SALUD PUBLICA Y POLÍTICA:
A PROPÓSITO DE UN PLAN ANTIDROGA

1.- Introducción.
Un Grupo de Expertos elegidos por el PNSD -Plan Nacional Sobre Drogas- elaboró un “Informe sobre el Cannabis 2004: Análisis de situación, y Propuestas de actuación” (Becoña, 2004) -en adelante Informe-, sobre las bases de la “Guerra a las Drogas”, dirigido a los usuarios de cannabis. La idea surgió en la legislatura anterior, siendo el Sr. Robles su director. El PNSD actual lo incluye como su proyecto, y su funcionamiento se decidirá por el presente Gobierno. Sería útil realizar preguntas a ese Informe para mostrar alguna de sus premisas, y decir algo sobre tal “Guerra”.


2.- Un plan contra el uso de cannabis.
El Informe contiene varios principios y dos partes: “Análisis de Situación”, y “Propuestas de Actuación”. Se basa en este relato: «En España no se aprecia el riesgo del uso de cannabis, se permite irresponsablemente, aunque hoy la sustancia es más potente, y hay más usuarios. Ello supone mayor riesgo en el trabajo, en la seguridad vial, y en la salud mental del usuario. Los jóvenes son vulnerables. Hoy no hay prevención que conciencie adecuadamente. “La Cultura del Cannabis” influye con éxito y hace aumentar su uso. Se necesita una ley menos tolerante con usuarios, comerciantes, con quien permita su consumo y venta, y con quien, frívolamente o no, anime al consumo».

Las propuestas del Informe son:

a) Estrategia Informativa continuada sobre el daño por uso de cannabis a periodistas, padres, profesores, sanitarios, juristas, y otros, para “aumentar la percepción del riesgo” en la población, y evitar que se vean “como represivas” las medidas del Informe (Becoña, 2004, p. 25).
b) Estrategia Educativa. Se proponen medidas para escolares y agentes sociales con más control, por una escuela libre de drogas e influencias pro-droga, y que mueva una red social “contra la banalización del consumo” (Becoña, 2004, pp. 26-27).
c) Planes diversos de indagación, si bien no se incluye la evaluación del proyecto (Becoña, 2004, pp. 30-32).
d) Medidas coercitivas de tipo penal, administrativo y laboral (Becoña, 2004, pp. 27-30), siendo estas algunas:

  • “Aumentar el límite mínimo de la pena” por vender cannabis, con un agravante si es de calidad, hasta “2 a 5 años” de cárcel, para que el penado no evite prisión. Y se penalizará “la omisión de denuncia”, para quien sepa de la venta y no lo denuncie (Becoña, 2004, p. 28).
  • Más castigo por posesión o uso de drogas ilícitas, regulada por la Ley de Protección a la Seguridad Ciudadana, L.O. 1/92, publicitando las sanciones, ampliándolas a la “permisividad del consumo, o falta de diligencia para impedirlo, a los responsables de centros de enseñanza”, de locales de ocio y a los que acudan menores (Becoña, 2004, pp. 28-29).
  • Castigar toda “forma de publicidad o promoción del consumo ilegal generalizado o indiscriminado”, aún si no merece castigo penal, con especial reproche a “actividades dirigidas a menores de edad, o con la participación de estos, cuando se realicen en lugares públicos o cuando se utilicen medios que potencien o incrementen su difusión” (Becoña, 2004, p. 29). Redactado así incluiría la expresión artística, como cine y literatura. Los autores atribuyen el mayor consumo a la “Cultura del Cannabis” y sus publicaciones (Bobes, 2000b, p. 9; Calafat, 2000).
  • En el ámbito laboral desean generalizar “controles preventivos obligatorios de consumo” (Becoña, 2004, p. 29), recoger orina de los trabajadores, primero en trabajos de más riesgo, y ampliar sanciones y motivos de despido.

En resumen, el Informe solicita más ámbitos de persecución y castigo, penalizar algunas expresiones sobre drogas y más información dirigida para la movilización social antidroga.

