Resum

La “ comunidad internacional ” mostró una aparente unanimidad al ratificar el enfoque prohibicionista sobre el control de drogas en la Sesión Especial de 1998 de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGASS, siglas en inglés) sobre drogas. Pero lo cierto es que existe un largo conflicto en el seno de la ONU que enfrenta a las naciones que desean mantener el régimen de la prohibición ya las que aspiran a adoptar un enfoque más pragmático. La complejidad y el curso de este conflicto puede seguirse a lo largo de los miles de documentos y actas de reuniones publicados por la ONU que revelan la historia no escrita de los acontecimientos que llevaron a la celebración de la UNGASS. En ellos se pone de manifiesto hasta dónde han llegado los partidarios de la línea dura para mantener el statu quo, valiéndose de retórica, desmentidos, manipulación, presentación selectiva, tergiversación y eliminación de pruebas, uso selectivo de expertos, amenazas sobre la asignación de fondos y la purga de “derrotistas” del sistema de la ONU . La ONU se ha comprometido a conseguir un mundo libre de drogas para 2008, aunque el problema empeora a mayor velocidad de la que el remedio utilizado necesita para solucionarlo. Sin embargo, algunos defensores de la reforma y la pragmática han estado desafiando al sistema mediante sus políticas nacionales. Puede que ello anime a adoptar un enfoque más realista ante las drogas ilícitas y contribuya a establecer un funcionamiento más racional en las organizaciones del sistema de control de drogas de la ONU .

• Drugs in the UN system: the unwritten history of the 1998 United Nations General Assembly Special Session on drugs , by Martin Jelsma ( TNI ) in the Special Issue on the UNGASS Mid-term Review of the International Journal of Drug Policy April 2003 (Volume 14, Issue 2)

Introducción

Kofi Annan propuso un brindis en la 20ª Sesión Especial de la Asamblea General de Naciones Unidas (UNGASS, siglas en inglés) sobre el problema mundial de las drogas, celebrada entre el 8 y el 10 de junio de 1998: “ Excelencias, amigos, permítanme alzar la copa con el deseo de que cuando rememoremos esta reunión, lo hagamos porque fue el momento en que nuestros retos se convirtieron en el testimonio de nuestro compromiso. El momento en que nos comprometimos a cooperar para convertirnos en una familia de naciones libre de drogas en el siglo XXI ”. Apenas unos días antes de la reunión, un discurso del Sr. Annan grabado en vídeo recogía las siguientes palabras: “ Nuestro compromiso consiste en conseguir verdaderos resultados en la eliminación de los cultivos de drogas para el año 2008. Abrigo la esperanza de que esta sesión pasará a la historia como el momento en que la comunidad internacional alcanzó el consenso necesario para acometer esta empresa seriamente ”. El presidente de la Sesión Especial, el Sr. Udovenko (Ucrania), abrió la reunión afirmando: “ El problema de la droga no se puede disfrazar con buenas intenciones y la comunidad internacional debe estar preparada para librar una dura y larga batalla ”. Y, al cierre de la cumbre, hizo hincapié en la necesidad de una “mayor convergencia de opiniones” y de un “ espíritu de unidad ”. Manifestó asimismo su deseo de que la Sesión “ pase a la historia como un acontecimiento decisivo ” y, a modo de conclusión, añadió: “ Contamos con una buena estrategia y con una serie de medidas y objetivos que deben cumplirse en un plazo determinado ” (A/S-20/PV.1-9).

La comunidad internacional está a punto de revisar este acontecimiento mediante el examen de mitad de período de la UNGASS que se celebrará entre el 16 y el 17 de abril en Viena. En estos momentos, cabe preguntarse si, cinco años después, podremos confirmar el optimismo de Annan y Udovenko en cuanto a un “ acontecimiento decisivo ”? ¿Podremos alzar nuestras copas para celebrar los “ verdaderos resultados ”? ¿Cuál era el alcance del “ consenso ” en el punto de partida? ¿Volverán a reunirse los delegados en abril de 2003 con ese mismo “ espíritu de unidad ”? Este artículo reconstruye la historia no escrita de la UNGASS de 1988 y el tremendo esfuerzo que supone justificar el debate actual sobre las drogas en el sistema de las Naciones Unidas.

Una década ajetreada: 1991-2000

En 1987 se celebró en Viena la Conferencia Internacional sobre el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. En 1988 se adoptó la Convención de Viena contra el Tráfico Ilícito. En 1990, la Asamblea General dedicó una primera Sesión Especial al problema de las drogas que aprobó un Programa Global de Acción y anunció que el período 1991-2000 se iba a convertir en la Década de las Naciones Unidas contra el Uso Indebido de Drogas. En 1991, se creó el Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas (PNUFID). Así fue como se montó el escenario de la ONU para una nueva era de actuaciones contra la droga.

La Década contra el Uso Indebido de Drogas se convirtió ciertamente en una época de lo más ajetreada para los responsables y legisladores de políticas sobre drogas de todo el mundo. El primer gran paso se dio con la convocatoria de una reunión de tres días de las más altas esferas de la Asamblea General de 1993 para “ examinar urgentemente la situación de la cooperación internacional ” en materia de control de drogas. Se esperaba que la “ caída del muro ” y el fin de la confrontación ideológica facilitaría la búsqueda de puntos en común y mejoraría la colaboración internacional. En el discurso de apertura de la reunión, su presidente señaló que la victoria de la comunidad internacional sobre el uso indebido de las drogas “ sería la prueba de fuego para demostrar su capacidad de respuesta ante los problemas planteados tras el fin de la guerra fría ”. ¿Conseguiría la comunidad internacional pasar del dicho al hecho en su campaña integral contra las drogas ilícitas? Según la opinión del presidente, la respuesta a tal pregunta demostraría si los países podrían “ cooperar en armonía por un bien común ” (A/48/PV.37).

Esta armonía, no obstante, se vería rota por la aún actual dicotomía entre el Norte y el Sur y por los experimentos europeos para la reducción del daño; dos hechos que ponían en duda la validez del marco de control de drogas existente.

La voz mexicana

Fue una carta procedente de México y dirigida al Secretario General de la ONU la que marcó la pauta de la reunión de 1993. En ella se detallaban una serie de puntos clave. Dado que, a pesar de los esfuerzos realizados, el consumo no cesaba de aumentar y las organizaciones criminales prosperaban y se extendían, México se planteaba el acontecimiento como una oportunidad única para la reflexión internacional que, en aquel momento, y debido a la gravedad de la situación, se había convertido en un imperativo. México solicitaba que se prestara mayor atención a la demanda porque “ el consumo de drogas constituye la fuerza generadora de la producción y el tráfico de las mismas, la reducción de su demanda se revela como una solución radical – aunque a largo plazo – del problema ”. Asimismo, opinaba que “ el camino más eficaz para abatir la producción y tráfico de los estupefacientes consiste en la paulatina reducción tanto de los consumidores actuales como de los eventuales ”. Es evidente que esta carta incluía una fuerte crítica contra las operaciones antidroga llevadas a cabo por los Estados Unidos en territorio mexicano y por el mecanismo unilateral de certificación de estupefacientes estadounidense. La misiva señalaba que, para que el frente unido contra la adicción y el tráfico de drogas ganara terreno, se requería buena fe, principios de legalidad, voluntad política, capacidad de concertación, reconocimiento a las identidades propias de cada nación y respeto incondicional por sus derechos soberanos. Se censuraba además las “ imposiciones hegemónicas ”, la “ política de reproche ” y el “ señalamiento de culpas mediante esquemas de maniqueísmo geográfico, que nada resuelven ” (A/C.3/48/2).

México subrayó también la necesidad de revisar la clasificación de los estupefacientes según los criterios de la Organización Mundial de la Salud ( OMS ) “ a fin de reducir el mercado ilícito de drogas ”, con lo que dejaba entrever que consideraba que el control de ciertas substancias debía abandonarse. La carta especificaba las cuestiones que debían examinarse con mayor urgencia para que la idea del “ enfoque equilibrado ” se tomara en serio. La mayoría de dichas cuestiones aparecerían, cinco años más tarde, en la agenda de la UNGASS: reducción de la demanda, blanqueo de dinero, precursores químicos, drogas sintéticas y mayor inversión en desarrollo alternativo.

Un desequilibrio inherente

La carta de México reflejaba las tensiones entre los Estados Unidos y Latinoamérica en materia de drogas, así como la tradicional división entre la demanda y la oferta en el sistema de control de drogas internacional. Ambos hechos resultaron del desequilibrio en las relaciones de poder político a la sombra del que se negociaron las tres convenciones. La Convención Única de 1961 se centraba en los “estupefacientes” y estaba concebida, en gran medida, como instrumento de control de la coca/cocaína, el opio/heroína y el cannabis. Se apuntaba como objetivo principal a las drogas extraídas a partir de plantas cuyo cultivo, en aquel momento, estaba muy extendido en países del Sur con una larga tradición en el uso de las materias primas derivadas de dichas plantas. La clasificación de las diversas plantas y sus productos derivados (no los precursores químicos usados para su procesamiento) en las listas de control más estrictas no se realizó según estudios científicos sino partiendo de la idea de que todos los estupefacientes eran peligrosos hasta que se demostrara lo contrario (Sinha, 2001: 26). Sin embargo, durante las negociaciones del Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971, centrado en las substancias fabricadas de manera sintética por la industria farmacéutica del Norte, los cargos dieron un giro de 180 grados y “ a menos que existieran pruebas concluyentes sobre el peligro de una determinada substancia, ésta no debería penalizarse ” (Sinha, 2001: 27). La Convención sobre el Tráfico Ilícito de 1988 obligaba a las partes firmantes a penalizar todos los aspectos relacionados con el tráfico ilícito de drogas: el cultivo, la fabricación, la distribución, la venta, la posesión, el blanqueo de dinero, etc. ya “ garantizar que los tribunales o las autoridades competentes de cada Estado tratarían dichas actividades ilícitas como delitos graves ” (E/CN.7/590: 48).

