Summary

La “ comunidad internacional ” mostró una aparente unanimidad al ratificar el enfoque prohibicionista sobre el control de drogas en la Sesión Especial de 1998 de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGASS, siglas en inglés) sobre drogas. Pero lo cierto es que existe un largo conflicto en el seno de la ONU que enfrenta a las naciones que desean mantener el régimen de la prohibición ya las que aspiran a adoptar un enfoque más pragmático. La complejidad y el curso de este conflicto puede seguirse a lo largo de los miles de documentos y actas de reuniones publicados por la ONU que revelan la historia no escrita de los acontecimientos que llevaron a la celebración de la UNGASS. En ellos se pone de manifiesto hasta dónde han llegado los partidarios de la línea dura para mantener el statu quo, valiéndose de retórica, desmentidos, manipulación, presentación selectiva, tergiversación y eliminación de pruebas, uso selectivo de expertos, amenazas sobre la asignación de fondos y la purga de “derrotistas” del sistema de la ONU . La ONU se ha comprometido a conseguir un mundo libre de drogas para 2008, aunque el problema empeora a mayor velocidad de la que el remedio utilizado necesita para solucionarlo. Sin embargo, algunos defensores de la reforma y la pragmática han estado desafiando al sistema mediante sus políticas nacionales. Puede que ello anime a adoptar un enfoque más realista ante las drogas ilícitas y contribuya a establecer un funcionamiento más racional en las organizaciones del sistema de control de drogas de la ONU .

• Drugs in the UN system: the unwritten history of the 1998 United Nations General Assembly Special Session on drugs , by Martin Jelsma ( TNI ) in the Special Issue on the UNGASS Mid-term Review of the International Journal of Drug Policy April 2003 (Volume 14, Issue 2)

Introduction

Kofi Annan propuso un brindis en la 20ª Sesión Especial de la Asamblea General de Naciones Unidas (UNGASS, siglas en inglés) sobre el problema mundial de las drogas, celebrada entre el 8 y el 10 de junio de 1998: “ Excelencias, amigos, permítanme alzar la copa con el deseo de que cuando rememoremos esta reunión, lo hagamos porque fue el momento en que nuestros retos se convirtieron en el testimonio de nuestro compromiso. El momento en que nos comprometimos a cooperar para convertirnos en una familia de naciones libre de drogas en el siglo XXI ”. Apenas unos días antes de la reunión, un discurso del Sr. Annan grabado en vídeo recogía las siguientes palabras: “ Nuestro compromiso consiste en conseguir verdaderos resultados en la eliminación de los cultivos de drogas para el año 2008. Abrigo la esperanza de que esta sesión pasará a la historia como el momento en que la comunidad internacional alcanzó el consenso necesario para acometer esta empresa seriamente ”. El presidente de la Sesión Especial, el Sr. Udovenko (Ucrania), abrió la reunión afirmando: “ El problema de la droga no se puede disfrazar con buenas intenciones y la comunidad internacional debe estar preparada para librar una dura y larga batalla ”. Y, al cierre de la cumbre, hizo hincapié en la necesidad de una “mayor convergencia de opiniones” y de un “ espíritu de unidad ”. Manifestó asimismo su deseo de que la Sesión “ pase a la historia como un acontecimiento decisivo ” y, a modo de conclusión, añadió: “ Contamos con una buena estrategia y con una serie de medidas y objetivos que deben cumplirse en un plazo determinado ” (A/S-20/PV.1-9).

La comunidad internacional está a punto de revisar este acontecimiento mediante el examen de mitad de período de la UNGASS que se celebrará entre el 16 y el 17 de abril en Viena. En estos momentos, cabe preguntarse si, cinco años después, podremos confirmar el optimismo de Annan y Udovenko en cuanto a un “ acontecimiento decisivo ”? ¿Podremos alzar nuestras copas para celebrar los “ verdaderos resultados ”? ¿Cuál era el alcance del “ consenso ” en el punto de partida? ¿Volverán a reunirse los delegados en abril de 2003 con ese mismo “ espíritu de unidad ”? Este artículo reconstruye la historia no escrita de la UNGASS de 1988 y el tremendo esfuerzo que supone justificar el debate actual sobre las drogas en el sistema de las Naciones Unidas.

Una década ajetreada: 1991-2000

En 1987 se celebró en Viena la Conferencia Internacional sobre el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. En 1988 se adoptó la Convención de Viena contra el Tráfico Ilícito. En 1990, la Asamblea General dedicó una primera Sesión Especial al problema de las drogas que aprobó un Programa Global de Acción y anunció que el período 1991-2000 se iba a convertir en la Década de las Naciones Unidas contra el Uso Indebido de Drogas. En 1991, se creó el Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas (PNUFID). Así fue como se montó el escenario de la ONU para una nueva era de actuaciones contra la droga.

La Década contra el Uso Indebido de Drogas se convirtió ciertamente en una época de lo más ajetreada para los responsables y legisladores de políticas sobre drogas de todo el mundo. El primer gran paso se dio con la convocatoria de una reunión de tres días de las más altas esferas de la Asamblea General de 1993 para “ examinar urgentemente la situación de la cooperación internacional ” en materia de control de drogas. Se esperaba que la “ caída del muro ” y el fin de la confrontación ideológica facilitaría la búsqueda de puntos en común y mejoraría la colaboración internacional. En el discurso de apertura de la reunión, su presidente señaló que la victoria de la comunidad internacional sobre el uso indebido de las drogas “ sería la prueba de fuego para demostrar su capacidad de respuesta ante los problemas planteados tras el fin de la guerra fría ”. ¿Conseguiría la comunidad internacional pasar del dicho al hecho en su campaña integral contra las drogas ilícitas? Según la opinión del presidente, la respuesta a tal pregunta demostraría si los países podrían “ cooperar en armonía por un bien común ” (A/48/PV.37).

Esta armonía, no obstante, se vería rota por la aún actual dicotomía entre el Norte y el Sur y por los experimentos europeos para la reducción del daño; dos hechos que ponían en duda la validez del marco de control de drogas existente.

La voz mexicana

Fue una carta procedente de México y dirigida al Secretario General de la ONU la que marcó la pauta de la reunión de 1993. En ella se detallaban una serie de puntos clave. Dado que, a pesar de los esfuerzos realizados, el consumo no cesaba de aumentar y las organizaciones criminales prosperaban y se extendían, México se planteaba el acontecimiento como una oportunidad única para la reflexión internacional que, en aquel momento, y debido a la gravedad de la situación, se había convertido en un imperativo. México solicitaba que se prestara mayor atención a la demanda porque “ el consumo de drogas constituye la fuerza generadora de la producción y el tráfico de las mismas, la reducción de su demanda se revela como una solución radical – aunque a largo plazo – del problema ”. Asimismo, opinaba que “ el camino más eficaz para abatir la producción y tráfico de los estupefacientes consiste en la paulatina reducción tanto de los consumidores actuales como de los eventuales ”. Es evidente que esta carta incluía una fuerte crítica contra las operaciones antidroga llevadas a cabo por los Estados Unidos en territorio mexicano y por el mecanismo unilateral de certificación de estupefacientes estadounidense. La misiva señalaba que, para que el frente unido contra la adicción y el tráfico de drogas ganara terreno, se requería buena fe, principios de legalidad, voluntad política, capacidad de concertación, reconocimiento a las identidades propias de cada nación y respeto incondicional por sus derechos soberanos. Se censuraba además las “ imposiciones hegemónicas ”, la “ política de reproche ” y el “ señalamiento de culpas mediante esquemas de maniqueísmo geográfico, que nada resuelven ” (A/C.3/48/2).

México subrayó también la necesidad de revisar la clasificación de los estupefacientes según los criterios de la Organización Mundial de la Salud ( OMS ) “ a fin de reducir el mercado ilícito de drogas ”, con lo que dejaba entrever que consideraba que el control de ciertas substancias debía abandonarse. La carta especificaba las cuestiones que debían examinarse con mayor urgencia para que la idea del “ enfoque equilibrado ” se tomara en serio. La mayoría de dichas cuestiones aparecerían, cinco años más tarde, en la agenda de la UNGASS: reducción de la demanda, blanqueo de dinero, precursores químicos, drogas sintéticas y mayor inversión en desarrollo alternativo.