3.- Primeras consideraciones.
El Informe se apoya en las bases de la “Guerra a las Drogas”: información alarmista sobre drogas y duros castigos al cultivo, comercio y consumo. Reprimir la expresión es algo novedoso en España.
Las tesis del Informe podrían ser confrontadas a otras en un proceso de deliberación. Pero sus autores desdeñan otras voces, unas serían frívolas y punibles, y otras no tienen la “suficiente información” para debatir (Becoña, 2004, p. 6). Su plan es plenamente político ya que sugiere modos de relación entre ciudadanos y el Estado. Por ello es pertinente realizar varias preguntas éticas y políticas.
Primero consideremos un relato distinto al del Informe: «Prohibiendo el comercio de algunas drogas, y siendo muy demandadas, adquieren un valor añadido simbólico y económico enorme. Su comercio es una fábrica de dinero ilegal. Muchas voluntades trabajan en su producción, transporte, y venta. Se crearon modos de interdicción muy costosos, que sin evitar el uso de drogas fomentan consumos insanos. Los esfuerzos de tal prohibición extienden epidemias, como el SIDA y las Hepatitis, y accidentes mortales de usuarios que no pueden evaluar lo consumido. El dinero generado financia la compra de armas, actos de guerra, y terrorismo en todo el planeta, y beneficia a particulares, bancos, terroristas, y estados. Los recursos sanitarios, en prevención, atención a adictos, y a enfermedades asociadas, suponen un gran coste. Aun así las drogas se hallan por todo el mundo, incluso en escuelas y cárceles». Este relato, más amplio que el del Informe, ubica más sucesos asociados. Hechos tristes, gozosos, de miseria, de poder y de guerra, entre otros, surgen en los tránsitos de estas drogas (Labrousse, 1995a; Labrousse, 1994b; Santino, 1990; Napoleoni, 2004; Hamonwy, 1991; Roth, 2000; Schlosser, 2004; OGD, 1996; Barra, 2004).
Recordemos que el consumo de una droga es algo privado, que incumbe solo a su autor, y en España es legal en cualquier domicilio particular. La compraventa entre adultos también es un acto privado, aunque ilegal. En España cada año se castiga a mas de 50.000 personas por tenencia o uso de sustancias (PNSD, 2002a. PNSD, 2003a. Galán, 2004; Usó, 1997). Para ello muchas personas, y sus coches, son registrados a fondo, a menudo en formato de redada, cuando la autoridad irrumpe en pubs, salas de baile, o en controles próximos. Estas prácticas son calificables como una persecución. Con diferente intensidad y forma es hostigado en otros países, incluyendo la pena de muerte en China, Singapur, e Irán (AI, 1995). Aun más son los encausados por comercio al por menor (PNSD, 2002a; PNSD, 2003a; Galán, 2004).
Bajo una razón sanitaria se exige que la autoridad persiga a ciudadanos por prácticas privadas, y para saber de sus razones haremos unas preguntas al Informe: 1.- ¿Cuál es el nexo de los datos ofrecidos con la propuesta de actuación? 2.- ¿Cuál es el espacio social del consumidor según el Informe y la “Guerra a Las Drogas”? 3.- ¿Qué clase de valor es la Salud Pública en el Informe? y 4.- ¿En qué proyecto de sociedad se puede integrar el Informe?