La penalización obligatoria de la posesión de drogas para el consumo personal establecida por la Convención de Viena de 1988 fue la primera intromisión – muy polémica, por cierto – en la idea de que el control de la demanda era una cuestión que dependía de la legislación de cada país. El sistema de control creado mediante las convenciones estaba pensado para acabar con la oferta ilícita, mientras que las políticas relacionadas con la demanda se consideraban como una cuestión nacional. Cuando se planteó la posibilidad de establecer una cuarta convención dirigida específicamente a la reducción de la demanda, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) se mostró contraria a la idea porque dudaba que se pudiera aprobar un tratado internacional y vinculante sobre la reducción de la demanda o que dicho tratado fuera el instrumento adecuado para tratar la cuestión. La Junta opinaba que la reducción de la demanda era un cometido que debía desempeñar cada país de manera independiente aunque en algunos casos se necesitara del apoyo internacional. Consideraba asimismo que “ los programas de reducción de la demanda deberían desarrollarse en los ámbitos nacional y local, según la situación real del uso indebido de drogas y teniendo en cuenta el entorno cultural, político, económico y legal ”. (E/INCB/1994/1/Sup.1: 6).

La prohibición en tela de juicio

En realidad, México expresó la frustración compartida por varios países productores de Latinoamérica sobre el desequilibrio inherente al sistema internacional de control de drogas. Así pues, lo que se debía contrarrestar era precisamente ese desequilibrio. Además de esta falta de equilibrio, la comunidad internacional tomó conciencia de que las medidas de control de drogas habían resultado ser ineficaces, cosa que puso en duda la concepción prohibicionista en que se fundamentaba el sistema. El informe de la JIFE de 1992 fue otro de los documentos que ejerció una notoria influencia durante el período precedente a la Asamblea General de 1993. En éste, la Junta incluía por primera vez amplios comentarios sobre el debate de la legalización suscitados al concluir que la política neerlandesa sobre el cannabis infringía los principios de las convenciones (Polak, 1994). La Comisión de Estupefacientes también había dedicado parte de su sesión de 1993 a debatir el informe de la JIFE y coincidía con la Junta en que cualquier intento de legalización del uso no médico de las drogas socavaría el sistema internacional de control de drogas y, por lo tanto, pondría en peligro la ejecución de los tratados internacionales ya existentes en esta materia. Y, según la Comisión de Estupefacientes, estos tratados “ constituyen el pilar del sistema ” (E/1993/29: párr.44).

El entonces director ejecutivo del PNUFID, Giorgio Giacomelli, leyó un discurso en nombre del Secretario General Boutros Boutros-Ghali ante la Asamblea General de 1993 en que se instaba a los Estados miembro a tener presentes dos cuestiones: “ Por una parte, la velocidad con que se extiende el azote, con todas sus consecuencias en la sociedad y la criminalidad; por la otra, el hecho de que la sociedad civil muestra una creciente impaciencia que conduce a tomar soluciones simplistas o derrotistas. Necesitamos, más que nunca, emprender una acción decidida a escala mundial ” (A/48/PV.37:4). La aparición de otro evidente desacuerdo estaba ya a la vista.

Un sistema con dientes

El desacuerdo se hizo más y más evidente durante los siguientes tres días, durante los que varios delegados subrayaron la necesidad de “ reafirmar el compromiso ”, “ reforzar ” y “ fortalecer ” el sistema existente. Como dijo el delegado del Reino Unido, el Sr. Richardson:

“ Disponemos del mecanismo. Lo que debemos hacer ahora es mejorar su funcionamiento. En especial, necesitamos un frente internacional más unido que defienda la Convención de las Naciones Unidas de 1988. La convención es un instrumento con dientes y debemos conseguir que muerda. ” Así pues, cualquier postura que cuestionara la eficacia de la legislación existente se consideraba como “ derrotismo ” o “ renuncia ””.

El Sr. Bengt Westerberg de Suecia se expresó de este modo:

“ Se detecta un aumento de estupefacientes ilícitos en todos los ámbitos: cultivo, procesamiento, tráfico y consumo. Algunas personas están abandonando la lucha alegando que el problema de los estupefacientes es insoluble. En realidad, quieren decir que no han podido solventar el problema en el marco de la legislación existente. (…) No debemos darnos por vencidos y aceptar la política cobarde que defienden los partidarios de la legalización .”

El Sr. Antonino Murmura, el Subsecretario de Estado de Italia, compartía este punto de vista:

“ Debo manifestar mi inquietud sobre la creciente tendencia a favor de la legalización de las drogas y la actitud fatalista que considera que la guerra contra las drogas es una “causa perdida “. Considero que este tipo de postura podrían suponer un gran peligro porque debilitaría nuestro compromiso contra el tráfico de estupefacientes. (…) En estos momentos, por lo tanto, no debemos desanimarnos y retirar nuestro compromiso, sino renovar y asertar nuestra determinación en ganar esta guerra. “

El inicio del debate

No obstant, altres delegats van emprar termes com "revisió", "valoració general", "intentar noves estratègies" i "replantejar les nostres accions". És cert que cap d'ells va advocar per la legalització, però molts van defensar un enfocament més indulgent davant del consum com, per exemple, el Sr Torben Lund, ministre de salut de Dinamarca, afirmant: "Considero que hem arribat a un punt en què hem comprendre que calen nous enfocaments per abordar el problema de les drogues. (...) Potser hàgim de deixar de centrar en l'aplicació de la llei i ocupar-nos més aviat de la prevenció i el tractament. "

El Sr Baltasar Garzón Real també va destacar la necessitat d'iniciar un debat objectiu. Aquest magistrat va aconseguir després un gran renom internacional per les seves batalles legals contra els esquadrons de la mort antibascos a Espanya (GAL), els càrtels de la droga gallecs, el dictador xilè Pinochet i Batasuna, un partit polític vinculat a ETA. El 1993, El Sr Garzón va actuar com a representant del Pla de Drogues Nacional d'Espanya i va declarar:

"Ha arribat el moment d'aturar-nos a reflexionar sobre les solucions que s'haurien d'adoptar. Tinc la intenció de recomanar al meu país l'inici d'un debat general per a valorar els èxits obtinguts i meditar sobre el futur. Per afrontar un debat de tal naturalesa, hem de desfer de totes les opinions preconcebudes i dels dogmes indestructibles. Hem d'estar oberts a l'intercanvi d'idees. Seria desitjable que les Nacions Unides seguissin un procés de reflexió similar en el seu si i que el fomentessin més enllà de les seves portes. Aquesta proposta és fruit de la convicció que les Nacions Unides és el fòrum ideal i el millor instrument de difusió on intercanviar idees i on adoptar decisions sobre noves directrius que ens ajudin a aconseguir els nostres objectius. "

Es podria dir, per tant, que 1993 va ser l'any de la "presentació en societat" de la tendència europea - a la qual se sumen també Austràlia i Canadà - que ja està fermament consolidada sota l'estendard de la reducció del dany. El debat va concloure el 28 d'octubre de 1993 amb l'adopció de la resolució 48/12 l'esborrany va anar a càrrec de Mèxic. Segons l'estipulat per la resolució, l'Assemblea General demanaria a la Comissió d'Estupefaents que supervisés i valorés el funcionament dels instruments nacionals i internacionals de control de drogues per determinar les esferes en què s'havien aconseguit progressos satisfactoris i els punts febles. Així mateix, recomanaria al Consell Econòmic i Social en la seva sèrie de sessions d'alt nivell de 1995 "els canvis que s'han d'efectuar en les activitats de fiscalització de drogues". Finalment, estudiaria la possibilitat de designar un grup especial d'experts com a instrument addicional per examinar els assumptes en qüestió i formular "recomanacions concretes per a l'acció" (A/RES/48/12: art. 9 i 11).

Van sorgir llavors diverses iniciatives, però la seva trajectòria definia clarament els límits polítics en la recerca dels "canvis que s'han d'efectuar" en el sistema de control de drogues. El Perú i Bolívia van renovar els seus esforços diplomàtics per defensar l'ús tradicional de la coca als seus països. L'OMS va seguir intentant guanyar terreny a favor de la filosofia de la reducció del dany en el sistema de l'ONU i va iniciar diversos estudis científics sobre aquest tema. Es va començar a plantejar la necessitat de revisar la classificació establerta en les convencions sobre els productes de la coca i el cànnabis. Es van presentar propostes per tal d'analitzar el cost i els avantatges de la reducció del dany, així com estratègies de despenalització. I, el 1984, Mèxic va començar a reunir el suport necessari per celebrar una cimera internacional dedicada a la reflexió que, finalment, va desembocar en la UNGASS del 1998.

L'opinió de la JIFE sobre el cannabis i la coca

Com a complement a la resolució aprovada per l'Assemblea General, el PNUFID va designar un grup consultiu especial i intergovernamental l'objectiu consistia a formular recomanacions sobre els "canvis que s'han de fer". Aquest grup comptava amb l'assessorament del Sr Hamid Ghodse, president de la JIFE, sobre l'eficàcia dels tractats internacionals en matèria de control de drogues (E/CN.7/1995/14). En un detallat informe de valoració presentat pel Sr Ghodse, la JIFE manifestava: "Ara mateix, no sembla necessari introduir grans modificacions en els tractats internacionals sobre fiscalització de drogues. Es requereixen únicament alguns ajustaments tècnics per actualitzar algunes de les seves disposicions "i alguns" defectes s'haurien d'eliminar "(E/INCB/1994/1: parell. 21, b, c).