Un desequilibrio inherente

La carta de México reflejaba las tensiones entre los Estados Unidos y Latinoamérica en materia de drogas, así como la tradicional división entre la demanda y la oferta en el sistema de control de drogas internacional. Ambos hechos resultaron del desequilibrio en las relaciones de poder político a la sombra del que se negociaron las tres convenciones. La Convención Única de 1961 se centraba en los “estupefacientes” y estaba concebida, en gran medida, como instrumento de control de la coca/cocaína, el opio/heroína y el cannabis. Se apuntaba como objetivo principal a las drogas extraídas a partir de plantas cuyo cultivo, en aquel momento, estaba muy extendido en países del Sur con una larga tradición en el uso de las materias primas derivadas de dichas plantas. La clasificación de las diversas plantas y sus productos derivados (no los precursores químicos usados para su procesamiento) en las listas de control más estrictas no se realizó según estudios científicos sino partiendo de la idea de que todos los estupefacientes eran peligrosos hasta que se demostrara lo contrario (Sinha, 2001: 26). Sin embargo, durante las negociaciones del Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971, centrado en las substancias fabricadas de manera sintética por la industria farmacéutica del Norte, los cargos dieron un giro de 180 grados y “ a menos que existieran pruebas concluyentes sobre el peligro de una determinada substancia, ésta no debería penalizarse ” (Sinha, 2001: 27). La Convención sobre el Tráfico Ilícito de 1988 obligaba a las partes firmantes a penalizar todos los aspectos relacionados con el tráfico ilícito de drogas: el cultivo, la fabricación, la distribución, la venta, la posesión, el blanqueo de dinero, etc. ya “ garantizar que los tribunales o las autoridades competentes de cada Estado tratarían dichas actividades ilícitas como delitos graves ” (E/CN.7/590: 48).

La penalización obligatoria de la posesión de drogas para el consumo personal establecida por la Convención de Viena de 1988 fue la primera intromisión – muy polémica, por cierto – en la idea de que el control de la demanda era una cuestión que dependía de la legislación de cada país. El sistema de control creado mediante las convenciones estaba pensado para acabar con la oferta ilícita, mientras que las políticas relacionadas con la demanda se consideraban como una cuestión nacional. Cuando se planteó la posibilidad de establecer una cuarta convención dirigida específicamente a la reducción de la demanda, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) se mostró contraria a la idea porque dudaba que se pudiera aprobar un tratado internacional y vinculante sobre la reducción de la demanda o que dicho tratado fuera el instrumento adecuado para tratar la cuestión. La Junta opinaba que la reducción de la demanda era un cometido que debía desempeñar cada país de manera independiente aunque en algunos casos se necesitara del apoyo internacional. Consideraba asimismo que “ los programas de reducción de la demanda deberían desarrollarse en los ámbitos nacional y local, según la situación real del uso indebido de drogas y teniendo en cuenta el entorno cultural, político, económico y legal ”. (E/INCB/1994/1/Sup.1: 6).

La prohibición en tela de juicio

En realidad, México expresó la frustración compartida por varios países productores de Latinoamérica sobre el desequilibrio inherente al sistema internacional de control de drogas. Así pues, lo que se debía contrarrestar era precisamente ese desequilibrio. Además de esta falta de equilibrio, la comunidad internacional tomó conciencia de que las medidas de control de drogas habían resultado ser ineficaces, cosa que puso en duda la concepción prohibicionista en que se fundamentaba el sistema. El informe de la JIFE de 1992 fue otro de los documentos que ejerció una notoria influencia durante el período precedente a la Asamblea General de 1993. En éste, la Junta incluía por primera vez amplios comentarios sobre el debate de la legalización suscitados al concluir que la política neerlandesa sobre el cannabis infringía los principios de las convenciones (Polak, 1994). La Comisión de Estupefacientes también había dedicado parte de su sesión de 1993 a debatir el informe de la JIFE y coincidía con la Junta en que cualquier intento de legalización del uso no médico de las drogas socavaría el sistema internacional de control de drogas y, por lo tanto, pondría en peligro la ejecución de los tratados internacionales ya existentes en esta materia. Y, según la Comisión de Estupefacientes, estos tratados “ constituyen el pilar del sistema ” (E/1993/29: párr.44).

El entonces director ejecutivo del PNUFID, Giorgio Giacomelli, leyó un discurso en nombre del Secretario General Boutros Boutros-Ghali ante la Asamblea General de 1993 en que se instaba a los Estados miembro a tener presentes dos cuestiones: “ Por una parte, la velocidad con que se extiende el azote, con todas sus consecuencias en la sociedad y la criminalidad; por la otra, el hecho de que la sociedad civil muestra una creciente impaciencia que conduce a tomar soluciones simplistas o derrotistas. Necesitamos, más que nunca, emprender una acción decidida a escala mundial ” (A/48/PV.37:4). La aparición de otro evidente desacuerdo estaba ya a la vista.

Un sistema con dientes

El desacuerdo se hizo más y más evidente durante los siguientes tres días, durante los que varios delegados subrayaron la necesidad de “ reafirmar el compromiso ”, “ reforzar ” y “ fortalecer ” el sistema existente. Como dijo el delegado del Reino Unido, el Sr. Richardson:

“ Disponemos del mecanismo. Lo que debemos hacer ahora es mejorar su funcionamiento. En especial, necesitamos un frente internacional más unido que defienda la Convención de las Naciones Unidas de 1988. La convención es un instrumento con dientes y debemos conseguir que muerda. ” Así pues, cualquier postura que cuestionara la eficacia de la legislación existente se consideraba como “ derrotismo ” o “ renuncia ””.

El Sr. Bengt Westerberg de Suecia se expresó de este modo:

“ Se detecta un aumento de estupefacientes ilícitos en todos los ámbitos: cultivo, procesamiento, tráfico y consumo. Algunas personas están abandonando la lucha alegando que el problema de los estupefacientes es insoluble. En realidad, quieren decir que no han podido solventar el problema en el marco de la legislación existente. (…) No debemos darnos por vencidos y aceptar la política cobarde que defienden los partidarios de la legalización .”

El Sr. Antonino Murmura, el Subsecretario de Estado de Italia, compartía este punto de vista:

“ Debo manifestar mi inquietud sobre la creciente tendencia a favor de la legalización de las drogas y la actitud fatalista que considera que la guerra contra las drogas es una “causa perdida “. Considero que este tipo de postura podrían suponer un gran peligro porque debilitaría nuestro compromiso contra el tráfico de estupefacientes. (…) En estos momentos, por lo tanto, no debemos desanimarnos y retirar nuestro compromiso, sino renovar y asertar nuestra determinación en ganar esta guerra. “

El inicio del debate

No obstante, otros delegados emplearon términos como “ revisión ”, “ valoración general ”, “ intentar nuevas estrategias ” y “ replantear nuestras acciones ”. Es cierto que ninguno de ellos abogó por la legalización, pero muchos defendieron un enfoque más indulgente ante el consumo como, por ejemplo, el Sr. Torben Lund, ministro de salud de Dinamarca, afirmando: “ Considero que hemos alcanzado un punto en que debemos comprender que se necesitan nuevos enfoques para abordar el problema de las drogas. (…) Quizá debamos dejar de centrarnos en la aplicación de la ley y ocuparnos más bien de la prevención y el tratamiento. “

El Sr. Baltasar Garzón Real también destacó la necesidad de iniciar un debate objetivo. Este magistrado alcanzó después un gran renombre internacional por sus batallas legales contra los escuadrones de la muerte antivascos en España (GAL), los cárteles de la droga gallegos, el dictador chileno Pinochet y Batasuna, un partido político vinculado a ETA. En 1993, El Sr. Garzón actuó como representante del Plan de Drogas Nacional de España y declaró:

“ Ha llegado el momento de detenernos a reflexionar sobre las soluciones que se deberían adoptar. Tengo la intención de recomendar en mi país el inicio de un debate general para valorar los logros obtenidos y meditar sobre el futuro. Para afrontar un debate de tal naturaleza, debemos deshacernos de todas las opiniones preconcebidas y de los dogmas inquebrantables. Debemos estar abiertos al intercambio de ideas. Sería deseable que las Naciones Unidas siguieran un proceso de reflexión similar en su seno y que lo fomentaran más allá de sus puertas. Esta propuesta es fruto de la convicción de que las Naciones Unidas es el foro ideal y el mejor instrumento de difusión donde intercambiar ideas y donde adoptar decisiones sobre nuevas directrices que nos ayuden a alcanzar nuestros objetivos. “

Arguably, therefore, that 1993 was the year of the "come-out" of the European trend - which also joined Australia and Canada - which is already firmly established under the banner of harm reduction. The debate ended on October 28, 1993 with the adoption of resolution 48/12 a draft of which was provided by Mexico. As stipulated by the resolution, the General Assembly would request the Commission on Narcotic Drugs to monitor and assess the functioning of international instruments and national drug control to identify areas in which they had made good progress and weaknesses. Also recommend to the Economic and Social Council in its series of high-level segment of 1995 "changes to be made ​​in drug control activities." Finally, consider the possibility of appointing a panel of experts as an additional tool to examine the issues involved and to make "concrete recommendations for action" (A/RES/48/12, art. 9 and 11).