4.- De los datos a las propuestas.
Los datos del Informe son unos entre muchos otros datos (Zymmer, 1997; Márkez, 2002; Drugnet, 2004; PNSD, 2003a; PNSD, 2002b; Clements, 1996). Afirma que hay más usuarios, que el cannabis es más potente, y asegura que vamos a peor. Es el mensaje habitual del PNSD.
Pero los datos no dicen cómo significarlos, ni qué hacer. Los autores los seleccionan, los significan, les atribuyen riesgos, los perciben como un problema concreto, eligen los factores que inciden, y proponen medidas acordes al modelo social en el que creen. En general, el entramado sociohistórico de la “Guerra a las Drogas” define el área conceptual y significa el “problema de las drogas” en cierta dirección.
Busquemos qué conduce a los datos hacia las propuestas. Primero señalemos que hay dos ideas, hoy comunes, presentes en el Informe: a) Usar drogas es dañino y reprobable, es decir, su mero uso constituye un problema. b) Usarlas hace a la persona enferma y socialmente incapaz. Son ideas expandidas por millonarias campañas mantenidas en el tiempo. La imagen del usuario se elabora como prejuicio, asignando rasgos odiosos a todos ellos.
Junto a ello, el Informe dice que “ha aumentado la permisividad y la indiferencia hacia su consumo” (Becoña, 2004, p. 14), que “la legislación española es una de las mas permisivas” (Becoña, 2004, p. 16) y que conviene “agravar las sanciones por la permisividad del consumo”. Sugiere endurecer las leyes a los usuarios, a los que permitan el consumo, e incluso a quien frivolice en público sobre el uso. Afirma que con la tolerancia de la comunidad y las leyes crece el uso (Becoña, 2004, p. 14). La idea rectora es que ante el uso de drogas la intolerancia es necesaria. Los datos del Informe consiguen significado en la creencia de que usar drogas no es tolerable, y así se justifica la tesis de que más acoso social es imprescindible.
Pensemos sobre la tolerancia o permisividad en contextos relacionales. Una conducta recibe respuesta según qué signifique o cómo impacte en otros. Si algo es molesto para otros no habrá respuesta tolerante, sino desaprobación o protesta. Si una conducta es extraña pero no es molesta, peligrosa, o inútil, puede generar indiferencia. Aceptar con tolerancia el uso de drogas -porros, en este caso- significa que la convivencia no problemática entre usuarios y abstinentes es posible, pero el Informe no puede aceptarla y por ello requiere el rechazo social de los usuarios (Becoña, 2004, p. 25-27).
La salud que se opone a la tolerancia es una idea básica en los planes antidroga. La directora actual del PNSD dice que hay mucha tolerancia al consumo como un problema (Moya, 2004). El Dr. Bobes dibuja esa idea en una balanza, en un plato la libertad y en el otro la salud: a más libertad menos salud (Bobes, 1995, p. 120; Bobes, 1997, p. 260). La lucha antidroga usa la expresión “Tolerancia Cero”, con medidas agresivas para los usuarios (O’Hare, 1995; Heather, 1993; Erickson, 1997). Seguridad, tolerancia, libertad y uso de drogas suelen ser relacionadas como siguen: a más libertad menos salud y más drogas, a más drogas más inseguridad ciudadana, a más permisividad más inseguridad y menos salud, etc.
La idea rectora del Informe es que más intolerancia ante el uso y venta de drogas significa más bienestar social, mejor salud pública y mayor seguridad ciudadana.