Ja que "s'han utilitzat tecnologies agrícoles modernes i més sofisticades per desenvolupar noves varietats de cannabis de gran potència", la JIFE indicava: "... la classificació dels productes del cànnabis en la Convenció de 1961, a saber, el cànnabis i la resina de cànnabis, ha quedat obsoleta i dóna peu a confusions. Per exemple, la fulla de coca no queda recollida en aquesta Convenció malgrat el seu contingut de THC. En consecuencia, la Junta recomienda que se estudie la posibilidad de fortalecer los artículos de la Convención de 1961 sobre la fiscalización de la cannabis teniendo en cuenta la situación actual y ampliando el control de, entre otros, la hoja de coca, que en muchos casos contiene más THC que la resina de cannabis. Para hacerlo, puede que sea necesario sopesar la reclasificación de la planta de la cannabis y de los productos derivados de ésta en la Convención de 1961 para garantizar que existe una correlación entre la potencia de la planta y sus productos ” (E/INCB/1994/1/Sup.1: 10/11).

En el caso de la hoja de coca, la Junta puntualizó que “ la necesidad de clarificar ambigüedades ”. Uno de los objetivos que había fijado la Convención de 1961, que entró en vigor en diciembre de 1964, había sido “abolir” la masticación de la hoja de coca en un período de 25 años, es decir, para 1989. La Convención establecía también fechas límite para otras substancias derivadas de plantas que nunca se cumplieron: “ el uso del opio para fines casi médicos deberá ser abolido en un plazo de 15 años ” y “ el uso de la cannabis para fines que no sean médicos y científicos deberá cesar lo antes posible, pero en todo caso dentro de un plazo de 25 años ” (Convención, 1961: art. 49). Es evidente que no se ha alcanzado ninguno de estos objetivos. Por otro lado, la JIFE alegó que existía un error en el texto del tratado porque no preveía un uso no médico de la hoja de coca: el consumo de té de coca o mate de coca.

“ Así, el mate de coca, considerado inocuo y legal en diversos países de América del Sur, forma parte de una actividad ilegal según lo estipulado en la Convención de 1961 y en la Convención de 1988, aunque no era esa la intención de las conferencias plenipotenciarias en que se adoptaron dichas convenciones ” (E/INCB/1994/1/Supp. 1: 11).

La Junta solicitó que se revisara la manera en que la Convención de 1961 permitía de manera temporal este uso tradicional de la coca y pidió que la OMS realizara un examen científico sobre los valores y los riesgos relacionados con la masticación de la coca y el mate de coca. A tenor de sus declaraciones, parecía estar bastante convencida de los resultados de dicho examen: “ La Junta confía en que la Comisión de Estupefacientes, partiendo de estudios científicos, aclare este tipo de ambigüedades que han estado minando las convenciones durante largo tiempo ” (E/ INCB/1994/1/Supp. 1: 11).

El grupo consultivo

Los diez integrantes del grupo consultivo especial se seleccionaron con sumo cuidado. México estuvo representado por Miguel Ruiz-Cabañas, que en aquel momento trabajaba en la embajada mexicana de Washington y que más tarde se hizo cargo del departamento antidroga del ministerio de asuntos exteriores de su país. El grupo incluía también a los Estados Unidos, la India, la Argentina, la Federación de Rusia, Suecia, Polonia, Japón, Egipto y Nigeria. El representante de éste último país fue Philip O. Emafo, que en aquellos momentos era consultor del PNUFID y que más tarde pasó a ocupar la presidencia de la JIFE. No se invitó a ninguno de los países conocidos por sus concepciones más liberales. El grupo se reunió en dos ocasiones durante la segunda mitad de 1994 en Viena. Además de respaldar la filosofía de la JIFE, elogió su informe de 1992 que, en opinión del grupo, proporcionaba sólidos argumentos “ para contrarrestar el fuerte movimiento que pretende demostrar que el régimen internacional de fiscalización de drogas, fundamentado en la aplicación de tratados internacionales en esta materia, había fracasado y que la única solución pasaba por la legalización ” (UNDCP/1994/AG.7: párr.5). Uno de los miembros exigió incluso que se intentara poner freno a la idea de la “ reducción del daño ”, ya que se consideraba una fuente importante de las posturas enfrentadas. “La reducción del daño se consideraba el caballo de Troya de las facciones que defendían la causa de la legalización” (UNDCP/1994/AG.7: párr.60).

No obstante, “ un estudio más detallado sobre las implicaciones de la despenalización y de las campañas para la reducción del daño, tal como sugirió el grupo consultivo, podría ofrecer nuevas perspectivas que condujeran a soluciones insospechadas ” (E/CN.7/1995/14: párr.45). En el informe dirigido a la Comisión de Estupefacientes, en que se entretejían las sugerencias de la JIFE y del grupo consultivo, el director ejecutivo recomendaba la adopción de un doble enfoque. En primer lugar, el PNUFID debía proporcionar “ argumentos concretos y sólidos contra la legalización del uso de estupefacientes con fines no terapéuticos ” y colaborar con la OMS en la preparación de informes sobre las consecuencias para la salud, tanto físicas como psíquicas, provocadas por el uso indebido de drogas especialmente peligrosas. En segundo, el PNUFID debía “ emprender un estudio sobre las implicaciones de la despenalización y de las campañas para la reducción del daño ” en los países que ya habían adoptado este tipo de políticas. La Comisión se encargaría entonces de dar una orientación sobre las siguientes medidas que debían tomarse (E/CN.7/1995/14: párr.52).

El grupo consultivo secundaba la idea de convocar una segunda Conferencia Internacional sobre el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas como la de 1987. “ Dicha conferencia ofrecería la posibilidad de, entre otros, valorar los éxitos gubernamentales en materia de fiscalización del uso indebido de drogas y adoptar una declaración de principios sobre la reducción de la demanda. Se consideraba que la conferencia sería el foro adecuado donde se podrían reunir los gobiernos y el PNUFID para reafirmar los principios y las posturas sobre la legalización, la despenalización, la reducción del daño y otras cuestiones importantes ” (UNDCP/1994/AG.7: párr.79). El Sr. Giorgio Giacomelli, director ejecutivo del PNUFID, reflejó esta recomendación en su informe a la Comisión de Estupefacientes puntualizando que el evento no debía limitarse únicamente a “ reafirmar ” sino también a “ estudiar ” dichas posturas (E/CN.7/1995/14: párr.35).

El grupo reconoció que las estrategias de reducción de la demanda serían convenientes “ en el marco de un sistema sanitario público que abarque otras substancias nocivas, incluidos los disolventes volátiles, los esteroides anabólicos, el alcohol y el tabaco ”. Rememoraron un discurso pronunciado por el Sr. Giacomelli durante la apertura de la sesión de la Comisión de Estupefacientes en 1994 en que éste señalaba que era

“… cada vez más difícil justificar la continua distinción entre substancias teniendo sólo en cuenta su situación legal o su aceptación social. En la medida en que la adicción a la nicotina, el alcoholismo y el uso indebido de disolventes e inhalantes pueden representar una mayor amenaza para la salud que el abuso de otras substancias sometidas actualmente a la fiscalización internacional, el pragmatismo llevaría a concluir que seguir con estrategias disparatadas para minimizar su impacto es, en última instancia, una medida artificial, irracional y poco rentable ” (UNDCP, 1994).

El grupo consultivo coincidió con la JIFE en que se deberían corregir aquellos puntos de las convenciones que consideraba débiles o contradictorios. Ello llevó al director ejecutivo a apuntar que, para llevar a cabo esta misión, se podría emplear un método simplificado ya integrado en las convenciones. Dicho método permite que cualquier país signatario de las convenciones presente una enmienda ante el Secretario General de la ONU que se difundirá entre resto de las partes firmantes. En caso de que, transcurridos 18 meses, ningún país presente objeción alguna, la enmienda entra en vigor de manera automática (E/CN.7/1995/14: par.13). No obstante, opinaba que este procedimiento no funcionaría con las propuestas sugeridas. Por lo tanto, recomendó que la Comisión de Estupefacientes, junto con la JIFE, solicitara al PNUFID que designara un “ grupo de expertos para estudiar la validez de las definiciones existentes en las convenciones de 1961 y de 1971, con especial atención a varios productos derivados de la cannabis y de la hoja de coca ” (E/CN.7/1995/14: párr.46c). Sugirió también que el PNUFID creara un foro adecuado, como un grupo de expertos o un grupo de trabajo, encargado de supervisar los avances logrados y de valorar la eficacia de los programas de desarrollo alternativo.

A continuació, es va convidar els Estats membre de la Junta d'Estupefaents a comentar per escrit aquestes recomanacions. Els comentaris van aparèixer resumits en un segon informe del director executiu de la Comissió d'Estupefaents un any més tard (E/CN.7/1996/3). Austràlia, Àustria, Bèlgica, el Brasil, Colòmbia, el Perú, el Regne Unit i Sud-àfrica van ser els països que van presentar les seves respostes per escrit. El Perú estimava que "era necessari reexaminar les formes tradicionals d'abordar la qüestió de la fiscalització de les drogues" i que, per tant, una conferència internacional "hauria d'estar orientada cap al futur i promoure solucions innovadora en lloc de deixar-se influir excessivament per les formes tradicionals d'encarar el problema ". El Perú i Sud-àfrica van ratificar la proposta de formar un grup d'experts sobre la coca i el cànnabis i un fòrum semblant per valorar els programes de desenvolupament alternatiu. Sud-àfrica i Austràlia van recolzar la idea de fer un estudi sobre les conseqüències de la despenalització i les polítiques de reducció del dany, amb la condició, segons va expressar Austràlia, que si es valoraven programes de tal índole també "calia avaluar altres models de programes de fiscalització de l'ús indegut de drogues, i que tota avaluació que es fes d'aquests programes, inclosos els basats en la contenció dels danys, havia de ser equilibrada i imparcial ". Pel que fa a la segona part del doble pla, que pretenia que es facilitaran "arguments concrets i fonamentats contra la legalització", Austràlia opinava que, si es realitzava aquest estudi, "havia de ser imparcial i abordar els arguments en pro i en contra de la legalització, perquè pogués celebrar-se un debat equilibrat i obert ". En el segon informe se sol · licitava a la Comissió d'Estupefaents que decidís en la seva pròxima sessió si el PNUFID hauria de designar un grup d'experts que treballés sobre el desenvolupament alternatiu, un altre sobre la situació de "diversos productes del cànnabis i de la fulla de coca "i si hauria d'estudiar la idea de la legalització" tenint en compte els arguments dels proponents i dels oponents d'aquesta legalització ".