Then came several initiatives, but their path clearly defined political boundaries in search of "appropriate adjustments" in the drug control system. Peru and Bolivia renewed diplomatic efforts to defend the traditional use of coca in their countries. WHO continued to try to gain ground in favor of the philosophy of harm reduction in the UN system and initiated several scientific studies. They began to raise the need to revise the classification established in the conventions on the products of coca and cannabis. Proposals were presented to analyze the cost and benefits of harm reduction and decriminalization strategies. And in 1984, Mexico began to muster the support needed to hold an international summit dedicated to the reflection that ultimately led to the 1998 UNGASS.

The opinion of the INCB on cannabis and coca

As a complement to the resolution adopted by the General Assembly, UNDCP appointed a special advisory group and intergovernmental whose aim was to make recommendations on the "changes to be made." This group had the advice of Mr. Hamid Ghodse, INCB President on the effectiveness of international treaties on drug control (E/CN.7/1995/14). In a detailed valuation report submitted by Mr. Ghodse, the INCB stated: "Right now, it seems necessary to introduce major changes in international treaties on drug control. It takes only a few technical adjustments to update some of its provisions "and some" defects should be eliminated "(E/INCB/1994/1: par. 21, b, c).

Since "have used modern agricultural technologies and more sophisticated to develop new varieties of high-potency cannabis," the INCB stated: "... the classification of cannabis products in the 1961 Convention, namely, cannabis and cannabis resin, is obsolete and leads to confusion. For example, the coca leaf is not contained in this Convention, despite its content of THC. Accordingly, the Board recommends that consideration be given to strengthen the Articles of the 1961 Convention on the control of cannabis taking into account the current and expanding the control of, among others, the coca leaf, which in many cases contains more THC than cannabis resin. To do this, it may be necessary to weigh the reclassification of cannabis plant and derived products in the 1961 Convention to ensure that there is a correlation between the power plant and its products "(E/INCB/1994 / 1/Sup.1: 10/11).

In the case of the coca leaf, the Board noted that "the need to clarify ambiguities." One of the goals it had set the 1961 Convention, which entered into force in December 1964 had been "abolished" the chewing of coca leaf in a period of 25 years, ie 1989. The Convention also established deadlines for other plant-derived substances that were never fulfilled, "the use of quasi-medical opium must be abolished within 15 years" and "the use of cannabis for other than medical and Scientists must cease as soon as possible but in any event within 25 years "(Convention, 1961: art. 49). It is evident that not reached any of these objectives. On the other hand, the INCB claimed that there was an error in the text of the treaty because it did not provide non-medical use of coca leaf: the consumption of coca tea or coca tea.

"So, mate de coca, is considered harmless and legal in several South American countries, is part of an illegal activity under the provisions of the 1961 Convention and the Convention of 1988, though that was not the intention of the conference plenipotentiary that adopted those conventions "(E/INCB/1994/1/Supp. 1: 11).

The Board requested a review of how the 1961 temporarily allowed this traditional use of coca and asked WHO to conduct a scientific examination of the values ​​and risks associated with chewing and coca tea! coca. According to his statements, he seemed quite confident of the results of that review: "The Board is confident that the Commission on Narcotic Drugs, based on scientific studies to clarify such ambiguities that have been undermining the conventions for a long time" (E / INCB/1994/1/Supp. 1: 11).

The advisory group

The ten members of the advisory panel were selected carefully. Mexico was represented by Miguel Ruiz-Cabañas, who at the time worked at the Mexican Embassy in Washington and later took over the drug department of the ministry of foreign affairs of their country. The group also included the United States, India, Argentina, the Russian Federation, Sweden, Poland, Japan, Egypt and Nigeria. The representative of the latter country was Philip O. Emafo, which at that time was a consultant to the UNDCP and later went on to become president of the INCB. Not invited to any of the countries known for their more liberal views. The group met twice during the second half of 1994 in Vienna. In addition to supporting the philosophy of the INCB praised its 1992 report that in the opinion of the group, provided a strong case "to counter the strong movement to demonstrate that the international system of drug control, based on the implementation of international treaties this matter, had failed and that the only solution was to legalize "(UNDCP/1994/AG.7: párr.5). One member even demanded to try curb the idea of "harm reduction", as it was considered a major source of the conflicting positions. "Harm reduction is considered the Trojan horse of the factions who defended the cause of legalization" (UNDCP/1994/AG.7: párr.60).

However, "a more detailed study on the implications of decriminalization campaigns and harm reduction, as suggested by the advisory group could provide new insights that would lead to unexpected solutions" (E/CN.7/1995 / 14: párr.45). In the report to the Commission on Narcotic Drugs, which wove the suggestions of the INCB and advisory group, the Executive Director recommended the adoption of a dual approach. First, the UNDCP should provide "concrete and solid arguments against the legalization of drug use for non-therapeutic" and collaborate with WHO in the preparation of reports on the health consequences, both physical and mental, caused by drug abuse particularly dangerous. Secondly, UNDCP should "undertake a study on the implications of decriminalization campaigns and harm reduction" in countries that had adopted such policies. The Commission would then provide guidance on next steps to be taken (E/CN.7/1995/14: párr.52).

The advisory group seconded the idea of ​​convening a second International Conference on Drug Abuse and Illicit Drug Trafficking as 1987. "The conference would offer the possibility of, among others, assessing government success in the control of drug abuse and adopt a statement of principles on demand reduction. It was felt that the conference would be the appropriate forum where governments could meet and UNDCP to reaffirm the principles and positions on legalization, decriminalization, harm reduction and other important issues "(UNDCP/1994/AG.7: párr.79). Mr. Giorgio Giacomelli, Executive Director of UNDCP, echoed this recommendation in its report to the CND stressing that the event should not be limited only to "reaffirm" but to "study" these positions (E/CN.7/1995 / 14: párr.35).

The group recognized that strategies for demand reduction would be appropriate "in the context of a public health system to cover other harmful substances, including volatile solvents, anabolic steroids, alcohol and snuff." Reminisced about a speech by Mr. Giacomelli at the opening session of the Commission on Narcotic Drugs in 1994 when it was noted that

"... Increasingly difficult to justify the continued distinction between substances only taking into account their legal status or social acceptance. To the extent that addiction to nicotine, alcohol and solvent abuse and inhalants may represent a greater health threat than the abuse of other substances currently subject to international control, pragmatism lead to the conclusion that continuing disparate strategies to minimize their impact is ultimately a measure artificial, irrational and unprofitable "(UNDCP, 1994).

The advisory group agreed with the INCB that should correct those points of the conventions that considered weak or contradictory. This led to the executive director to point out that, to carry out this mission, you could use a simplified method and integrated into the conventions. This method allows any signatory to the convention an amendment with the Secretary General of the UN that will be disseminated to other signatories. In the event that, after 18 months, no country this objection, the amendment takes effect automatically (E/CN.7/1995/14: par.13). However, he believed that this procedure would not work with the suggested proposals. Therefore recommended that the Commission on Narcotic Drugs, along with the INCB, UNDCP requested to appoint a "panel of experts to study the validity of existing definitions in the Conventions of 1961 and 1971, with special attention to several products of cannabis and coca leaf "(E/CN.7/1995/14: párr.46c). UNDCP also suggested that the establishment of a forum, a panel or a working group to oversee progress and to assess the effectiveness of alternative development programs.