5.- El espacio social asignado al consumidor de drogas.
Qué espacio social cede la “Guerra a las Drogas” al usuario es otra relevante cuestión a plantear.
La “Guerra a las Drogas” presenta al usuario como una mezcla de vicioso, enfermo, irresponsable, antisocial, egoísta, y vitalmente incompetente. Aquí se expandió tal imagen con costosas campañas del PNSD y de la FAD (Fundación de Ayuda a la Drogadicción). La FAD los muestra atravesando una carretera de tráfico pesado sin mirar. También dice que hay quien controla el paracaidismo, “puenting”, etc, pero no el uso de drogas, ya que sólo hay consumos sin freno, ni reflexión; es la imagen de un ser menos humano que los demás.
Las leyes, el Código Penal y la LO 1/92, que categorizan la venta como delito a la Salud Pública y el consumo público como peligro social, establecen la persecución a usuarios y vendedores. El Informe propone endurecer la persecución con castigos en más áreas. Desea castigar algunas voces sobre drogas, haciendo punible la frivolidad verbal. Sus autores antes dijeron que la “Cultura del Cannabis” era responsable del aumento del uso en España. Este Informe propone la persecución del usuario en el trabajo[1], en su expresión social, que no haya espacios públicos de consumo, etc. De tal modo que sólo tiene un espacio social pleno ocultando su condición de usuario.
Con ese espacio social, y estas leyes, el usuario no precisa la ayuda de las drogas para ir hacia la marginación. La mera aplicación de tales leyes podría ser suficiente.
Esto no ocurre con todos los usuarios, ya que muchos esconden esa condición con éxito. Pueden sentir tensión si peligra su secreto. Hemos visto a gente popular descubierta como usuaria, con fuertes consecuencias, incluida una crítica social infame.
Algunos ya no ocultan su condición, se han organizado y se han presentado a la comunidad, en foros (especialmente en Internet), libros y revistas. Son voces diversas en muchos aspectos. Hay quienes buscan un hueco legal que les permita cultivar y consumir, y hay quienes reclaman un comercio legal para todas las drogas. Hablan de ellos y de sus historias, son voces de quienes se construyen y se presentan como ciudadanos usuarios, y muestran una imagen distinta al estereotipo asignado por la prohibición. Su idea más importante, y compartida por todos ellos, aunque ignorada por los autores del Informe en su deconstrucción de la “Cultura del Cannabis” (Calafat, 2000), es que usar drogas no debe hacer diferencia social alguna: se ven como humanos plenos, con derechos.
Otro de sus mensajes es: “Consumimos drogas, estamos bien y funcionamos como los demás”. Ello probablemente indigna a los autores del Informe, ya que lo que esperan del usuario es que se muestre en el rol de piltrafa humana. Y éstos además de no decir que las drogas les dañan, celebran su encuentro con ellas.
Las iniciativas de usuarios de contactar con foros e instituciones oficiales sobre drogas han hallado rechazo. El Informe propone quitarles la palabra, después de calificarla como frívola, y dañina. Su espacio social es escaso, como el de otros humanos sometidos a prejuicios y persecución.

6.- La Salud Pública como valor.
El Informe se justifica como una meta de Salud Pública y, por tanto, no estaría de más examinar su significado.
La Salud Pública mide los niveles de enfermedad y salud en una población. Como tal compara una situación con otras previas y actuales, y con diversos hábitos. Sus mediciones siempre son relativas. Evalúa factores de riesgo y protección, y puede crear planes para variar los niveles de Salud. En este sentido es una disciplina técnica. Sus esfuerzos se dirigen al medio ambiente, hábitos, conservación de alimentos, manejo de epidemias, etc.
En el Informe los datos provienen de la Salud Pública en tal sentido, pero no los relaciona con los asociados a otros hábitos, o en perspectivas mas generales, y no evalúa su impacto en el estado de la salud de la comunidad.
La Salud Pública se muestra como un valor central en el Informe, aunque no contempla evaluar su propia práctica. Tampoco lo hacen las memorias del PNSD, y después de muchos años no hay algo que se asemeje a una evaluación rigurosa de su práctica. En la Guerra a las Drogas es norma no medir los logros ni otros efectos.
La Salud Pública del Informe, como valor, se confronta a otros. En materia de drogas, usualmente se opone a la tolerancia, a la seguridad ciudadana y a la libertad. El Informe desea aumentar la persecución a una costumbre privada y penalizar la palabra. Se opone al mínimo consenso de convivencia democrática, que sería el amparo a ensayarse a sí mismo (Rorty, 2000). Ese valor no ha pesado al diseñarse el Informe, donde Salud Pública se asocia a intolerancia. Se opone al ciudadano con derechos que requiere respeto (Sádaba, 2003), y no se exige prever los efectos de estos planes (Wadeley, 1995). La premisa de ética sanitaria “lo primero es no hacer daño” se opone sin éxito a humillar, perseguir y castigar.
Tal Salud Pública no es una disciplina sanitaria, sino un valor superior, mayor que los que sostienen las democracias. En definitiva, se valora como absoluto: no se confronta a otros, no evalúa sus efectos, cualquier valor opuesto es inferior y alienta políticas autoritarias y excluyentes.