Darrera parada: Comissió d'Estupefaents 1995/1996

Segons l'opinió de Robin Room, qui va analitzar el debat general mantingut durant el període de sessions de la Comissió d'Estupefaents el 1995: "El dissident més destacat de la retòrica dominant cal trobar-als Països Baixos. Aquest país ha assumit en el si de la Comissió d'Estupefaents un paper que podria comparar al del jove del conte sobre el vestit nou de l'emperador: el del personatge sincer ". Com a exemple, Room cita el representant neerlandès quan afirma: "El conjunt de la situació podria definir en termes de 'efectes multiplicadors criminogénicos tremends' (...) Amb la posada en pràctica de la Convenció de 1988 aprofundirem nostres coneixements. Però no per això amainarà el temporal "(Room, 1999). Encara que la majoria dels delegats coincidia en què la situació empitjorava cada any, pocs van gosar atribuir el problema a errors d'estratègia o qüestionar les convencions i defensar la necessitat de trobar enfocaments alternatius. El discurs dominant advocava únicament per redoblar els esforços i millorar la cooperació: "La situació resulta descoratjadora però ha de donar pas a una acció concertada i no ser font de desànim", va afirmar el delegat noruec. Uruguai va advertir del perill que suposava la mera manifestació de postures dissidents: "Sentim una profunda preocupació per les opinions que s'han mostrat a favor de liberalitzar el consum de drogues. (...) Les Nacions Unides han de fer ús de la seva privilegiada posició i mostrar una actitud clara. Qualsevol dubte, vacil · lació o revisió injustificada de la validesa dels objectius a assolir soscavaria el nostre compromís. (...) Les nostres metes són tan nobles com inflexibles. I mai aconseguirem l'èxit si hi ha notes discordants. No podem cedir i hem de mantenir ferms pel que fa als nostres objectius "(Room, 1999).

No obstant això, les notes discordants van seguir sonant. La Interpol, igual que els Països Baixos, va qüestionar la validesa de l'estratègia seguida per assolir les metes fixades. Fent balanç del debat general de 1995, "Em recorda el títol de la pel · lícula 'El proper any a la mateixa hora'. Els anys se succeeixen sense que la situació experimenti una veritable millora. (...) Esperem que l'any que ve, a diferència d'aquest, puguem parlar de progressos reals ". Austràlia va continuar defensant la necessitat de mantenir un debat més obert: "En el moment en què certs Estats estan qüestionant l'eficàcia dels tractats i s'apunta a solucions senzilles, com la legalització, hem de contemplar la possibilitat de prendre mesures alternatives al càstig i intercanviar impressions en la Comissió. S'han de seguir estudiant estratègies alternatives. No advoquem per un canvi en concret, sinó que ens limitem a fer constar que no s'ha de descartar nous enfocaments que potser no s'ajustin als paradigmes actuals. (...) La Comissió d'Estupefaents ha d'estudiar plantejaments legítims com la reducció del dany i no rebutjar-los de pla ". Bolívia ha apuntat que "era impossible seguir pel mateix camí" i sol · licitar que se celebrés una cimera mundial per "identificar les causes del fracàs d'aquest sistema de control" (Room, 1999).

En el proper període de sessions, que tindria lloc l'abril de 1996, la Comissió d'Estupefaents havia de decidir què fer amb les recomanacions formulades pel grup consultiu i la JIFE i amb els comentaris presentats pels Estats membre. Les propostes que haurien d'haver servit per obrir el debat i preparar el terreny per introduir canvis en el règim es van descartar una per una:

"Si bé hi va haver cert suport a la convocació d'una reunió del un grup d'experts encarregat d'examinar la idoneïtat de les definicions actuals de la Convenció de 1961 i el Conveni de 1971, amb especial referència als diversos productes del cànnabis i de la fulla de coca, (...) es va expressar l'opinió que no haurien de convocar reunions de grups d'experts sobre altres qüestions de la competència de la Junta Internacional de Fiscalització d'Estupefaents "(E/1996/27: Supp. 7, párr.16 ).

El que, dit en altres paraules, significava que no s'anava a reexaminar la situació del cànnabis i de la coca.

La possibilitat d'estudiar la despenalització i el concepte de la reducció del dany es va veure obstaculitzada d'una altra manera:

"Es va expressar una forta oposició a la legalització de l'ús de drogues per a fins no terapèutics. Aquesta mesura no només seria contrària a les disposicions dels tractats internacionals sobre fiscalització de drogues, sinó que representaria a més un greu revés per a la cooperació internacional en matèria de fiscalització de drogues. "Si bé es va mostrar cert suport al fet que el PNUFID realitzés investigacions sobre la qüestió de la legalització de l'ús de drogues per a fins no terapèutics, es va observar que aquesta investigació podria ser mal interpretada pels proponents de la legalització" (E/1996/27 : Supp. 7, párr.21).

Aquesta idea només es "va manifestar" i no es va aprovar, però indicava que no existia un consens sobre això i que, per tant, no es podria realitzar l'estudi.

Finalment, es va descartar la proposta d'organitzar una conferència internacional com la de 1987 on es podrien haver adoptat esmenes a les convencions. Com a motiu, es va adduir que suposaria un "elevat cost" en un moment en que "les Nacions Unides travessaven la pitjor crisi financera des de la seva fundació. La Comissió va arribar a la conclusió que molts dels objectius d'una conferència podrien aconseguir igualment convocant un període extraordinari de sessions de l'Assemblea General "(E/1996/27: Sup.7, párr.18). En el sistema de les Nacions Unides es recorre amb freqüència a motius econòmics per aturar plans sense la necessitat d'aportar raons amb fonament. La crisi econòmica a la qual s'al · ludia es derivava, en gran mesura, del fet que els Estats Units havien deixat de pagar la seva quota i devien a l'ONU bilions de dòlars. Així doncs, la Comissió d'Estupefaents va adoptar una resolució (E/CN.7/1996/L.16) en què recomanava la celebració del que va esdevenir la UNGASS del 1998. El seu objectiu era "aconseguir un compromís renovat per part dels governs per lluitar contra l'ús indegut i el tràfic il · lícit d'estupefaents, així com enfortir l'aplicació de l'instrument de fiscalització de drogues internacional" (E/1996/27: Sup.7 , párr.17). El contingut del document era de total reafirmació i termes com "valorar", "estudiar", "revisió científica", "detectar punts febles", "canvis que s'han de fer" o "desenvolupar noves estratègies" no van aconseguir sobreviure al període de sessions de la Comissió d'Estupefaents i, per tant, no es van reflectir en la resolució final.

La reunió d'alt nivell de l'ECOSOC el 1996

Abans de poder presentar els resultats de la sessió davant l'Assemblea General, aquests havien de passar pel Consell Econòmic i Social (ECOSOC), l'organisme que acull a la Comissió d'Estupefaents com una de les seves agències. L'ECOSOC va dedicar un segment d'alt nivell de tres dies a l'anàlisi dels resultats de la reunió de la Comissió d'Estupefaents (E/1996/SR.10-15). El llavors president de la JIFE, Sr Schroeder, va deixar molt clar el seu punt de vista durant la sessió d'obertura: "Els governs no han d'oblidar que els experiments en el camp de la reducció del dany que s'estan realitzant actualment a diversos països desenvolupats podrien ser objecte d'un mal ús per part d'aquells que advoquen per la legalització de les drogues. (...) Segons l'opinió de la Junta, no es pot justificar la legitimitat de l'ús d'estupefaents sota la rúbrica de 'reducció del dany' ".

Però Austràlia no es va deixar intimidar per aquestes declaracions. El delegat australià va replicar que les mesures de reducció del dany representaven el factor clau de l'estratègia del seu país. Aquestes mesures estaven començant a aplicar sense que es donés la condició prèvia de l'eliminació de l'ús indegut de les drogues. Si bé era possible que aquest tipus d'estratègies no fossin idònies per a tots els països, era innegable que havia aconseguit resultats molt positius en la reducció dels problemes socials, econòmics i sanitaris a Austràlia. La Sessió Especial de l'Assemblea General prevista per a 1998 brindaria "una excel · lent oportunitat per determinar si era necessari introduir millores en les estructures establertes amb vista a augmentar la seva eficàcia en la batalla de la comunitat internacional contra els estupefaents".

Els Països Baixos van defensar la seva pragmàtica postura nacional davant el cànnabis. Tenint en compte que les estratègies fins al moment no resultaven ni realistes ni eficaces, la solució al problema de la droga només podria trobar aprenent dels errors del passat. El govern neerlandès havia abordat la qüestió des de diversos punts de vista, molts d'ells innovadors, i amb alguns s'havien obtingut resultats duradors. "Es va prestar una especial atenció a reduir l'ús de drogues dures, ja que el dany que aquestes provoquen és molt més greu que el derivat de l'ús del cànnabis. En separar el mercat d'usuaris de drogues toves del de drogues dures, el nombre d'usuaris de cannabis que es passava a les drogues dures resultar summament baix. El principi bàsic de diferenciar dos mercats demostrar ser molt positiu i el govern no va iniciar processos judicials en els casos de possessió de petites quantitats de cannabis per a consum personal ".