Then they invited the member states of the Narcotics Board to comment in writing on such recommendations. The comments were summarized in a second report from the Executive Director of the CND a year later (E/CN.7/1996/3). Australia, Austria, Belgium, Brazil, Colombia, Peru, the United Kingdom and South Africa were the countries that submitted their written responses. Peru is estimated that "it was necessary to reexamine the traditional ways of addressing the issue of drug control" and that, therefore, an international conference "should be oriented towards the future and promote innovative solutions instead of being overly influenced by traditional ways of addressing the problem. " Peru and South Africa endorsed the proposal to form an expert group on coca and cannabis and a similar forum to evaluate alternative development programs. South Africa and Australia supported the idea of conducting a study on the impact of decriminalization and harm reduction policies, with the condition, as expressed by Australia, that if such programs were valued nature also "had to assess other program models control of drug abuse, and that they should do any evaluation of these programs, including those based on the containment of damage, should be balanced and impartial. " Regarding the second part of the double plan, intended to facilitate "concrete and grounded arguments against legalization," Australia felt that if the study was done, "should be fair and address the arguments for and against legalization, so I could place a balanced and open discussion. " The second report called on the Commission on Narcotic Drugs at its next meeting to decide whether UNDCP should appoint an expert group to work on alternative development, another on the status of "various products of cannabis and coca leaf "and if you should study the idea of legalization," taking into account the arguments of proponents and opponents of such legalization. "

Last stop: Commission on Narcotic Drugs 1995/1996

According to Robin Room, who analyzed the general debate held during the session of the Commission on Narcotic Drugs in 1995: "The most prominent dissident dominant rhetoric must find it in the Netherlands. This country has assumed within the CND a role that could be compared to the young of the story about the emperor's new clothes: the character's sincere. " As an example, cites the Dutch representative Room when he says: "The whole situation could be defined in terms of 'criminogenic tremendous multiplier effects' (...) With the implementation of the 1988 Convention will deepen our knowledge. But not abate the storm "(Room, 1999). While most delegates agreed that the situation worsened every year, few dared to attribute the problem to errors of strategy or challenge conventions and defend the need for alternative approaches. The dominant discourse advocated only by redoubling efforts and enhance cooperation: "The situation is daunting but must give way to concerted action and not be a source of discouragement," said Norwegian delegate. Uruguay warned of the danger of the mere expression of dissenting views, "We feel a deep concern for the opinions they have expressed in favor of drug liberalization. (...) The United Nations should use its privileged position and show a clear attitude. Any doubt, hesitation or undue review of the validity of the objectives to be achieved would undermine our commitment. (...) Our goals are so noble and inflexible. And never succeed if there are discordant notes. We can not give in and we must stand firm on our goals "(Room, 1999).

However, the discordant notes kept ringing. Interpol, like the Netherlands, questioned the validity of the strategy to achieve the targets. Taking stock of the general debate of 1995, "I remember the title of the movie" Next year at the same time '. The years without the situation happen to experience a real improvement. (...) We hope that next year, unlike the latter, we can speak of real progress. " Australia continued to defend the need for more open debate: "In the time that some states are questioning the effectiveness of the treaties and points to simple solutions, such as legalization, we must contemplate the possibility of taking alternative measures of punishment and exchange impressions on the Commission. It should continue to explore alternative strategies. We do not advocate a particular change, but we limit ourselves to stating that we should not rule out new approaches that may not conform to the current paradigms. (...) The Commission on Narcotic Drugs should consider approaches as legitimate harm reduction and not reject them outright. " Bolivia said that "it was impossible to follow the same path" and requested to hold a world summit to "identify the causes of failure of this system of control" (Room, 1999).

In the next session, which was to take place in April 1996, the CND had to decide what to do with the recommendations of the advisory group and the INCB and the comments submitted by Member States. Proposals should have served to open the debate and pave the way for changes in the regime were discarded one by one:

"While there was some support for the convening of a meeting of a group of experts to examine the adequacy of current definitions of the 1961 Convention and the 1971 Convention, with particular reference to the various products of the cannabis and coca leaf, (...) expressed the view that there should be convened expert group meetings on other matters within the jurisdiction of the International Narcotics Control "(E/1996/27: Supp. 7, párr.16 .)

What, in other words, meant that there was going to review the status of cannabis and coca.

The possibility of studying the concept of decriminalization and harm reduction was hindered in another way:

"There was strong opposition to the legalization of drug use for non-therapeutic purposes. This measure would not only be contrary to the provisions of international treaties on drug control, but also represent a serious setback for international cooperation on drug control. "While there was some support for UNDCP realizase research on the issue of legalizing drug use for non-therapeutic purposes, it was noted that this research could be misinterpreted by proponents of legalization" (E/1996/27 : Supp. 7, párr.21).

This idea just "appeared" and was not adopted, but indicated that there was a consensus and, therefore, could not conduct the study.

Finally, it dismissed the proposal to organize an international conference as the 1987 which could have adopted amendments to conventions. As a reason would be argued that a "high cost" in a time when "the United Nations passed through the worst financial crisis since its founding. The Commission concluded that many of the goals of a conference could also be achieved by convening a special session of the General Assembly "(E/1996/27: Sup.7, para.18). In the United Nations system is frequently used for economic reasons to halt plans without the need to provide reasons on the grounds. The economic crisis which alluded derived largely from the fact that the United States had failed to pay their quota and owed ​​the UN trillion. Thus, the Commission on Narcotic Drugs adopted a resolution (E/CN.7/1996/L.16) which recommended the celebration of what became the 1998 UNGASS. Its aim was "a renewed commitment by governments to fight drug abuse and illicit drug trafficking and strengthen the implementation of the instrument of international drug control" (E/1996/27: Sup.7 , para.17). The content of the paper was full of reassurance and terms like "value", "studying", "scientific review", "identify weaknesses", "appropriate adjustments" or "new strategies" did not survive the session CND and, therefore, not reflected in the final resolution.

The high-level meeting of ECOSOC in 1996

Before you can present the results of the session before the General Assembly, they must go through the Economic and Social Council (ECOSOC), the agency welcomes the Commission as one of its agencies. The ECOSOC devoted a segment of high-level three-day analysis of the results of the meeting of the Commission on Narcotic Drugs (E/1996/SR.10-15). The president of the INCB, Mr. Schroeder made ​​it very clear his view during the opening session: "Governments should not forget that the experiments in the field of harm reduction are currently being conducted in several developed countries could be subject to misuse by those who advocate the legalization of drugs. (...) According to the Board, can not justify the legitimacy of drug use under the rubric of 'harm reduction'. "

But Australia was not intimidated by these statements. The Australian delegate said that harm reduction measures represented the key factor in the strategy of your country. These measures were beginning to be applied without being given the precondition for the elimination of drug abuse. While it was possible that such strategies will result not suitable for all countries, it was undeniable that had achieved very positive results in reducing the social, economic and health in Australia. The Special Session of the General Assembly scheduled for 1998 would provide "an excellent opportunity to determine whether improvements were needed in the structures set up to enhance their effectiveness in the battle of the international community against drugs."

The Netherlands defended their pragmatic approach to national cannabis. Given that the strategies were not so far neither realistic nor effective, the solution to the drug problem could only be found by learning from past mistakes. The Dutch government had addressed the issue from different points of view, many of them innovative, with some lasting results had been obtained. "Special attention was paid to reduce the use of hard drugs, because the damage they cause is much more severe than from the use of cannabis. By separating the market for soft drugs users of hard drugs, the number of cannabis users went on to hard drugs was extremely low. The basic principle of differentiate both markets proved very positive and the government did not initiate legal proceedings in cases of possession of small amounts of cannabis for personal consumption. "

Portugal stated that governments should be open to the public debate to find appropriate solutions, especially if there were doubts about the effectiveness of certain measures. The observer of Switzerland said that despite the enormous efforts devoted by the international community to combat the threat of the drug, they had achieved very poor results. "The international community should not give in to disappointment at the setbacks but take the opportunity to analyze strategies for the future criteria and also do it with an open mind who is willing to learn from the experience of others and experience when needed."

These views, however, were only exceptions. Overall, the meeting confirmed the predominant discourse. The ECOSOC gave its approval to the report of the Commission on Narcotic Drugs, including the recommendation to hold a Special Session of the General Assembly in 1998. Subsequently, the UN Secretary General presented a report to the General Assembly on the possible outcomes of that meeting completely purged of any hint of review. "In the special session could reiterate the importance of treaties on international drug control (...) and confirm its relevance and effectiveness." It would also help "l ograr universal adherence to and implementation before the end of the millennium." Also, the results of the meeting "could lead governments to reaffirm the political importance of drug control and renewed commitment." Finally, the discussions could lead to "globalization and harmonization of the various bilateral and regional approaches" (A/51/469). The preparations for the UNGASS 1998 were launched under the responsibility of the Commission on Narcotic Drugs and its various Preparatory Committees in Vienna.

WHO: 'Six Horsemen ride'

Yet as described, there is still another episode in the history of drug control of the UN Commission on Narcotic Drugs that could not act. The World Health Organization (WHO) plays its own role in policy-making UN drug and it does a relatively independent of the trio that makes up the core of the drug control system and is composed by UNDCP The INCB and CND. This role is limited to recommending which list the conventions of 1961 and 1971 certain substances should be classified attending to their health effects. Precisely for this purpose, WHO convened every two years an Expert Committee on Drug Dependence. WHO has always been at odds with the drug control system established, since it has never understood the logic behind the current distinction between licit and illicit substances. Since its mission is to look only at the impact on health, WHO usually refers to "drugs, including alcohol and snuff." The last two substances pose to the organization major headaches that illicit drugs classified lists of the drug control conventions. For example, according to its own statistics show, the set of all illicit drugs is responsible for the loss of 0.6% of "years of disability-adjusted life" (Disability-Adjusted Life Years, in English), compared to 6.1% caused by alcohol and snuff (WHO, 2001).

