el narcotráfico y el terrorismo en Latinoamérica?

–Al compartir enemigos, escenarios geográficos, target sociales, ambos fenómenos adoptan decisiones compartidas para poder usufructuar mutuamente de ciertos beneficios. Eso pasó en Perú, en Colombia, en los Balcanes y en Medio Oriente. Pero no puede llevar a la terrible confusión de asemejar a dos fenómenos que tienen causalidades completamente distintas: una, el narcotráfico, un terreno estrictamente capitalista de oferta y demanda; otro, el terrorismo, obedece a criterios distintos de entendimiento del mundo. Ese es un terrible error de distorsión. Sin duda es otro elemento que ha sido funcional por parte de esta guerra contra las drogas, es que por primera vez se logró el consenso internacional para armonizar la ecuación: narcotráfico igual a terrorismo. Porque eso no es nuevo ni es solamente posterior al 11 de septiembre de 2001. Los intentos por tratar de vincular narcotráfico con terrorismo vienen de la década del ’70 y, sin embargo, había mucha resistencia de carácter académico, político, operativo, para poder hacer este equilibrio. Hoy por hoy, drogas es igual a terrorismo a todo nivel. Imagínese que la oficina más importante de Naciones Unidas era el Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas” (Undcp, por su sigla en inglés) y ahora es la Oficina de Drogas y Crimen de las Naciones Unidas, donde la palabra “crimen” se refiere fundamentalmente a delitos sobre drogas y delitos por terrorismo. Y más allá de eso, en las calles hoy por hoy se empiezan a criminalizar conductas sociales que tienen que ver con reacciones críticas frente a las políticas de drogas. Por lo menos en mi país, se aprobó un proyecto por el cual cualquier oposición social a las acciones de erradicación compulsiva de hoja de coca son criminalizables con penas de entre 8 y 12 años. Obviamente no podemos caer en la ingenuidad de decir que no hay situaciones de alianza y relaciones. Y de hecho, de eso se trata, de tener la habilidad como gobernantes para poder dictar políticas sensatas para poder abordar esa convergencia entre el narcotráfico y lo que corresponda al terrorismo. El punto de vista fundamental es señalar que son dos fenómenos social y económicamente totalmente distintos. El tráfico de drogas es un fenómeno que responde a una lógica empresarial como cualquier otra, a nivel local, regional, hemisférico, global. El narcotraficante va a aprovechar de la mejor manera posible los mecanismos de integración, las zonas francas, las redes hidroviales, y cualquier otro instrumento que esté diseñado para promover el comercio regional. Mas aún, la Comunidad Andina puede fracasar, el Mercosur puede fracasar, las relaciones entre ambas institucionalidades pueden fracasar, pero el narcotráfico ha sabido responder de la mejor manera posible en ese escenario. Por que si no qué explica, entre otros factores, a partir de 2000 este boom de la aparición y presencia de la pasta base de cocaína y del clorohidrato de cocaína en las ciudades como Buenos Aires, Río y San Pablo, procedentes de Bolivia o de Perú. El narcotráfico, en ese contexto, ha sabido responder comercialmente. Acabo de estar en la triple frontera entre Brasil, Perú y Colombia. El río Amazonas es un eje fluvial fundamental para la salida de la cocaína para Manaos y Belem do Pará. Y de retorno, esas mismas embarcaciones traen las armas y los precursores para las FARC y los grupos de traficantes, y esto es sostenido por gente de la policía federal brasileña.

–¿Han cambiado las estructuras de los carteles de la droga?