Portugal va declarar que els governs havien d'estar oberts al debat públic per trobar les solucions apropiades, sobretot si hi havia dubtes sobre l'eficàcia de certes mesures. L'observador de Suïssa ha apuntat que, tot i els enormes esforços dedicats per la comunitat internacional a combatre l'amenaça de les droga, aquests havien assolit resultats molt pobres. "La comunitat internacional no hauria de cedir al desànim davant els contratemps sinó aprofitar l'oportunitat d'analitzar amb criteri estratègies per al futur i, a més, fer-ho amb una actitud oberta que estigui disposada a aprendre de l'experiència d'altres ia experimentar quan sigui necessari".

Aquestes opinions, però, no van ser més que excepcions. En general, la reunió va confirmar el discurs predominant. L'ECOSOC va donar el vistiplau a l'informe de la Comissió d'Estupefaents, inclosa la recomanació de celebrar una Sessió Especial de l'Assemblea General el 1998. Posteriorment, el Secretari General de l'ONU va presentar un informe davant l'Assemblea General sobre els possibles resultats d'aquesta sessió totalment purgat de qualsevol indici de revisió. "En el període extraordinari de sessions es podria reiterar la importància dels tractats sobre fiscalització internacional de drogues (...) i reafirmar la seva pertinència i eficàcia". També ajudaria a "l ograr l'adhesió i aplicació universals abans de la fi del mil · lenni". Així mateix, els resultats de la sessió "podrien portar els governs a reafirmar la importància política de la fiscalització de drogues ia renovar el compromís". Finalment, les deliberacions podrien conduir a la "globalització i harmonització dels diversos enfocaments bilaterals i regionals" (A/51/469). Els preparatius de la UNGASS de 1998 es van posar en marxa sota la responsabilitat de la Comissió d'Estupefaents i els seus diversos Comitès Preparatoris a Viena.

L'OMS: 'Sis llaneros solitaris'

Malgrat tot el descrit, hi ha encara un altre episodi de la història de control de drogues de l'ONU a que la Comissió d'Estupefaents no va poder actuar. L'Organització Mundial de la Salut (OMS) té el seu propi paper en la formulació de polítiques sobre drogues de l'ONU i ho fa d'una manera relativament independent del trio que conforma el nucli del sistema de control de drogues i que està compost pel PNUFID , la JIFE i la Comissió d'Estupefaents. Aquest paper es limita a recomanar en quina llista de les convencions de 1961 i 1971 s'han de classificar determinades substàncies atenent als seus efectes sobre la salut. Precisament amb aquesta finalitat, l'OMS convoca cada dos anys un Comitè d'Experts en Farmacodependència. L'OMS sempre s'ha mostrat en desacord amb el sistema de control de drogues establert, ja que mai ha comprès la lògica que s'amaga darrere l'actual distinció entre substàncies lícites i il · lícites. Ja que la seva missió consisteix a fixar-se únicament en l'impacte sobre la salut, l'OMS se sol referir als "estupefaents, inclòs l'alcohol i el tabac". Les dues últimes substàncies plantegen a l'organització majors mals de cap que les drogues il · lícites classificades en les llistes de les convencions sobre control de drogues. Per exemple, i segons mostren les seves pròpies estadístiques, el conjunt de totes les drogues il · lícites és responsable de la pèrdua d'un 0,6% de "anys de vida ajustats per discapacitat" (Disability-Adjusted Life Years, en anglès), comparat al 6,1% provocat per l'alcohol i el tabac (WHO, 2001).

Quan va començar la Dècada contra l'Ús Indegut de Drogues, el 1990, l'OMS havia creat un programa sobre abús de substàncies (Programme on Substance Abuse o PSA, en anglès) i va nomenar a sis experts d'entre el seu personal per enfortir la contribució de la OMS en aquest camp. La revista especialitzada British Journal of Addiction va aplaudir la decisió amb un editorial titulat: "Sis llaneros solitaris: l'OMS posa en marxa un nou programa sobre abús de substàncies". Un dels columnistes de la revista celebrava l'arribada del PSA "perquè ara es pot dirigir l'atenció a corregir el desequilibri, fins ara massa inclinat cap a la reducció de l'oferta i el compliment de la legislació, els professionals recorden, per la força de la seva convicció en la 'maldat' dels traficants i de les substàncies químiques, a un d'aquells honrats agents de la justícia que van condemnar a tantes dones innocents a morir per bruixeria "(Haworth, 1991). Esmentava també un document històric titulat Discoverie of Witchcraft (Descobriment de la bruixeria), publicat el 1584 com a protesta contra la creixent onada en la persecució d'innocents per part del supersticiós clergat, un llibre que el rei James I d'Anglaterra va condemnar a la foguera. Haworth considerava de gran importància la funció del PSA per aportar dades científiques amb els d'afegir una mica de seny al problema de les drogues i que "espero que ningú vulgui llançar a la foguera". Els esdeveniments posteriors indiquen que Haworth va ser una mica optimista.

L'entusiasta equip del PSA va decidir ampliar el camp de treball del Comitè d'Experts per a poder cobrir així un major nombre de qüestions relacionades amb la reducció de la demanda. D'aquesta manera, el Comitè d'Experts de 1992 es va reunir amb un doble objectiu. D'una banda, s'havia de revisar la classificació de deu substàncies i, per l'altra, es va demanar als experts que estudiessin "les diverses estratègies i enfocaments per reduir l'ús de les substàncies i els seus efectes nocius" (WHO, 1993: 1) .

Després de debatre la tradicional pràctica de la masticació de la coca als Andes i l'ús del khat a l'Àfrica, el Comitè "va recomanar que es realitzaran estudis que analitzaran possibles canvis en les disposicions de la fiscalització internacional pel que fa a aquests patrons d'ús tradicional" (WHO, 1993: 20). En l'informe del Comitè també es concloïa que l '"objectiu primordial dels programes nacionals per a la reducció de la demanda hauria de ser minimitzar el dany associat a l'ús d'alcohol, tabac i altres estupefaents. (...) El Comitè va recomanar que, per assolir una eficàcia òptima, les polítiques nacionals havien orientar cap a objectius explícitament definits de 'reducció del dany', tant a curt com a llarg termini "(WHO, 1993: 35-36). Segons Robin Room, un dels experts que va participar en la reunió, aquesta conclusió es va arribar "no sense algunes protestes", referint-se a altres dos components del Comitè: Hamid Ghodse, que després es va convertir en president de la JIFE, i Philip O. Emafo, també membre del ja esmentat grup consultiu de 1994 i actualment president de la Junta. Tot i això, al final es va tirar endavant l'informe, que "va adoptar mires relativament àmplies pel que fa a la reducció del dany ja que, per exemple, la regulació de l'oferta es contemplava com una de les possibles estratègies a seguir amb aquest fi n" (Room, 1997).

El projecte sobre cocaïna de l'OMS

El 1992, el PSA va presentar un projecte sobre cocaïna de l'OMS i el UNICRI (WHO / UNICRI Cocaine Project, en anglès) que comptava amb fons procedents del govern italià i en el qual participava un grup de destacats investigadors acadèmics. El UNICRI té la seu a Itàlia i les seves sigles són l'abreviatura de l'Institut Interregional de les Nacions Unides per a Investigacions sobre la Delinqüència i la Justícia. Els projectes de recerca es van desenvolupar, en part, com a resposta a la Cimera Mundial Ministerial sobre Drogues, celebrada a Londres l'abril de 1990, amb l'objectiu de formular polítiques de reducció de la demanda i "combatre l'amenaça de la cocaïna". Segons un comunicat de premsa emès per l'OMS el març de 1995, el projecte sobre cocaïna va ser el major estudi a escala mundial realitzat fins al moment sobre l'ús d'aquesta substància. Es va recopilar informació en 22 ciutats i en 19 països sobre qüestions com l'ús de la cocaïna i d'altres derivats de la fulla de coca, els seus usuaris, els seus efectes sobre aquests i sobre la comunitat, així com sobre la resposta dels governs davant aquesta problemàtica. Es van abordar tots els aspectes del problema: des dels mastegadors de fulles de coca als Andes als fumadors de crack a Nova York i Llacs, passant pels usuaris que s'injecten cocaïna a São Paulo i San Francisco o els que l'esnifen a Sydney i el Caire. El comunicat de premsa també aclaria que "les de vegades imprevisibles conclusions de l'estudi no reflecteixen la posició oficial de l'OMS" (WHO, 1995).

En la reunió de la Comissió d'Estupefaents de març de 1995 es va difondre un dossier informatiu en què es resumien els resultats de l'estudi (WHO / UNICRI, 1995). En ell, cabia trobar conclusions com les següents:

La majoria de països participants coincideixen que l'ús ocasional de cocaïna no desemboca necessàriament en problemes físics o socials greus ni lleus. (...) En tots els països participants, són més grans els problemes sanitaris derivats de l'ús de substàncies legals, sobretot de l'alcohol i del tabac, que l'ús de la cocaïna. (...) El consum de fulles de coca no sembla provocar efectes negatius sobre la salut i, en canvi, té una funció terapèutica, ritual i social positiva en les comunitats indígenes andines. (...) L'OMS / PSA hauria d'investigar els efectes terapèutics de la fulla de coca.