When he began the Decade Against Drug Abuse in 1990, WHO created a substance abuse program (Programme on Substance Abuse, or PSA, in English) and appointed six experts on staff to strengthen the contribution of WHO in this field. The British Journal of Addiction welcomed the decision with an editorial entitled "Six Horsemen ride out: WHO is launching a new program on substance abuse." One of the columnists in the magazine celebrated the arrival of PSA "because you can now direct attention to correct the imbalance, far too inclined toward supply reduction and law enforcement, whose practitioners remember, by the force of his belief in the 'evil' of traffickers and of chemicals, one of those honest brokers of justice that condemned so many innocent women to death for witchcraft "(Haworth, 1991). He referred to the historical document entitled Discoverie of Witchcraft (Discovery of Witchcraft), published in 1584 in protest against the rising tide in the persecution of innocents by the superstitious clergy, a book that King James I of England condemned to the stake. Haworth attached great importance to the role of PSA to provide scientific data with which to add some sanity to the drug problem and that "I hope no one would wish to fire." Subsequent events indicate that Haworth was somewhat optimistic.

The enthusiastic PSA team decided to expand the work of the Expert Committee to cover a broader range of issues related to demand reduction. Thus, the 1992 Expert Committee met with two objectives. First, you should review the classification of ten substances and, on the other, we asked experts to study "the various strategies and approaches to reducing substance use and its harmful effects" (WHO, 1993: 1) .

Tras debatir la tradicional práctica de la masticación de la coca en los Andes y el uso del khat en África, el Comité “ recomendó que se realizaran estudios que analizaran posibles cambios en las disposiciones de la fiscalización internacional con respecto a estos patrones de uso tradicional ” (WHO, 1993: 20). En el informe del Comité también se concluía que el “ objetivo primordial de los programas nacionales para la reducción de la demanda debería ser minimizar el daño asociado al uso de alcohol, tabaco y otros estupefacientes. (…) El Comité recomendó que, para alcanzar una eficacia óptima, las políticas nacionales debían orientarse hacia objetivos explícitamente definidos de 'reducción del daño', tanto a corto como a largo plazo ” (WHO, 1993: 35-36). Según Robin Room, uno de los expertos que participó en la reunión, esta conclusión se alcanzó “ no sin algunas protestas ”, refiriéndose a otros dos componentes del Comité: Hamid Ghodse, que después se convirtió en presidente de la JIFE, y Philip O. Emafo, también miembro del ya citado grupo consultivo de 1994 y actualmente presidente de la Junta. Aún así, al final se sacó adelante el informe, que “ adoptó miras relativamente amplias con respecto a la reducción del daño ya que, por ejemplo, la regulación de la oferta se contemplaba como una de las posibles estrategias a seguir con este fi n” (Room, 1997).

El proyecto sobre cocaína de la OMS

En 1992, el PSA presentó un proyecto sobre cocaína de la OMS y el UNICRI ( WHO/UNICRI Cocaine Project , en inglés) que contaba con fondos procedentes del gobierno italiano y en el que participaba un grupo de destacados investigadores académicos. El UNICRI tiene su sede en Italia y sus siglas son la abreviatura del Instituto Interregional de las Naciones Unidas para Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia. Los proyectos de investigación se desarrollaron, en parte, como respuesta a la Cumbre Mundial Ministerial sobre Drogas, celebrada en Londres en abril de 1990, con el objetivo de formular políticas de reducción de la demanda y “ combatir la amenaza de la cocaína ”. Según un comunicado de prensa emitido por la OMS en marzo de 1995, el proyecto sobre cocaína fue el mayor estudio a escala mundial realizado hasta el momento sobre el uso de esta substancia. Se recopiló información en 22 ciudades y en 19 países sobre cuestiones como el uso de la cocaína y de otros derivados de la hoja de coca, sus usuarios, sus efectos sobre éstos y sobre la comunidad, así como sobre la respuesta de los gobiernos ante esta problemática. Se abordaron todos los aspectos del problema: desde los masticadores de hojas de coca en los Andes a los fumadores de crack en Nueva York y Lagos, pasando por los usuarios que se inyectan cocaína en São Paulo y San Francisco o los que la esnifan en Sydney y El Cairo. El comunicado de prensa también aclaraba que “ las a veces imprevistas conclusiones del estudio no reflejan la posición oficial de la OMS ” (WHO, 1995).

En la reunión de la Comisión de Estupefacientes de marzo de 1995 se difundió un dossier informativo en que se resumían los resultados del estudio (WHO/UNICRI, 1995). En él, cabía encontrar conclusiones como las siguientes:

La mayoría de países participantes coinciden en que el uso ocasional de cocaína no desemboca necesariamente en problemas físicos o sociales graves ni leves. (…) En todos los países participantes, son mayores los problemas sanitarios derivados del uso de substancias legales, sobre todo del alcohol y del tabaco, que del uso de la cocaína. (…) El consumo de hojas de coca no parece provocar efectos negativos sobre la salud y, en cambio, posee una función terapéutica, ritual y social positiva en las comunidades indígenas andinas. (…) La OMS /PSA debería investigar los efectos terapéuticos de la hoja de coca.

“ La mayoría de autoridades considera que la erradicación del uso de la cocaína y otros estupefacientes es una meta poco realista. No obstante, si el uso de estas substancias se prolonga, los efectos negativos de dicho uso no tienen por qué ser inevitables. En la mayoría de países participantes, existe una minoría de la población que se inicia en el uso de la cocaína o de productos afines, los usa de manera ocasional durante un determinado período de tiempo y las consecuencias negativas que sufre por ello son inexistentes o leves, incluso años después de usarlas. Este hecho indica que es posible reducir, si no eliminar por completo, el uso nocivo de la cocaína. “

“ El mayor interrogante que plantea el futuro es saber si las organizaciones internacionales, como la OMS y el PNUFID, así como los gobiernos nacionales, seguirán concentrándose en tomar medidas para la reducción de la oferta, como la destrucción y la substitución de cultivos y la imposición de la ley, ante la crítica y el cinismo crecientes acerca de la eficacia de estos enfoques. Países como Australia, Bolivia, el Canadá y Colombia están interesados en estudiar una serie de posibilidades para legalizar y despenalizar el uso y la posesión personal de cocaína y de productos afines. Se deben evaluar con mayor detalle los efectos negativos de las políticas y las estrategias actuales y desarrollar enfoques alternativos. (…) Los enfoques nacionales y locales en estos momentos, que prestan una atención excesiva a las medidas de control punitivas, podrían acrecentar el desarrollo de problemas relacionados con la salud. “

En cuanto el dossier informativo empezó a circular por los pasillos de la ONU , los funcionarios estadounidenses hicieron uso de su gran influencia para evitar la publicación del estudio. “ El gobierno de los Estados Unidos ha quedado sorprendido al comprobar que el estudio parece exponer argumentos a favor del uso positivo de la cocaína, ” fue la respuesta de Neil Boyer, el representante de los Estados Unidos en el 48° período de sesiones de la Asamblea Mundial de la Salud en Ginebra. Alegó que el programa de la OMS sobre el abuso de substancias estaba “ encaminado en la dirección equivocada ” y que “ socavaba los esfuerzos de la comunidad internacional por erradicar el cultivo ilícito y la producción de coca ”. Denunció que existían “ indicios del apoyo de la OMS en programas para la reducción del daño y de colaboraciones previas de la OMS con organizaciones que defendían la legalización de las drogas “. Y, a continuación, amenazó expresamente con que “ si las actividades de la OMS en materia de drogas no consiguen reafirmar los enfoques probados para la fiscalización de drogas, se recortarán los fondos asignados a los programas correspondientes ” (WHA48/1995/REC/3).

Patricia Erickson, una catedrática de la Universidad de Toronto que participó en el estudio como investigadora, defendió la integridad de éste:

“ El equipo original estaba formado por una serie de expertos cuyas investigaciones sobre la cocaína se habían demostrado científicamente, recibían financiación, se habían publicado y habían superado la evaluación arbitrada de otros científicos. Es decir, que se siguieron las normas habituales en estos casos. Por supuesto, muchos de los resultados han desmentido por completo la imagen de la cocaína como una droga asesina que esclaviza a la gente. Esa idea es propia de la mitología de los años 20. No se puede negar que la cocaína puede ser fuente de problemas y que es motivo de preocupación, pero concluimos que las personas que trabajan y se dedican a otras actividades podrían hacer de ella un uso recreativo. El estudio no pretendía dar una mala imagen de la cocaína, sino ahondar en todo el espectro de su uso en diversos países ” (Taylor Martin, 2001).