–Sí, observamos un cambio en las estructuras criminales que no se había visto con anterioridad. Antes estábamos acostumbrados a los carteles colombianos, Medellín, Cali, los carteles mexicanos, Golfo, Juárez, Sonora, etc., las yacuzas, las tríadas, es decir, compuestos piramidales ocultos claramente identificados y una vez identificados, claramente desmontados. Los cambios que estamos observando ahora señalan con claridad que el narcotráfico responde a esta lógica de represión al crimen organizado: segmentación, tercerización. Aquel que se acerca más al dinero de la droga, se aleja más de las drogas, de modo que el material probatorio con el que un juez, o un policía o un fiscal puedan tener como para procesar a una persona de alto vuelo, ya es mucho más difícil. Entonces, es claro que el narcotráfico en estos diez años ha logrado mimetizarse, responder a estas nuevas estrategias, y por lo tanto, lo que estamos evidenciando es que los sistemas nacionales de represión están apuntando mal, están gastando plata y están generando problemas sociales que hasta ahora son casi solamente perceptibles en cárceles o en algunos barrios de algunas de nuestras ciudades. La pregunta es qué va a suceder cuando en nuestras ciudades esto comience realmente a afectar a aquellos que hacen las políticas, o a aquellos que realmente deseamos vivir en democracia, tener ciertas costumbres, ciertos usos, y observemos que estos sectores empiezan a apropiarse de los espacios públicos de una manera no controlada. Es curioso, pero por el caso de Colombia y de Perú, los que tuvimos la oportunidad de evidenciar la vinculación entre narcotráfico, corrupción y poder político, a las más altas cotas del poder, vimos que cualquier acción del Estado es absolutamente inútil para abordar los problemas que están detrás del narcotráfico.

–¿Qué consecuencias sobre el espacio público puede traer este tipo de políticas represivas en el terreno de las drogas ilegales?

–Una, la reducción de los espacios de convivencia y de ejercicios de derechos. Cada vez se piensa más en el establecimiento de normas de interceptación telefónica, en el aumento de los casos de flagrancia para poder detener a las personas sin mandato judicial, en incrementar los controles administrativos aduaneros y migratorios para impedir el libre tránsito de las personas; en penetrar intrusivamente en los espacios de la libre intimidad de las personas, por ejemplo, en el ámbito del trabajo para poder determinar si una persona ha consumido una determinada sustancia. Si uno toma en consideración todos estos distintos mecanismos que existen, nos encontramos con que el individuo, el hombre de la calle, cada vez va a encontrar menores espacios de ejercicio de derechos, mayores posibilidades de ser amenazado por este Big Bro-ther que es el Estado, que curiosamente se reduce en determinados ámbitos pero aumenta su capacidad de acción alimentado además por instrumentos tecnológicos que permiten saber hoy en día qué hace o qué no hace una persona hasta dentro de su intimidad personal. Ese es un resultado muy puntual y concreto.

–¿La respuesta debe ser la misma para distintos tipos de drogas?

–Para ser realista, cualquier cambio debe ser progresivo y paulatino. No va a haber cambios de paradigmas totales. Estoy a favor de un proceso progresivo de desmantelamiento del programa penal que se basa en la separación de lo legal y lo ilegal porque eso es una distorsión, es un error. Hay que reformular ese concepto para hablar más que de sustancias, de usos. Habrá usos posibles, usos aceptables, usos problemáticos, usos socialmente no aceptables, usos potencialmente peligrosos. Ese me parece un nuevo criterio para poder empezar a trabajar.

–¿Se debería empezar con la despenalización de la tenencia de marihuana para consumo personal?

–Es lo más inmediato. Lo que menos resistencia debe de ofrecer a la luz de la evidencia estadística. Pero en definitiva yo no me puedo quedar solamente con una planta. No es posible que el sistema represivo criminalice plantas. No corresponde.

–¿Cómo ve la guerra desatada en el Bajo Flores por la venta de drogas, en la que se involucra a una banda liderada por peruanos?

–Son resultados evidentes y eficientes del libre comercio de bienes y de servicios que promueve el Consenso de Washington y el modelo neoliberal. En este caso ha sido aprovechado por connacionales míos que han visto una ventana de oportunidades para insertarse en un mercado altamente rentable como el argentino, pero que sin duda no debe llevar a la equivocación de pensar ergo, todo peruano puede ser un potencial traficante o que todo traficante es peruano. Sino que ese nicho y esa ventana de oportunidades de esa cadena productiva pueden ser utilizadas por cualquiera que en su momento determine y descubra que en esta ciudad hay mucha población con capacidad de poder desarrollar conductas adictivas alrededor de una u otra sustancia.