"La majoria d'autoritats considera que l'eradicació de l'ús de la cocaïna i altres estupefaents és una meta poc realista. No obstant això, si l'ús d'aquestes substàncies es prolonga, els efectes negatius d'aquest ús no han de ser inevitables. En la majoria de països participants, hi ha una minoria de la població que s'inicia en l'ús de la cocaïna o de productes afins, els usa de manera ocasional durant un determinat període de temps i les conseqüències negatives que pateix per això són inexistents o lleus , fins i tot anys després d'utilitzar. Aquest fet indica que és possible reduir, si no eliminar del tot, l'ús nociu de la cocaïna. "

"El major interrogant que planteja el futur és saber si les organitzacions internacionals, com la OMS i el PNUFID, així com els governs nacionals, seguiran concentrant-se en prendre mesures per a la reducció de l'oferta, com la destrucció i la substitució de cultius i la imposició de la llei, davant la crítica i el cinisme creixents sobre l'eficàcia d'aquests enfocaments. Països com Austràlia, Bolívia, el Canadà i Colòmbia estan interessats a estudiar una sèrie de possibilitats per legalitzar i despenalitzar l'ús i la possessió personal de cocaïna i de productes afins. S'han d'avaluar amb més detall els efectes negatius de les polítiques i les estratègies actuals i desenvolupar enfocaments alternatius. (...) Els enfocaments nacionals i locals en aquests moments, que presten una atenció excessiva a les mesures de control punitives, podrien augmentar el desenvolupament de problemes relacionats amb la salut. "

Així que el dossier informatiu va començar a circular pels passadissos de l'ONU, els funcionaris nord-americans van fer ús de la seva gran influència per evitar la publicació de l'estudi. "El govern dels Estats Units ha quedat sorprès en comprovar que l'estudi sembla exposar arguments a favor de l'ús positiu de la cocaïna," va ser la resposta de Neil Boyer, el representant dels Estats Units en el 48 ° període de sessions de la Assemblea Mundial de la Salut a Ginebra. Va al · legar que el programa de l'OMS sobre l'abús de substàncies estava "encaminat en la direcció equivocada" i que "soscavava els esforços de la comunitat internacional per eradicar el cultiu il · lícit i la producció de coca". Va denunciar que existien "indicis del suport de l'OMS en programes per a la reducció del dany i de col · laboracions prèvies de l'OMS amb organitzacions que defensaven la legalització de les drogues". I, a continuació, va amenaçar expressament amb que "si les activitats de l'OMS en matèria de drogues no aconsegueixen reafirmar els enfocaments provats per a la fiscalització de drogues, es retallaran els fons assignats als programes corresponents" (WHA48/1995/REC/3 ).

Patricia Erickson, una catedràtica de la Universitat de Toronto que va participar en l'estudi com a investigadora, va defensar la integritat d'aquest:

"L'equip original estava format per una sèrie d'experts les investigacions sobre la cocaïna s'havien demostrat científicament, rebien finançament, s'havien publicat i havien superat l'avaluació arbitrada d'altres científics. Es decir, que se siguieron las normas habituales en estos casos. Por supuesto, muchos de los resultados han desmentido por completo la imagen de la cocaína como una droga asesina que esclaviza a la gente. Esa idea es propia de la mitología de los años 20. No se puede negar que la cocaína puede ser fuente de problemas y que es motivo de preocupación, pero concluimos que las personas que trabajan y se dedican a otras actividades podrían hacer de ella un uso recreativo. El estudio no pretendía dar una mala imagen de la cocaína, sino ahondar en todo el espectro de su uso en diversos países ” (Taylor Martin, 2001).

La evaluación arbitrada es una parte fundamental y habitual de los procedimientos de cualquier estudio realizado o patrocinado por la OMS . En el 48° período de sesiones de la Asamblea General, el Sr. Boyer solicitó al Gabinete del Director General, Sr. Piel, “que debería encontrarse alguna manera para que la evaluación arbitrada del estudio fuera efectuada por personas reconocidas como verdaderos expertos en el campo de la investigación, de conformidad con la estricta normativa de la OMS en esta esfera” (WHA48/1995/REC/3). Aunque el coordinador del proyecto sobre cocaína, Mario Argandoña, había solicitado a Hans Emblad, responsable del PSA, que se abstuviera de hacer pública cualquier versión del informe en la palestra del control de drogas hasta que se hubieran completado los procedimientos de la evaluación arbitrada, el Sr. Emblad estimó oportuno informar en la sesión de la Comisión de Estupefacientes de 1995 sobre los interesantes resultados de la investigación, cosa que propició la intervención de los Estados Unidos.

La secretaría del proyecto emitió varias listas que incluían diversos nombres de posibles supervisores que fueron de acá para allá durante más de dos años. Fue imposible alcanzar un acuerdo sobre quién debería hacerse cargo de la tarea y, por lo tanto, nunca se adoptó una decisión definitiva sobre el proyecto. Aunque algunos de los expertos del estudio pudieron publicar parte de sus investigaciones, la mayoría de los resultados del proyecto sobre cocaína de la OMS y el UNICRI nunca salieron a la luz. Así fue como cientos de páginas que contenían valiosos hechos y opiniones sobre la coca y la cocaína, fruto del trabajo de tres años de más de 40 investigadores y asesores, acabaron finalmente “ en la hoguer a”.

El proyecto sobre cannabis de la OMS

El PSA inició el proyecto de la OMS sobre los factores de riesgo derivados del uso del cannabis ( WHO Project on Health Implications of Cannabis , en inglés) en el año 1993. La OMS había publicado su último informe sobre el cannabis hacía ya 12 años y, en respuesta a las “ numerosas peticiones ” para que realizara un nuevo estudio, la organización designó un grupo de expertos científicos sobre la materia (WHO/MSA/PSA/97.4: 1). Se acordó que uno de los temas de investigación se encargaría de realizar una “ Evaluación comparativa de las consecuencias físicas y psíquicas derivadas del uso del alcohol, el cannabis, la nicotina y los opiáceos ”. El informe, que se publicó en agosto de 1995, concluía: “ Considerando los patrones de uso, el cannabis representa un problema para la salud pública mucho menor que el del alcohol y el tabaco en las sociedades occidentales ” (Hall, 1995).

De acuerdo con uno de los investigadores, algunos responsables de la OMS “ enloquecieron ” al leer el informe (New Scientist, 1998). En un comunicado de prensa, la OMS defendía su decisión de suprimir la conclusión comparativa del informe final alegando que no existía “ ningún intento por ocultar información y la decisión de no incluir dicha comparación en el informe final se fundaba en criterios científicos que no tenían relación alguna con presiones política s” (WHO, 1998). La versión definitiva del informe, publicada en 1997, incluía el siguiente comentario sobre la polémica comparación del cannabis con el alcohol y el tabaco:

“ El grupo de expertos que preparó la revisión de los conocimientos sobre el cannabis en 1985 incluyó una sección en el borrador del informe que se proponía comparar las evidencias sobre las consecuencias sanitarias del cannabis con los riesgos para la salud de una serie de drogas lícitas e ilícitas como el alcohol, el tabaco y los opiáceos. Sin embargo, la fiabilidad y la importancia para la salud pública de dichas comparaciones es dudosa. (…) El riesgo cuantitativo del uso del cannabis supone una gran incógnita puesto que se carece de estudios epidemiológicos fidedignos y, por lo tanto, estas comparaciones tienden a ser de carácter más especulativo que científico ” (WHO/ MSA/PSA/97.4: 29).

El Informe Mundial sobre Drogas 1997

A finales de 1996, se había conseguido neutralizar las posturas y recomendaciones más polémicas de los años precedentes. Seguramente por eso, al lobby defensor de la “ tolerancia cero ” no le hizo mucha gracia ver cómo resurgían algunas de estas ideas en el Informe Mundial sobre Drogas de la ONU en 1997. El informe, elaborado bajo los auspicios del PNUFID, reflejaba en muchos aspectos el clima más abierto que caracterizó al período precedente a la UNGASS y mostraba las iniciativas tomadas por la OMS y el PSA por racionalizar el debate.

Sobre la controversia del cannabis, por ejemplo, el informe señala:

“ Es innegable que, en algunas personas y según el tipo de uso, el cannabis provoca problemas en la salud física y mental como, por ejemplo, pérdida de memoria a corto plazo, pérdida de concentración, problemas motores, afecciones bronquiales y pulmonares, etc. Por otro lado, dicho consumo no presenta los mismos patrones de uso continuado a largo plazo o dependiente como el fumar cigarrillos y no existe un índice de mortalidad atribuido directamente a los efectos acumulativos del cannabis”. El informe concluye que “(a) en el contexto de las drogas ilícitas, parece la menos nociva y (b) por una serie de motivos, quizá relacionados con su situación como droga prohibida, los costes sociales y sanitarios derivados de su uso han sido hasta el momento menos perjudiciales que los del tabaco y el alcohol ” (UNDCP, 1997).