La evaluación arbitrada es una parte fundamental y habitual de los procedimientos de cualquier estudio realizado o patrocinado por la OMS . En el 48° período de sesiones de la Asamblea General, el Sr. Boyer solicitó al Gabinete del Director General, Sr. Piel, “que debería encontrarse alguna manera para que la evaluación arbitrada del estudio fuera efectuada por personas reconocidas como verdaderos expertos en el campo de la investigación, de conformidad con la estricta normativa de la OMS en esta esfera” (WHA48/1995/REC/3). Aunque el coordinador del proyecto sobre cocaína, Mario Argandoña, había solicitado a Hans Emblad, responsable del PSA, que se abstuviera de hacer pública cualquier versión del informe en la palestra del control de drogas hasta que se hubieran completado los procedimientos de la evaluación arbitrada, el Sr. Emblad estimó oportuno informar en la sesión de la Comisión de Estupefacientes de 1995 sobre los interesantes resultados de la investigación, cosa que propició la intervención de los Estados Unidos.

La secretaría del proyecto emitió varias listas que incluían diversos nombres de posibles supervisores que fueron de acá para allá durante más de dos años. Fue imposible alcanzar un acuerdo sobre quién debería hacerse cargo de la tarea y, por lo tanto, nunca se adoptó una decisión definitiva sobre el proyecto. Aunque algunos de los expertos del estudio pudieron publicar parte de sus investigaciones, la mayoría de los resultados del proyecto sobre cocaína de la OMS y el UNICRI nunca salieron a la luz. Así fue como cientos de páginas que contenían valiosos hechos y opiniones sobre la coca y la cocaína, fruto del trabajo de tres años de más de 40 investigadores y asesores, acabaron finalmente “ en la hoguer a”.

El proyecto sobre cannabis de la OMS

El PSA inició el proyecto de la OMS sobre los factores de riesgo derivados del uso del cannabis ( WHO Project on Health Implications of Cannabis , en inglés) en el año 1993. La OMS había publicado su último informe sobre el cannabis hacía ya 12 años y, en respuesta a las “ numerosas peticiones ” para que realizara un nuevo estudio, la organización designó un grupo de expertos científicos sobre la materia (WHO/MSA/PSA/97.4: 1). Se acordó que uno de los temas de investigación se encargaría de realizar una “ Evaluación comparativa de las consecuencias físicas y psíquicas derivadas del uso del alcohol, el cannabis, la nicotina y los opiáceos ”. El informe, que se publicó en agosto de 1995, concluía: “ Considerando los patrones de uso, el cannabis representa un problema para la salud pública mucho menor que el del alcohol y el tabaco en las sociedades occidentales ” (Hall, 1995).

De acuerdo con uno de los investigadores, algunos responsables de la OMS “ enloquecieron ” al leer el informe (New Scientist, 1998). En un comunicado de prensa, la OMS defendía su decisión de suprimir la conclusión comparativa del informe final alegando que no existía “ ningún intento por ocultar información y la decisión de no incluir dicha comparación en el informe final se fundaba en criterios científicos que no tenían relación alguna con presiones política s” (WHO, 1998). La versión definitiva del informe, publicada en 1997, incluía el siguiente comentario sobre la polémica comparación del cannabis con el alcohol y el tabaco:

“ El grupo de expertos que preparó la revisión de los conocimientos sobre el cannabis en 1985 incluyó una sección en el borrador del informe que se proponía comparar las evidencias sobre las consecuencias sanitarias del cannabis con los riesgos para la salud de una serie de drogas lícitas e ilícitas como el alcohol, el tabaco y los opiáceos. Sin embargo, la fiabilidad y la importancia para la salud pública de dichas comparaciones es dudosa. (…) El riesgo cuantitativo del uso del cannabis supone una gran incógnita puesto que se carece de estudios epidemiológicos fidedignos y, por lo tanto, estas comparaciones tienden a ser de carácter más especulativo que científico ” (WHO/ MSA/PSA/97.4: 29).

El Informe Mundial sobre Drogas 1997

A finales de 1996, se había conseguido neutralizar las posturas y recomendaciones más polémicas de los años precedentes. Seguramente por eso, al lobby defensor de la “ tolerancia cero ” no le hizo mucha gracia ver cómo resurgían algunas de estas ideas en el Informe Mundial sobre Drogas de la ONU en 1997. El informe, elaborado bajo los auspicios del PNUFID, reflejaba en muchos aspectos el clima más abierto que caracterizó al período precedente a la UNGASS y mostraba las iniciativas tomadas por la OMS y el PSA por racionalizar el debate.

Sobre la controversia del cannabis, por ejemplo, el informe señala:

“ Es innegable que, en algunas personas y según el tipo de uso, el cannabis provoca problemas en la salud física y mental como, por ejemplo, pérdida de memoria a corto plazo, pérdida de concentración, problemas motores, afecciones bronquiales y pulmonares, etc. Por otro lado, dicho consumo no presenta los mismos patrones de uso continuado a largo plazo o dependiente como el fumar cigarrillos y no existe un índice de mortalidad atribuido directamente a los efectos acumulativos del cannabis”. El informe concluye que “(a) en el contexto de las drogas ilícitas, parece la menos nociva y (b) por una serie de motivos, quizá relacionados con su situación como droga prohibida, los costes sociales y sanitarios derivados de su uso han sido hasta el momento menos perjudiciales que los del tabaco y el alcohol ” (UNDCP, 1997).

Se dedicó todo un capítulo al “ Debate sobre regulación y legalización ” (UNDCP, 1997: pp.184-201), escrito con la intención – como se menciona en la contraportada – de ir “ más allá de la retórica que suele acompañar a este asunto:

“ Durante los últimos años han aumentado las críticas que afirman que los fondos dedicados a la 'guerra contra las drogas' se han malgastado y que el régimen de fiscalización de drogas, en lugar de favorecer la salud y el bienestar de las naciones, podría haber agravado la situación. (…) La sensación de haber alcanzado un punto muerto en el campo de las políticas sobre drogas ha dado pie a la aparición de numerosos grupos de presión que reivindican un cambio en la fiscalización de drogas internacional que implicaría suavizar el régimen prohibicionista – por ejemplo, modificando las Convenciones existentes en materia de fiscalización de drogas – y conceder mayor importancia a las medidas para la reducción del daño asociado al uso indebido de drogas. Dado que estos grupos son de origen heterogéneo y están integrados por investigadores, políticos, científicos médicos, economistas y destacados líderes de opinión, movidos en su mayoría por una motivación seria y fundada, representan un gran reto a la filosofía actual sobre fiscalización de drogas. “

Si bien no presenta la legalización como un asunto prioritario, el capítulo desmonta muchos de los prejuicios predominantes en el debate y procura suavizar las posturas enfrentadas. “ El debate sobre la regulación se ha desviado de su debido curso debido a un excesivo extremismo: por un lado, el grupo defensor de la 'tolerancia cero' y, por el otro, el de los legalizadores ”. El Informe Mundial sobre Drogas hacía constar el amplio abanico de posibilidades políticas señalando: “ Las leyes – incluidas las Convenciones internacionales – no son inamovibles y pueden modificarse si la voluntad democrática de las naciones así lo desea ”.”

El fortalecimiento del mecanismo de la ONU

The first of a series of conflicts during the period prior to the UNGASS emerged already in the first Preparatory Committee meeting in Vienna in March 1997. En un punto del orden del día llamado 'Aplicación de los tratados internacionales en materia de fiscalización de drogas', varios países – Australia, México, Sudáfrica, Suecia y Tailandia – presentaron una resolución sobre “ fortalecer el mecanismo de las Naciones Unidas para la fiscalización internacional de las drogas ”. El proyecto de la resolución reconocía que existía un elevado índice de uso indebido, cultivo, producción y distribución de estupefacientes y substancias psicotrópicas, así como de tráfico de drogas; un índice que, además de elevado, iba en constante aumento. Por este motivo, era necesario efectuar una revisión íntegra del mecanismo de control de drogas existente. Se solicitó al Secretario General que “designe un pequeño grupo de expertos independientes para emprender una revisión general sobre la manera en que han evolucionado los esfuerzos contra las drogas ilícitas dentro del sistema de las Naciones Unidas y con la finalidad de formular medidas dirigidas a reforzar la cooperación internacional contra las drogas ilícitas en el futuro” (E/CN.7/1997/L.6/Rev.1).

