Las guerras en Iraq, Afganistán y Pakistán coparán la atención del presidente Obama tan pronto como asuma el cargo, pero también deberá hacerse tiempo para la guerra en nuestras fronteras, en la que el gobierno mexicano se opone a los narcotraficantes. En México en los últimos dos años la violencia relacionada con las drogas se ha cobrado más de 6.800 vidas, y se ha introducido en decenas de ciudades estadounidenses que son mercados para las drogas ilícitas. Esta guerra es tan fea como las otras, con decapitaciones, secuestros y enfrentamientos en la ciudad que amenazan la estabilidad de México y la seguridad nacional de Estados Unidos.
El coste es asombroso, según lo han documentado periodistas del Times: 1.300 muertos en Ciudad Juárez en lo que va de año, y 350 asesinatos en Tijuana, desde septiembre. En Ciudad de México la corrupción asociada a las drogas ha alcanzado los niveles más altos de la policía; el más importante jefe antinarcóticos del país estaba en la planilla de los narcotraficantes. Y en los suburbios de San Diego, presuntos miembros de una banda de narcotraficantes de Tijuana han sido acusados de al menos una docena de asesinatos y veinte secuestros en los últimos tres años.

La revista Forbes se preguntaba hace poco si México era un estado fracasado, dada su incapacidad para frenar el flujo de sangre y drogas. El estado es débil, pero no fracasado. Después de setenta años de gobierno unipartidista, las ramas ejecutiva y legislativa están evolucionando, y el país está tratando de construir un poder judicial independiente. El problema es que el presidente Felipe Calderón está luchando por recuperar el control de los carteles antes de terminar con la corrupción y la impunidad. Todavía no se han establecido completamente agencias policiales fuertes y el imperio de la ley.

La guerra contra las drogas es un problema bilateral. De acuerdo a un reciente informe de la Brookings Institution, cerca de dos mil armas de fuego entran diariamente a México desde Estados Unidos. El consumo de drogas en Estados Unidos no ha disminudo de modo importante en el último cuarto de siglo, con un total de seis millones de usuarios de heroína, cocaína y metanfetamina. Aunque ha subido ligeramente desde que Calderón iniciara su ofensiva el año pasado, el precio de la cocaína en la calle es, sin embargo, un tercio de su valor en 1990, lo que indica una oferta constante a través de las rutas de contrabando mexicanas.

A Estados Unidos le conviene que Calderón gane la guerra, porque un estado fracasado en México significaría caos en la frontera y más inmigración, entre otras consecuencias. Bajo la llamada Iniciativa de Mérida, Estados Unidos debe proporcionar a México 1.4 billones de dólares en equipos de interceptación y adiestramiento en los próximos tres años. La semana pasada se llegó a un acuerdo sobre la primera entrega, que se espera en enero. Esta debería ir acompañada de una estrecha colaboración entre agencias policiales mexicanas y estadounidenses. El gobierno de Obama debería incrementar sus esfuerzos para interceptar los envíos de dinero, agentes químicos para la producción de metanfetamina y armas de alta potencia hacia el norte. Algunas armas provienen de armerías y ferias legales, pero funcionarios mexicanos dicen que otras son artículos ilegales extranjeros, aparentemente de depósitos del ejército de Estados Unidos y de la Guardia Nacional. Finalmente Estados Unidos debe abordar seriamente el consumo de drogas, al mismo tiempo que provee programas de prevención y tratamiento. Después de todo, es la demanda la que sostiene a las drogas.

14 de diciembre de 2008 © Los Angeles Times

No son las cifras de Vietnam, pero es alarmante en todo sentido.
Por eso resulta escalofriante que ante esas cifras, las nuestras, las de nuestra guerra contra y entre el crimen organizado del narcotráfico, no reaccionemos con fuerza frente a más de 800 muertos, entre enero y principios de mayo. Hemos tenido semanas de más de setenta ejecutados. ¡70! En los espeluznantes atentados del 11 de marzo en Madrid murieron 191 personas. Estas comparaciones, con todas sus salvedades sirven para mostrar lo dramática de la situación en nuestro país.

Y ahora hay que sumarles cuatro soldados emboscados. Así, tal cual, como si de una guerra convencional se tratara, los sicarios se apostaron a esperar —suponemos que previo “pitazo” de algún infiltrado— a que pasaran los del ejército y masacrarlos.
Los retenes desalientan, pero no resuelven. Las deportaciones nos aseguran que estos personajes dejarán de operar, pero ¿y todos los que siguen operando tranquilamente desde penales mexicanos?

Hasta ahora, el espejismo que mantiene esta guerra fuera de nuestras vidas cotidianas es que pareciera que “sólo se matan entre ellos” como me dijo una amistad en su socialmente aceptada ceguera. Esto bien puede ser. Bien puede ser que por ahora sólo se estén ejecutando entre bandas rivales —el del Golfo contra el de Tijuana, contra el de no-sé-quién— pero la realidad y las secuencias naturales para esta desbocada y desnaturalizada violencia siempre terminan transgrediendo las barreras de lo normal. Tarde o temprano esta violencia llegará a mi calle, a la de usted, a la de todos.

Ya la gente que vive en plazas tomadas por el narco vive con temor y con extrema precaución. Si esto no se detiene pronto, lo que seguirá será peor.

Y no es que uno sea tremendista, es que sólo hay que ver las cifras antes mencionadas, o cualquier otra que usted guste buscar en Internet. Estamos en cifras de guerra convencional, eso no es ningún asunto menor.

La responsabilidad de la autoridad es enorme, pero tampoco cuenta con todas las herramientas para librar esta batalla. Tienen un sistema de justicia corrompido, con el cual será difícil lograr resultados en las detenciones, tienen cuerpos policíacos municipales y estatales infiltrados por el crimen en todos sus niveles y además la policía federal no tiene suficientes efectivos —alrededor de 12 mil en todo el país— para realizar sus tareas. El último eslabón es el más delicado: las fuerzas armadas.

¿Realmente queremos involucrarlas en una guerra así de sórdida en la que pudiesen ser objeto de los mismos sobornos y complicidades? A estas alturas ya no tenemos de otra.

El gobierno de Felipe Calderón tendrá que ir a fondo a una guerra perdida de arranque. Una guerra en la que dependemos de la capacidad del narco para desaparecerse entre ellos para ganar una ventaja significativa. Sólo si entre ellos se eliminan estaremos en condiciones de recomponer a un país que vive algunos de sus días más sangrientos.

Tal vez es hora de pensar, seriamente, en la legalización de algunas drogas. De romper el ciclo de violencia que se gesta en la ilegalidad. Tal vez si el mercado lo regulamos nosotros y no ellos, las cosas puedan cambiar. Es hora de pensarlo y discutirlo seriamente, las vidas humanas nos lo exigen.

Luciano Pascoe
lucianopascoe.blogspot.com