Se dedicó todo un capítulo al “ Debate sobre regulación y legalización ” (UNDCP, 1997: pp.184-201), escrito con la intención – como se menciona en la contraportada – de ir “ más allá de la retórica que suele acompañar a este asunto:

“ Durante los últimos años han aumentado las críticas que afirman que los fondos dedicados a la 'guerra contra las drogas' se han malgastado y que el régimen de fiscalización de drogas, en lugar de favorecer la salud y el bienestar de las naciones, podría haber agravado la situación. (…) La sensación de haber alcanzado un punto muerto en el campo de las políticas sobre drogas ha dado pie a la aparición de numerosos grupos de presión que reivindican un cambio en la fiscalización de drogas internacional que implicaría suavizar el régimen prohibicionista – por ejemplo, modificando las Convenciones existentes en materia de fiscalización de drogas – y conceder mayor importancia a las medidas para la reducción del daño asociado al uso indebido de drogas. Dado que estos grupos son de origen heterogéneo y están integrados por investigadores, políticos, científicos médicos, economistas y destacados líderes de opinión, movidos en su mayoría por una motivación seria y fundada, representan un gran reto a la filosofía actual sobre fiscalización de drogas. “

Si bien no presenta la legalización como un asunto prioritario, el capítulo desmonta muchos de los prejuicios predominantes en el debate y procura suavizar las posturas enfrentadas. “ El debate sobre la regulación se ha desviado de su debido curso debido a un excesivo extremismo: por un lado, el grupo defensor de la 'tolerancia cero' y, por el otro, el de los legalizadores ”. El Informe Mundial sobre Drogas hacía constar el amplio abanico de posibilidades políticas señalando: “ Las leyes – incluidas las Convenciones internacionales – no son inamovibles y pueden modificarse si la voluntad democrática de las naciones así lo desea ”.”

El fortalecimiento del mecanismo de la ONU

El primero de toda una serie de conflictos durante el período previo a la UNGASS surgió ya en la primera reunión del Comité Preparatorio en Viena, en marzo de 1997. En un punto del orden del día llamado 'Aplicación de los tratados internacionales en materia de fiscalización de drogas', varios países – Australia, México, Sudáfrica, Suecia y Tailandia – presentaron una resolución sobre “ fortalecer el mecanismo de las Naciones Unidas para la fiscalización internacional de las drogas ”. El proyecto de la resolución reconocía que existía un elevado índice de uso indebido, cultivo, producción y distribución de estupefacientes y substancias psicotrópicas, así como de tráfico de drogas; un índice que, además de elevado, iba en constante aumento. Por este motivo, era necesario efectuar una revisión íntegra del mecanismo de control de drogas existente. Se solicitó al Secretario General que “designe un pequeño grupo de expertos independientes para emprender una revisión general sobre la manera en que han evolucionado los esfuerzos contra las drogas ilícitas dentro del sistema de las Naciones Unidas y con la finalidad de formular medidas dirigidas a reforzar la cooperación internacional contra las drogas ilícitas en el futuro” (E/CN.7/1997/L.6/Rev.1).

Tanto los Estados Unidos como el Reino Unido desaprobaron la palabra “ independientes ”, así que la versión final se refería a “ un pequeño grupo de expertos seleccionados tras efectuar las consultas pertinentes con, entre otros, los gobiernos ”. Además, en la versión definitiva se aclaraba que el “ fortalecimiento del mecanismo de la ONU ” debería realizarse “ en el marco de los tratados internacionales existentes sobre fiscalización de drogas ”. Un año después, en marzo de 1998, el Secretario General Kofi Annan designó un grupo de “ trece expertos de alto rango ”. En realidad, el comité estaba integrado por la junta directiva del Comité Preparatorio al completo y por algunos otros delegados nacionales (UNIS/NAR/627). Tras su primera reunión, en abril, el grupo preparó un informe sobre los progresos realizados para la UNGASS y, tras otras dos reuniones, presentó sus resultados durante el período de sesiones de la Comisión de Estupefacientes en marzo de 1999 (E/CN.7/1999/5).

Como comentario adicional, el grupo estimó:

“ … aunque el determinar si un tratado era o no era adecuado no era de su incumbencia, había varias cuestiones esenciales que afectaban al régimen internacional de fiscalización de drogas de las que había que ocuparse con carácter prioritario. Una de esas cuestiones era la capacidad de la Comisión para desempeñar las funciones que le encomendaban los tratados. El Grupo de Expertos advirtió que la Comisión no se había ocupado todavía de algunas cuestiones fundamentales de la fiscalización de drogas de las que habían tratado ampliamente los medios informativos, incluida la ejecución de proyectos sobre la prescripción de heroína a los toxicómanos y el cambio en la forma en que la sociedad percibe el uso indebido de drogas y su mayor tolerancia ”.

A pesar de su escaso margen de maniobra y de la ausencia de miembros independientes ajenos al sistema de las Naciones Unidas, los trece componentes del grupo señalaron ciertas deficiencias en el funcionamiento de éste. Por ejemplo, coincidió en que el plan de acción de las Naciones Unidas sobre fiscalización del uso indebido de drogas no había alcanzado sus objetivos, tal como se había remarcado durante una reciente valoración nada favorable. Asimismo, recomendaba intensificar la colaboración entre el PNUFID, el PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo) y ONUSIDA. Con respecto al funcionamiento de la Comisión de Estupefacientes, el grupo opinaba: “ En los últimos años, la Comisión ha tendido a dejar de ser una entidad técnica para convertirse en una entidad más política. (…) Las cuestiones relativas a la fiscalización de drogas, de importancia crítica o creciente, tampoco se abordaron adecuadamente, en parte como consecuencia de la forma en que estaba estructurado el programa de trabajo de la Comisión. La situación estaba socavando poco a poco el papel de la Comisión como principal órgano normativo de las Naciones Unidas en materia de fiscalización de drogas ”. Como resultado de todo ello, durante los años posteriores se han celebrado más reuniones entre los períodos de sesiones, ha aumentado la coordinación entre los países donantes y receptores del PNUFID y se han incorporado “ Debates temáticos ” al período de sesiones ordinario de la Comisión de Estupefacientes para fomentar una discusión más centrada y sustancial acerca de cuestiones clave sobre las políticas.

UNGASS 1988: el compromiso

El Comité Preparatorio que se reunió en marzo de 1997 tenía que decidir qué país asumiría la presidencia. México, que había desempeñado un papel fundamental en la organización de la Sesión Especial, se presentó como candidato con el apoyo del bloque GRULAC de países latinoamericanos y del Caribe. Los Estados Unidos, no obstante, sentían cierta inquietud por el tono crítico que había adoptado México recientemente. Así que echaron mano de la dimisión, hacía apenas un mes, del general Gutiérrez Rebollo, conocido como el “ zar antidroga ” de México propiciada por las acusaciones de que había estado protegiendo a Amado Carrillo Fuentes, el principal narcotraficante mexicano (Fazio, 1997). Con la excusa de la corrupción generalizada en los organismos antidroga mexicanos, los Estados Unidos impidieron la candidatura de México. Y sólo tras largas horas de negociaciones entre bastidores se alcanzó un acuerdo para apoyar la presidencia de Portugal.

México siguió representando un destacado papel durante los preparativos de la UNGASS presidiendo el grupo intergubernamental encargado de elaborar el borrador de los Principios rectores de la reducción de la demanda de drogas, uno de los documentos clave en la agenda de la UNGASS. México también presentó proyectos de texto sobre cuestiones como el blanqueo de dinero y los precursores químicos. El objetivo de México, en palabras del representante permanente ante la ONU de dicho país en Viena, consistía en adaptar el régimen internacional de control de drogas para que la reducción de la demanda adquiriera mayor importancia “ equilibrando así una estrategia que previamente estaba sesgada hacia un aspecto del problema ” (Lajous Vargas, 1998).

Se confiaba en que la UNGASS marcaría el fin de la “ época de señalar con el dedo ”. Como indicó el presidente colombiano Ernesto Samper en su discurso ante la Sesión Especial: “ Nadie está tan libre de pecado como para tirar la primera piedra ”. Tanto México como Colombia destacaron que se debería acabar con la antigua dicotomía entre países tradicionalmente productores y consumidores para dar paso al principio de la “ responsabilidad compartida ”. Este principio, según su opinión, debería convertirse en la piedra angular del control internacional de drogas y, para ello, no sólo había que admitir los desequilibrios del pasado, sino también que las fronteras tradicionales se habían desdibujado con el paso del tiempo. Tras una serie de arduas negociaciones, centradas en cuestiones sobre la reducción de la demanda y los precursores químicos, el resultado final de la UNGASS reflejó el ambiente que se respiraba. Al menos, en esencia. Muchos de los documentos aprobados hacen hincapié en la responsabilidad del “ Norte ” para, entre otras cosas, reducir la demanda, regular el comercio de precursores químicos, controlar la producción de estimulantes de tipo anfetamínico (EA) y abordar cuestiones como el blanqueo de dinero.

El principal impedimento para alcanzar este nuevo equilibrio surgió a partir de una propuesta presentada por Pino Arlacchi, al que se nombró nuevo director ejecutivo del PNUFID durante el proceso de preparación, en septiembre de 1997. Su plan SCOPE, cuyas siglas en inglés corresponden a la Estrategia para la Eliminación de la Coca y la Adormidera, se proponía erradicar estos cultivos en un plazo de diez años, es decir, para el 2008, e instaba a hacerlo en Colombia, Bolivia, Perú, Birmania, Laos, Vietnam, Afganistán y Pakistán, los ocho países en que se concentra la producción de coca y opio (Blickman, 1998). El plan SCOPE resucitó el discurso sobre un “ mundo libre de drogas ” mediante la total eliminación de cultivos relacionados con éstas, y habría devuelto el peso de la responsabilidad a los países productores de opio y coca.

Aunque el plan nunca se aprobó, aportó el impulso necesario para la adopción del artículo más polémico de la Declaración Política de la UNGASS: el artículo 19 que exhorta a “ eliminar o reducir considerablemente el cultivo ilícito del arbusto de coca, la planta de cannabis y la adormidera para el año 2008 ” (A/RES/S-20/2). Tras un acalorado debate, se acordó que se fijaría ese mismo año como fecha límite para “ eliminar o reducir considerablemente la fabricación, la comercialización y el tráfico ilícito de sustancias sicotrópicas, comprendidas las drogas sintéticas y la desviación de precursores ” así como para “lograr resultados importantes y mensurables en la esfera de la reducción de la demanda para el año 2008”. Estos son los puntos que constan en la agenda para la revisión de mitad de período de abril de 2003: “ examinar los avances alcanzados y los obstáculos encontrados ” cuando nos encontremos a mitad de camino del plazo fijado para 2008.