Tanto los Estados Unidos como el Reino Unido desaprobaron la palabra “ independientes ”, así que la versión final se refería a “ un pequeño grupo de expertos seleccionados tras efectuar las consultas pertinentes con, entre otros, los gobiernos ”. Además, en la versión definitiva se aclaraba que el “ fortalecimiento del mecanismo de la ONU ” debería realizarse “ en el marco de los tratados internacionales existentes sobre fiscalización de drogas ”. Un año después, en marzo de 1998, el Secretario General Kofi Annan designó un grupo de “ trece expertos de alto rango ”. En realidad, el comité estaba integrado por la junta directiva del Comité Preparatorio al completo y por algunos otros delegados nacionales (UNIS/NAR/627). Tras su primera reunión, en abril, el grupo preparó un informe sobre los progresos realizados para la UNGASS y, tras otras dos reuniones, presentó sus resultados durante el período de sesiones de la Comisión de Estupefacientes en marzo de 1999 (E/CN.7/1999/5).

Como comentario adicional, el grupo estimó:

“ … aunque el determinar si un tratado era o no era adecuado no era de su incumbencia, había varias cuestiones esenciales que afectaban al régimen internacional de fiscalización de drogas de las que había que ocuparse con carácter prioritario. Una de esas cuestiones era la capacidad de la Comisión para desempeñar las funciones que le encomendaban los tratados. El Grupo de Expertos advirtió que la Comisión no se había ocupado todavía de algunas cuestiones fundamentales de la fiscalización de drogas de las que habían tratado ampliamente los medios informativos, incluida la ejecución de proyectos sobre la prescripción de heroína a los toxicómanos y el cambio en la forma en que la sociedad percibe el uso indebido de drogas y su mayor tolerancia ”.

A pesar de su escaso margen de maniobra y de la ausencia de miembros independientes ajenos al sistema de las Naciones Unidas, los trece componentes del grupo señalaron ciertas deficiencias en el funcionamiento de éste. Por ejemplo, coincidió en que el plan de acción de las Naciones Unidas sobre fiscalización del uso indebido de drogas no había alcanzado sus objetivos, tal como se había remarcado durante una reciente valoración nada favorable. Asimismo, recomendaba intensificar la colaboración entre el PNUFID, el PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo) y ONUSIDA. Con respecto al funcionamiento de la Comisión de Estupefacientes, el grupo opinaba: “ En los últimos años, la Comisión ha tendido a dejar de ser una entidad técnica para convertirse en una entidad más política. (…) Las cuestiones relativas a la fiscalización de drogas, de importancia crítica o creciente, tampoco se abordaron adecuadamente, en parte como consecuencia de la forma en que estaba estructurado el programa de trabajo de la Comisión. La situación estaba socavando poco a poco el papel de la Comisión como principal órgano normativo de las Naciones Unidas en materia de fiscalización de drogas ”. Como resultado de todo ello, durante los años posteriores se han celebrado más reuniones entre los períodos de sesiones, ha aumentado la coordinación entre los países donantes y receptores del PNUFID y se han incorporado “ Debates temáticos ” al período de sesiones ordinario de la Comisión de Estupefacientes para fomentar una discusión más centrada y sustancial acerca de cuestiones clave sobre las políticas.

UNGASS 1988: el compromiso

El Comité Preparatorio que se reunió en marzo de 1997 tenía que decidir qué país asumiría la presidencia. México, que había desempeñado un papel fundamental en la organización de la Sesión Especial, se presentó como candidato con el apoyo del bloque GRULAC de países latinoamericanos y del Caribe. Los Estados Unidos, no obstante, sentían cierta inquietud por el tono crítico que había adoptado México recientemente. Así que echaron mano de la dimisión, hacía apenas un mes, del general Gutiérrez Rebollo, conocido como el “ zar antidroga ” de México propiciada por las acusaciones de que había estado protegiendo a Amado Carrillo Fuentes, el principal narcotraficante mexicano (Fazio, 1997). Con la excusa de la corrupción generalizada en los organismos antidroga mexicanos, los Estados Unidos impidieron la candidatura de México. Y sólo tras largas horas de negociaciones entre bastidores se alcanzó un acuerdo para apoyar la presidencia de Portugal.

México siguió representando un destacado papel durante los preparativos de la UNGASS presidiendo el grupo intergubernamental encargado de elaborar el borrador de los Principios rectores de la reducción de la demanda de drogas, uno de los documentos clave en la agenda de la UNGASS. México también presentó proyectos de texto sobre cuestiones como el blanqueo de dinero y los precursores químicos. El objetivo de México, en palabras del representante permanente ante la ONU de dicho país en Viena, consistía en adaptar el régimen internacional de control de drogas para que la reducción de la demanda adquiriera mayor importancia “ equilibrando así una estrategia que previamente estaba sesgada hacia un aspecto del problema ” (Lajous Vargas, 1998).

Se confiaba en que la UNGASS marcaría el fin de la “ época de señalar con el dedo ”. Como indicó el presidente colombiano Ernesto Samper en su discurso ante la Sesión Especial: “ Nadie está tan libre de pecado como para tirar la primera piedra ”. Tanto México como Colombia destacaron que se debería acabar con la antigua dicotomía entre países tradicionalmente productores y consumidores para dar paso al principio de la “ responsabilidad compartida ”. Este principio, según su opinión, debería convertirse en la piedra angular del control internacional de drogas y, para ello, no sólo había que admitir los desequilibrios del pasado, sino también que las fronteras tradicionales se habían desdibujado con el paso del tiempo. Tras una serie de arduas negociaciones, centradas en cuestiones sobre la reducción de la demanda y los precursores químicos, el resultado final de la UNGASS reflejó el ambiente que se respiraba. Al menos, en esencia. Muchos de los documentos aprobados hacen hincapié en la responsabilidad del “ Norte ” para, entre otras cosas, reducir la demanda, regular el comercio de precursores químicos, controlar la producción de estimulantes de tipo anfetamínico (EA) y abordar cuestiones como el blanqueo de dinero.

El principal impedimento para alcanzar este nuevo equilibrio surgió a partir de una propuesta presentada por Pino Arlacchi, al que se nombró nuevo director ejecutivo del PNUFID durante el proceso de preparación, en septiembre de 1997. Su plan SCOPE, cuyas siglas en inglés corresponden a la Estrategia para la Eliminación de la Coca y la Adormidera, se proponía erradicar estos cultivos en un plazo de diez años, es decir, para el 2008, e instaba a hacerlo en Colombia, Bolivia, Perú, Birmania, Laos, Vietnam, Afganistán y Pakistán, los ocho países en que se concentra la producción de coca y opio (Blickman, 1998). El plan SCOPE resucitó el discurso sobre un “ mundo libre de drogas ” mediante la total eliminación de cultivos relacionados con éstas, y habría devuelto el peso de la responsabilidad a los países productores de opio y coca.

Aunque el plan nunca se aprobó, aportó el impulso necesario para la adopción del artículo más polémico de la Declaración Política de la UNGASS: el artículo 19 que exhorta a “ eliminar o reducir considerablemente el cultivo ilícito del arbusto de coca, la planta de cannabis y la adormidera para el año 2008 ” (A/RES/S-20/2). Tras un acalorado debate, se acordó que se fijaría ese mismo año como fecha límite para “ eliminar o reducir considerablemente la fabricación, la comercialización y el tráfico ilícito de sustancias sicotrópicas, comprendidas las drogas sintéticas y la desviación de precursores ” así como para “lograr resultados importantes y mensurables en la esfera de la reducción de la demanda para el año 2008”. Estos son los puntos que constan en la agenda para la revisión de mitad de período de abril de 2003: “ examinar los avances alcanzados y los obstáculos encontrados ” cuando nos encontremos a mitad de camino del plazo fijado para 2008.

Durante la Sesión Especial, fueron pocos los delegados que siguieron manifestando sus dudas acerca del frágil consenso que tanto costó alcanzar. Raymond Kendall, Secretario General de Interpol, comentó: “ A pesar de que la aplicación de la ley constituye la razón de ser de Interpol, no creemos que sea la panacea de todos los males asociados a la problemática de la droga ”. Destacó la necesidad de nuevas políticas que actuaran especialmente sobre los factores que conducen a la aparición y al desarrollo de los denominados comportamientos anormales. Ello implicaría hacer frente a programas de reducción del riesgo con seriedad y conciencia, desde la perspectiva obligada de la salud pública. Añadió también que “ una nueva política no debería ser tan ingenua como para confundir la realidad con la fe demagógica y partir de información objetiva y de investigaciones multidisciplinarias ”. De modo parecido, el ministro de asuntos exteriores de los Países Bajos, Hans van Mierlo, insistió en la necesidad de iniciar estrategias basadas en nuevos resultados: “ Lo primero que deberíamos hacer sería evaluar los resultados de nuestros esfuerzos hasta el momento para poder discernir qué es lo que realmente funciona. No nos dejemos acorralar por las discusiones ideológicas del pasado al estudiar futuras estrategias. Ciñámonos en cambio a los hechos que hemos podido constatar a partir de nuestras prácticas durante los últimos años ” (A/S-20/PV.1-9).