7.- El proyecto del Informe ¿para qué sociedad?
A qué tipo de sociedad aspira el Informe, o la Guerra a las Drogas, es la cuestión a tratar ahora. Soslayemos aquí lo creado por el negocio promovido por la prohibición, y al que nos hemos referido únicamente de pasada.
Si pensamos en una Salud Pública como la mostrada advertimos que promueve un ideal de pureza asociado al no uso de drogas, algo tan ambicioso que no suena a humano. Tal ideal y los métodos propuestos para alcanzarlo hablan de la sociedad que subyace al Informe, con su valor Salud Pública. Para implantar su modelo de Salud Pública el acoso, los castigos, la estigmatización de los usuarios, y limitar su voz, son tecnologías sociales válidas.
Tal sociedad tiene el poder de dictar lo que es saludable y lo que no, y obliga a los ciudadanos a ser sanos según lo requerido. Vigila y castiga a los disidentes como peligro social. Aquí se vislumbra una sociedad con absolutos de salud, que impone costumbres o ensayos privados, que percibe enemigos sociales por modos de autocuidado, excluyéndolos de la ciudadanía plena. Que los expertos dicten la forma correcta de vivirse a sí mismo, y que se acate bajo coerción, es el modelo social perfilado en la “Guerra a las Drogas” y el Informe.

8.- Unas consideraciones finales.
No estaría de más acabar con unas consideraciones sobre la política antidroga.

  • a) El concepto Salud Pública debe considerarse como una disciplina que mide, que compara fenómenos, que es relativa a su contexto, que ayuda al bienestar social, que se contrapone con otros valores finitos, y sus propuestas no deben evitar ser objeto de deliberación. Dictar que la Salud Pública es un valor superior al de ciudadano de derechos y a políticas incluyentes lo clasifica como un concepto fundamentalista.
  • b) Cuantificar la “Guerra a las Drogas” es importante para la comunidad. ¿Cuántos esfuerzos personales, materiales y económicos se usan persiguiendo a consumidores y vendedores? ¿Cuál ha sido el peso de los planes antidroga dispersando dolencias contagiosas en nuestro país? ¿Cuál es el peso de la prohibición en el colapso judicial y en el hacinamiento carcelario? ¿Cuáles son las mejoras habidas en los últimos 15 años debidas al PNSD? ¿Dónde está el dinero negro de la venta de drogas? ¿Cuál es el nivel de soborno y corrupción en los estados asociados a la prohibición? ¿Con qué dinero se financian terroristas, paramilitares y guerrillas varias, incluyendo la Yihad? Aún hay muchas preguntas más, que raramente son atendidas por la clase política o por los sanitarios, pero los ciudadanos deberían saber para qué se gasta tan mal tanto dinero en esa Guerra. Y deben saber cómo les afecta la prohibición, aun siendo abstinentes, por ejemplo en la demora de la vista de su pleito por colapso judicial.
  • c) Ante quienes piden “castiguémosles porque usan drogas” se opone otra voz en grupos de usuarios “usamos drogas, nos sientan bien y no queremos por ello ninguna diferencia”. La idea de que quien usa drogas es un inepto social es una infamia que extendió la prohibición. Mientras la Guerra a las Drogas fabrica rechazos sociales, la otra voz reclama una plena ciudadanía. Hay que aceptarlo, es éticamente superior la razón de los últimos, ya que opta por una política incluyente.
  • d) Sería conveniente mostrar toda clase de historias de personas humilladas, estigmatizadas, enfermadas, encarceladas, enriquecidas, etc…, en cualquier lugar de la cadena que hoy enlaza a los humanos y las drogas. La literatura, el cine y otras voces han comenzado a contarlas, y las hay de muchos tipos. Necesitamos oír más historias que emocionen a más personas, que ayuden a empatizar con los acosados. Es progreso moral ver a los relacionados con drogas como humanos de emociones similares a los demás. Las publicaciones de los usuarios, y a veces la prensa, lo hacen, pero aun hay mucho para oír.
  • f) Otra forma de mirar a las drogas es necesaria, la actual es ampliamente desastrosa. Con la responsabilidad del lado de la prohibición están el financiamiento de guerras, la diseminación de enfermedades, un aumento de exclusión social, entre otros fenómenos graves.