Durante la Sesión Especial, fueron pocos los delegados que siguieron manifestando sus dudas acerca del frágil consenso que tanto costó alcanzar. Raymond Kendall, Secretario General de Interpol, comentó: “ A pesar de que la aplicación de la ley constituye la razón de ser de Interpol, no creemos que sea la panacea de todos los males asociados a la problemática de la droga ”. Destacó la necesidad de nuevas políticas que actuaran especialmente sobre los factores que conducen a la aparición y al desarrollo de los denominados comportamientos anormales. Ello implicaría hacer frente a programas de reducción del riesgo con seriedad y conciencia, desde la perspectiva obligada de la salud pública. Añadió también que “ una nueva política no debería ser tan ingenua como para confundir la realidad con la fe demagógica y partir de información objetiva y de investigaciones multidisciplinarias ”. De modo parecido, el ministro de asuntos exteriores de los Países Bajos, Hans van Mierlo, insistió en la necesidad de iniciar estrategias basadas en nuevos resultados: “ Lo primero que deberíamos hacer sería evaluar los resultados de nuestros esfuerzos hasta el momento para poder discernir qué es lo que realmente funciona. No nos dejemos acorralar por las discusiones ideológicas del pasado al estudiar futuras estrategias. Ciñámonos en cambio a los hechos que hemos podido constatar a partir de nuestras prácticas durante los últimos años ” (A/S-20/PV.1-9).

Sin embargo, desde que se celebró la UNGASS en 1988, no se han tomado demasiadas iniciativas en ese sentido. El programa PSA de la OMS se desmanteló y se fundió de nuevo en 2000 con el Departamento de Salud Mental del que se había separado en 1990. Pino Arlacchi, el director ejecutivo del PNUFID, censuró gran parte del Informe Mundial sobre Drogas 2000. El capítulo sobre regulación, que debía ser la continuación del de 1997, desapareció por completo. El coordinador, Francisco Thoumi, abandonó la agencia manifestando su protesta. “ Arlacchi estaba muy preocupado porque el borrador original no reflejaba su visión de la situación de las drogas en el mundo. Consideraba que era demasiado pesimista y que no mostraba los recientes progresos alcanzados en la lucha contra la droga. Solía argüir que el problema mundial de las drogas estaba a punto de solucionarse y que sólo eran tres países lo que suponían un verdadero problema: Colombia, Afganistán y Birmania” (Thoumi, 2002). Parte del personal de PNUFID se vio obligado a abandonar la agencia o dimitió por sus diferencias con Arlacchi. Hubo una purga – por no hablar de caza de brujas – para limpiar el sistema de control de drogas de la ONU de cualquier elemento supuestamente “ derrotista ” que pudiera romper el ' espíritu de unión '.

Conclusions

El funcionamiento basado en el consenso propio del mecanismo de control de drogas de la ONU ha propiciado situaciones muy curiosas. “ Las drogas ilícitas pueden resultar de lo más paradójicas. El comportamiento irracional que, en principio, deberían mostrar las personas que las consumen es en ocasiones propio de muchas de las que no lo hacen ” (Grinspoon, 1993). En su fuero interno, “ la mayor parte de las autoridades considera que la erradicación de las drogas es una meta poco realista ” y que el régimen actual carece de la eficacia necesaria. Pero en cuanto toman asiento en las salas de conferencias de Viena y Nueva York, se suben al tren del consenso y la mayoría de los representantes se deja arrastrar por la retórica habitual mientras que la minoría procura pasar lo más desapercibida posible. Así pues, tras una década de conferencias de alto nivel durante la que se ha coincidido en que “ el mal avanza más aprisa que el remedio ”, se frena toda iniciativa para “ detectar las causas de la ineficacia del presente sistema de fiscalización ”. Los resultados de los estudios científicos patrocinados por la ONU se han desatendido de manera deliberada y cualquier iniciativa para formular ' los cambios que deben efectuarse ' se la lleva el viento. A pesar de todo lo expuesto, la comunidad internacional reunida en 1988 concluyó que se podría conseguir en 10 años lo que no se había logrado en los 25 que se fijaron como plazo en la Convención de 1961.

La JIFE declaró ya en su informe de 1994: “ La comunidad internacional ha expresado su deseo de que, en lugar de reabrir todos los debates, prefiere desarrollar las estrategias definidas en común y ampliar sus principios a fin de establecer la manera de fortalecer las medidas de fiscalización de drogas ” (E/INCB/1994/1/Sup.1: 8). Poco importa si la estrategia no proporciona resultados positivos siempre que la comunidad internacional muestre un mayor compromiso: “ Esperamos que el año que viene, a diferencia de éste, podamos hablar de progresos reales” . “ Cualquier duda, vacilación o revisión injustificada de la validez de los objetivos que deben alcanzarse socavarían nuestro compromiso ”. Los numerosos llamamientos – procedentes de la propia “ comunidad internacional ” – para “ analizar con criterio estrategias para el futuro y, además, hacerlo con una actitud abierta que esté dispuesta a aprender de las lecciones del pasado ya experimentar cuando sea necesari o” se han topado con acusaciones maniqueístas – típicas de la guerra fría – sobre la traición a “ nuestra noble causa ”.

Por lo tanto, no es de extrañar el hecho de que “ la sociedad civil muestre una creciente impacienci a”, según observó muy acertadamente el Secretario General. Los resultados de la revisión de la UNGASS, que tendrá lugar en abril de 2003, sin duda se convertirán, tal como predijo el presidente de la Sesión, en “ la prueba de fuego para demostrar la capacidad de respuesta de la comunidad internacional ante los complejos problemas planteados tras el fin de la guerra fría ”. Para superar la prueba, quizá sería buena idea retomar algunas de las iniciativas del período precedente a la UNGASS y volver a añadirlas a la agenda. Las circunstancias han variado considerablemente desde entonces y, en estos momentos, podrían alcanzarse conclusiones distintas:

(1) Transcurridos ya cinco años, ya pesar del compromiso político renovado en la UNGASS, no se ha realizado ningún avance en términos de consumo y producción. Los ministros quedarían en el más completo ridículo si, en la reunión de abril, se limitaran a seguir afirmando que para 2008 habrán conseguido “ eliminar o reducir significativamente ” los cultivos de coca, la adormidera y la cannabis y la producción de drogas sintéticas.

(2) La Oficina contra la Droga y el Delito de la ONU (ODC, siglas en inglés) está experimentando un proceso de reforma emprendido por su nuevo director ejecutivo, Antonio Costa, que permitirá a la agencia despedirse de la crisis de los últimos años y de la censura impuesta por su predecesor. Puede que ello amplíe la capacidad del PNUFID, que se enmarca dentro de la ODC, para ejercer su función como “ centro de investigación ” animando el debate político sobre las drogas en el ámbito internacional.

(3) En el Plan de Acción desarrollado para aplicar la Declaración sobre los principios rectores de la reducción de la demanda de drogas de la UNGASS, los países se comprometieron a ofrecer “ todo el espectro de servicios, incluida la reducción de las consecuencias perjudiciales para la sociedad y la salud del uso indebido de drogas ” (A/RES/54/132). El drama del SIDA en todo el mundo ha puesto de relieve la necesidad de tomar medidas de reducción del riesgo para afrontar la propagación del virus relacionada con el uso de drogas por vía intravenosa. La Declaración de compromiso en la lucha contra el VIH/SIDA adoptada por la UNGASS en junio de 2001 insta explícitamente a las naciones a garantizar para 2005 un mayor acceso a equipo esterilizado para inyecciones, ya fomentar “actividades para la reducción de los daños causados por el consumo de drogas” (A/RES/S-26/2: art. 52). Así pues, resulta imposible – además de irresponsable – seguir evitando un debate abierto sobre el concepto de reducción del daño en el ámbito de la Comisión de Estupefacientes.

(4) Varios países han relajado sus leyes sobre el cannabis y en toda Europa y el Canadá se están desarrollando debates más objetivos sobre la posibilidad de la despenalización y la legalización. Este clima político vuelve a plantear en el ámbito de la ONU las tradicionales dudas acerca de las incoherencias en los tratados sobre el cannabis y la coca. Tal como ya se señaló en 1971, el cannabis “ no forma parte – y, objetivamente, nunca lo hizo – de las disposiciones de un tratado cuyo objetivo explícito consiste en prevenir la 'adicción a los estupefacientes.' La inclusión del cannabis en un tratado sobre estupefacientes fue una equivocación debida a los datos médicos y científicos erróneos de que disponían los delegados cuando se preparó el proyecto del tratado ” (Leinwand, 1971).

Aunque la historia presentada en este artículo atestigua los límites del funcionamiento racional del mecanismo de control de drogas de la ONU , estos últimos acontecimientos podrían crear las condiciones necesarias para que un grupo de países con ideas afines puedan acabar con la actual parálisis. El ministro de exteriores George Papandreou anunció una iniciativa tomada por la presidencia griega de la UE en ese sentido: “ El primer paso para encontrar nuevas maneras de abordar el problema de las drogas debería consistir en una evaluación exhaustiva de los tratados internacionales en esta materia. Debemos verificar su eficacia, poner al descubierto sus puntos débiles y presentar propuestas con miras a encontrar otros métodos para formular y aplicar las políticas sobre drogas ” (Papandreou, 2002).

Reconocimientos

El autor desea expresar su agradecimiento al Fondo Europeo para Políticas de Drogas NEF, por el apoyo financiero brindado al Transnational Institute durante el período de investigación y redacción de este documento.

Martin Jelsma
TNI , enero de 2003

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