Robert Sweet, Juez federal estadounidense, defiende la legalización del consumo y la distribución de todos los tipos de estupefacientes.
Por Julita Lemgruber
Robert Sweet es juez federal desde 1978 y actualmente, es el titular de la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York. Ha presidido innumerables comisiones que propusieron mejoría en los servicios prestados al público por el poder judicial y publicó trabajos discutiendo los desafíos que los jueces enfrentan en su papel en la sociedad. Fue el primer juez federal en defender públicamente la legalización del uso y la distribución de todas las drogas. Para Sweet, las drogas son una cuestión de salud pública y no de justicia criminal.
ENTREVISTA
O GLOBO: ¿Cómo evalúa el resultado de más de tres décadas de lucha contra las drogas en Estados Unidos?
ROBERT SWEET: Nuestra política de drogas, que viene costando en promedio US$17 billones anuales al contribuyente de este país, es un fracaso desde el punto de vista costo-beneficio. La criminalización del uso de la droga ha sido ineficaz en cambiar conductas y por eso creo que lidiar con las drogas como una cuestión de salud publica es la única solución viable. Regular las drogas es proveer asistencia a la salud del usuario y es el camino adecuado.
O GLOBO: Usted fue el primer juez federal en proponer públicamente la legalización del uso y la distribución de las drogas. ¿Iincluiría en esta propuesta a todas las drogas? ¿De la marihuana a la cocaína, de la heroína al crack?
SWEET: Todas las drogas que alteran el comportamiento de la mente deben ser controladas, exactamente como el alcohol. Para ser comercializadas, deben ser tasadas y reguladas. Deberá haber restricciones en relación a los lugares y horarios en que las drogas podrán ser vendidas y, obviamente, no podrán ser vendidas a menores de edad. Además de esto, debe haber campañas de educación pública aclarando sobre el problema del uso de drogas. Y así como ocurre con el alcohol, aquellos que provocaren daños o amenazas a los otros, estando bajo la influencia de las drogas, deberán enfrentar sanciones criminales.
O GLOBO: Usted ha insistido en que la prohibición de las drogas creó una economía subterránea poderosa en Estados Unidos, con resultados desastrosos. ¿Qué escenario es este?
SWEET: Los números resultantes de esta economía poderosa son impresionantes sobre todo si consideramos las tazas de encarcelamiento y el tamaño del mercado. Se estima que el mercado de drogas en Estados Unidos gira en torno a los US$150 billones por año. Hoy tenemos la mayor taza de encarcelamiento del mundo occidental, al costo de US$20 billones por año. Procesos relativos a las drogas en la Justicia federal americana se triplicaron en diez años. En cuanto a nuestros gastos con la guerra contra las drogas tuvieron un aumento enorme, el uso de drogas permaneció relativamente constante: continuamos teniendo cerca de 40 millones de usuarios. Nuestra política de prohibición de las drogas fracaso rotundamente sin que fuese debidamente cuestionada.
O GLOBO: En su opinión, la legislación actual sobre drogas en Estados Unidos es inconstitucional desde el punto de vista de la libertad individual. ¿Cómo sustenta esta propuesta?
SWEET: Aquellos que forjaron nuestra Constitución admitieron explícitamente que el individuo posee algunos derechos que no están claramente enumerados en el texto constitucional. El derecho a ingerir determinadas sustancias, como derecho de autodeterminación, puede ser encarado como un derecho que encuentra respaldo en la Constitución de los Estados Unidos. Los ciudadanos deben tener el derecho de controlar y tomar decisiones sobre sus cuestiones privadas, en la medida en que no causen daño al bienestar general.
O GLOBO: ¿Su visón sobre el tema de las drogas ha cambiado a lo largo de su trabajo como juez?
SWEET: Un día de otoño de 1988 en que fui obligado a condenar a diez años de prisión un joven de 18 años -sin antecedentes penales, superficialmente involucrado en el tráfico de drogas- comencé seriamente a reexaminar nuestra política de drogas. Investigue, conversé con especialistas, reflexioné mucho y llegué a la conclusión de que nuestra política, y la consecuente legislación para el área, han sido errores monumentales. Varios otros jueces, han llegado a la misma conclusión. Y es muy doloroso para mí, como juez, imponer sentencias que considero injustas.
O GLOBO: Por que, en su opinión, la legislación aun no ha sido modificada ni se ha constituido una comisión como la Wickersham, creada en 1929 por el gobierno federal para estudiar la prohibición de la venta del alcohol?
SWEET: Ya se han propuesto estudios pero no obtuvieron financiamiento. Un ministro de salud que propuso un estudio sobre el tema fue dimitido. El problema de las drogas es una cuestión sicológica, en relación a la cual se conoce poco. Si un estudio sustantivo, inclusivo desde el punto de vista económico, fuese desarrollado, yo creo que ocurrirían cambios sustanciales. Es muy difícil discutir abiertamente el problema de las drogas en la sociedad porque se crearon muchos mitos y es un problema de difícil solución. El abordaje punitivo es un método más fácil: se barre el asunto debajo del tapete. Cambiar la política actual no será fácil, pero necesitamos reconocer que el uso de drogas es, antes que cualquier otra cosa, una cuestión de salud publica y que sustancias que alteran el comportamiento de la mente hacen parte de la vida moderna. Sus efectos necesitan ser entendidos y atendidos. La criminalización no resuelve el problema.
Julita Lemgruber
Socióloga y directora del CESeC/UCAM
Entrevista realizada para O Globo y emitida el domingo 25 de enero de 2009
Leído en www.drogasydemocracia.org