–¿Por qué cree que se extiende en forma exponencial el consumo de paco o de pasta base de cocaína?

–Creo que es inversamente proporcional a las carencias con las que se enfrenta la población joven de los sectores más excluidos de nuestra sociedad. Y no me refiero solo a la de Argentina. La empresa del narcotráfico ha encontrado en el paco la droga más barata disponible y accesible para poder sacar de este mundo frustrante a esta población joven y engancharla de una manera empresarialmente muy funcional. Se sabe que a la segunda semana de consumo ya voy a tener enganchada de modo irreversible a esa persona, por tanto eso facilita enormemente las tareas de marketing y de publicidad para la droga: puedo regalar algo de droga a muchachos que terminan de jugar un picadito de fútbol, de manera que puedan celebrar; sé que de esos diez o doce que han jugado, al menos dos van a volver luego para poder engancharse con el paco. Esa es una de las ventajas enormes y graves que tiene este tipo de derivados de la hoja de coca. De eso se han dado cuenta los empresarios del narcotráfico.

–¿Qué respuesta considera que debería dar la Argentina a la problemática de las drogas ilegales?

–Encuentro una ventana de oportunidades por las distintas respuestas positivas que he encontrado a nivel local, provincial y federal. Disposición y voluntad para poder revisar lo andado y poder generar nuevos paradigmas. Yo vengo de un país donde un debate distinto no es posible, los medios me lo evitan, en el Perú no estoy en condiciones de publicar artículos de lo que estamos hablando. Es un “non issue”. En Perú el paradigma es ese: continuar haciendo lo mismo porque es lo mismo que funciona. Para ellos los indicadores de gestión son “droga secuestrada”, “bandas desmanteladas”. Pero no se dan cuenta de los problemas de consumo, marginación, exclusión y violencia que generan las políticas represivas sobre drogas. En ese sentido soy medianamente optimista del nivel de debate que observo en la Argentina. Le soy sincero.

–¿Cómo analiza la región latinoamericana?

–A nivel político encuentro un tablero de ajedrez muy interesante: una ficha blanca, una negra, “una blanca, una negra”, eso es lo que vemos en los trece países de la región. En el terreno de la carpeta de drogas observamos que los mayores discursos alternativos y progresistas que hay se dan en el Cono Sur; en desmedro de lo que ocurre fuera de Brasil, Uruguay y Argentina, en donde el patrón sigue siendo insistir en las reglas de lo mismo. Eso me parece sintomático porque son dos mapas distintos: el político y el de drogas, y muestran resultados distintos.

–¿Se refiere a que Cuba y Venezuela coinciden con el paradigma de Estados Unidos?

–Sin duda. Lo más curioso y contradictorio es que los dos países formalmente acusados en lo político a romper el Consenso de Washington, Cuba y Venezuela, en el terreno de drogas conservan discursos altamente represivos. Y las capacidades para poder repensar el problema alrededor se reducen a la mínima expresión. Recuerdo alguna vez haber hablado con una consejera política de la embajada de Cuba en Perú y le planteaba la urgente necesidad de adecuar el discurso antiimperialista, de reinvindicar lo latinoamericano y ponerlo en la autopista de la drogas para repensar el problema. Me dijo: “Sin haber hecho eso tenemos el embargo desde hace 40 años, tú qué crees que vaya a pasar si los gobernantes de mi país plantean un nuevo paradigma de drogas. Prácticamente nos pondrían en el paredón”. Y algo similar me ha pasado en el último viaje a Caracas: tratar de incorporar la problemática de las drogas en el socialismo del siglo XXI, es prácticamente imposible o está ausente del debate. Ahí hay un reto enorme.

Por Mariana Carbajal para Página 12