Sin embargo, desde que se celebró la UNGASS en 1988, no se han tomado demasiadas iniciativas en ese sentido. El programa PSA de la OMS se desmanteló y se fundió de nuevo en 2000 con el Departamento de Salud Mental del que se había separado en 1990. Pino Arlacchi, el director ejecutivo del PNUFID, censuró gran parte del Informe Mundial sobre Drogas 2000. El capítulo sobre regulación, que debía ser la continuación del de 1997, desapareció por completo. El coordinador, Francisco Thoumi, abandonó la agencia manifestando su protesta. “ Arlacchi estaba muy preocupado porque el borrador original no reflejaba su visión de la situación de las drogas en el mundo. Consideraba que era demasiado pesimista y que no mostraba los recientes progresos alcanzados en la lucha contra la droga. Solía argüir que el problema mundial de las drogas estaba a punto de solucionarse y que sólo eran tres países lo que suponían un verdadero problema: Colombia, Afganistán y Birmania” (Thoumi, 2002). Parte del personal de PNUFID se vio obligado a abandonar la agencia o dimitió por sus diferencias con Arlacchi. Hubo una purga – por no hablar de caza de brujas – para limpiar el sistema de control de drogas de la ONU de cualquier elemento supuestamente “ derrotista ” que pudiera romper el ' espíritu de unión '.

Conclusiones

El funcionamiento basado en el consenso propio del mecanismo de control de drogas de la ONU ha propiciado situaciones muy curiosas. “ Las drogas ilícitas pueden resultar de lo más paradójicas. El comportamiento irracional que, en principio, deberían mostrar las personas que las consumen es en ocasiones propio de muchas de las que no lo hacen ” (Grinspoon, 1993). En su fuero interno, “ la mayor parte de las autoridades considera que la erradicación de las drogas es una meta poco realista ” y que el régimen actual carece de la eficacia necesaria. Pero en cuanto toman asiento en las salas de conferencias de Viena y Nueva York, se suben al tren del consenso y la mayoría de los representantes se deja arrastrar por la retórica habitual mientras que la minoría procura pasar lo más desapercibida posible. Así pues, tras una década de conferencias de alto nivel durante la que se ha coincidido en que “ el mal avanza más aprisa que el remedio ”, se frena toda iniciativa para “ detectar las causas de la ineficacia del presente sistema de fiscalización ”. Los resultados de los estudios científicos patrocinados por la ONU se han desatendido de manera deliberada y cualquier iniciativa para formular ' los cambios que deben efectuarse ' se la lleva el viento. A pesar de todo lo expuesto, la comunidad internacional reunida en 1988 concluyó que se podría conseguir en 10 años lo que no se había logrado en los 25 que se fijaron como plazo en la Convención de 1961.

La JIFE declaró ya en su informe de 1994: “ La comunidad internacional ha expresado su deseo de que, en lugar de reabrir todos los debates, prefiere desarrollar las estrategias definidas en común y ampliar sus principios a fin de establecer la manera de fortalecer las medidas de fiscalización de drogas ” (E/INCB/1994/1/Sup.1: 8). Poco importa si la estrategia no proporciona resultados positivos siempre que la comunidad internacional muestre un mayor compromiso: “ Esperamos que el año que viene, a diferencia de éste, podamos hablar de progresos reales” . “ Cualquier duda, vacilación o revisión injustificada de la validez de los objetivos que deben alcanzarse socavarían nuestro compromiso ”. Los numerosos llamamientos – procedentes de la propia “ comunidad internacional ” – para “ analizar con criterio estrategias para el futuro y, además, hacerlo con una actitud abierta que esté dispuesta a aprender de las lecciones del pasado ya experimentar cuando sea necesari o” se han topado con acusaciones maniqueístas – típicas de la guerra fría – sobre la traición a “ nuestra noble causa ”.

Por lo tanto, no es de extrañar el hecho de que “ la sociedad civil muestre una creciente impacienci a”, según observó muy acertadamente el Secretario General. Los resultados de la revisión de la UNGASS, que tendrá lugar en abril de 2003, sin duda se convertirán, tal como predijo el presidente de la Sesión, en “ la prueba de fuego para demostrar la capacidad de respuesta de la comunidad internacional ante los complejos problemas planteados tras el fin de la guerra fría ”. Para superar la prueba, quizá sería buena idea retomar algunas de las iniciativas del período precedente a la UNGASS y volver a añadirlas a la agenda. Las circunstancias han variado considerablemente desde entonces y, en estos momentos, podrían alcanzarse conclusiones distintas:

(1) Transcurridos ya cinco años, ya pesar del compromiso político renovado en la UNGASS, no se ha realizado ningún avance en términos de consumo y producción. Los ministros quedarían en el más completo ridículo si, en la reunión de abril, se limitaran a seguir afirmando que para 2008 habrán conseguido “ eliminar o reducir significativamente ” los cultivos de coca, la adormidera y la cannabis y la producción de drogas sintéticas.

(2) La Oficina contra la Droga y el Delito de la ONU (ODC, siglas en inglés) está experimentando un proceso de reforma emprendido por su nuevo director ejecutivo, Antonio Costa, que permitirá a la agencia despedirse de la crisis de los últimos años y de la censura impuesta por su predecesor. Puede que ello amplíe la capacidad del PNUFID, que se enmarca dentro de la ODC, para ejercer su función como “ centro de investigación ” animando el debate político sobre las drogas en el ámbito internacional.

(3) En el Plan de Acción desarrollado para aplicar la Declaración sobre los principios rectores de la reducción de la demanda de drogas de la UNGASS, los países se comprometieron a ofrecer “ todo el espectro de servicios, incluida la reducción de las consecuencias perjudiciales para la sociedad y la salud del uso indebido de drogas ” (A/RES/54/132). El drama del SIDA en todo el mundo ha puesto de relieve la necesidad de tomar medidas de reducción del riesgo para afrontar la propagación del virus relacionada con el uso de drogas por vía intravenosa. La Declaración de compromiso en la lucha contra el VIH/SIDA adoptada por la UNGASS en junio de 2001 insta explícitamente a las naciones a garantizar para 2005 un mayor acceso a equipo esterilizado para inyecciones, ya fomentar “actividades para la reducción de los daños causados por el consumo de drogas” (A/RES/S-26/2: art. 52). Así pues, resulta imposible – además de irresponsable – seguir evitando un debate abierto sobre el concepto de reducción del daño en el ámbito de la Comisión de Estupefacientes.

(4) Varios países han relajado sus leyes sobre el cannabis y en toda Europa y el Canadá se están desarrollando debates más objetivos sobre la posibilidad de la despenalización y la legalización. Este clima político vuelve a plantear en el ámbito de la ONU las tradicionales dudas acerca de las incoherencias en los tratados sobre el cannabis y la coca. Tal como ya se señaló en 1971, el cannabis “ no forma parte – y, objetivamente, nunca lo hizo – de las disposiciones de un tratado cuyo objetivo explícito consiste en prevenir la 'adicción a los estupefacientes.' La inclusión del cannabis en un tratado sobre estupefacientes fue una equivocación debida a los datos médicos y científicos erróneos de que disponían los delegados cuando se preparó el proyecto del tratado ” (Leinwand, 1971).

Aunque la historia presentada en este artículo atestigua los límites del funcionamiento racional del mecanismo de control de drogas de la ONU , estos últimos acontecimientos podrían crear las condiciones necesarias para que un grupo de países con ideas afines puedan acabar con la actual parálisis. El ministro de exteriores George Papandreou anunció una iniciativa tomada por la presidencia griega de la UE en ese sentido: “ El primer paso para encontrar nuevas maneras de abordar el problema de las drogas debería consistir en una evaluación exhaustiva de los tratados internacionales en esta materia. Debemos verificar su eficacia, poner al descubierto sus puntos débiles y presentar propuestas con miras a encontrar otros métodos para formular y aplicar las políticas sobre drogas ” (Papandreou, 2002).

Reconocimientos

El autor desea expresar su agradecimiento al Fondo Europeo para Políticas de Drogas NEF, por el apoyo financiero brindado al Transnational Institute durante el período de investigación y redacción de este documento.

Martin Jelsma
TNI , enero de 2003

REFERENCIAS

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