Nuestro marco conceptual está inmerso en la prohibición, y no es fácil transcenderlo, pero las ideas que promueven y hacen del contexto de las drogas fuente de convulsión planetaria no serán eternas. No estaría de más escuchar a los distintos implicados en las drogas. Aun no hay un foro donde hablen quienes optan por el acoso y los usuarios. Acallar voces frívolas es un sueño autoritario impracticable e inconveniente: algunas ideas nacieron bajo el oprobio y luego resultaron valiosas.
Debemos alentar la deliberación y los foros sobre drogas, y quienes trabajamos en este campo tenemos una responsabilidad y estímulo especial para conseguirlo. No es práctico pensar que sobre drogas todo lo que ocurre es lo visto en la consulta o en los medios. Incluso hay otras ciencias ocupándose de las drogas. Conviene escuchar, pensar, empatizar y preguntar incluso a lo que hoy parece evidente. Siendo este fenómeno ilegal se hace más difícil pensar en miradas diáfanas o neutras, pero no hay duda que son muy diversos los sucesos que se dan en torno a las drogas: unos terribles, otros de goce, o de introspección…
No podemos, ni como ciudadanos, ni como técnicos en salud o bienestar social, aceptar que es bueno dividir la sociedad entre usuarios y abstinentes. Fuera de la prohibición y su aparato conceptual, quizás algún día hallemos un potencial positivo en el uso de drogas. No sabemos por adelantado qué tipo de cambios habrá cuando se abandone como prioridad moral la abstinencia, especialmente por el estado, qué relaciones y discursos se crearán en el uso y venta legal de drogas. Hoy conocemos los principios y efectos de una política excluyente, que quiebra la ciudadanía, y con daño a escala mundial. Urge pensar las drogas desde la perspectiva de incluir a sus usuarios como ciudadanos plenos en la esfera pública y privada.

  • AI – Amnistía Internacional (1995): “La pena de muerte no es la solución a las drogas ilegales”, mimeo, 40 págs., Ed. Amnistía Internacional, España.
  • Barra, M. (2004) “Las drogas y la propagación del SIDA: la agenda olvidada”, Diario El País, Lunes 2 de agosto de 2004, p. 24.Becoña, E., Calafat, A., Del Cerro, E. et al. (2004) “Informe sobre el Cánnabis 2004: Análisis de situación, y propuestas de actuación”, España, PNSD, en http://www.mir.es/pnd/publica/pdf/informe_cannabis2004.pdfBobes, J. (1995) “Éxtasis. Aspectos farmacológicos, psiquiátricos y médico legales”, Barcelona, Ed. Citran.
  • Bobes, J. et al. (comps) (1997) “Éxtasis (MDMA): Un abordaje comprensivo”, Barcelona, Ed. Toray.
  • Bobes. J. & Calafat, A. (editores) (2000a) “Monografía Cánnabis”, Rev. Adicciones, Vol. 12, suplemento 2.
  • Bobes, J. & Calafat, A. (2000b) “De la neurobiología a la psicosociología del uso-abuso del cánnabis”. En Bobes, J. & Calafat, A. (editores) (2000a) “Monografía Cánnabis”, Rev. Adicciones, Vol 12, suplemento 2.
  • Calafat, A., Juan, M., Becoña, E., Fernández, C., Gil, E, & Llopis, J. J. (2000) “Estrategias y organización de la cultura pro-cánnabis”. En Bobes, J. & Calafat, A. (editores) (2000a) Monografía Cánnabis, Rev. Adicciones, Vol. 12, suplemento 2.
  • Clements, I., Cohen, J. & Kay, J. (1996/1992) “Taking drugs seriously. A manual of harm minimising education on drugs”, Liverpool, Ed. Health Wise.
  • DRUGNET, 2004, “¿Gana potencia el cannabis?”, p. 1, Rev. Drugnet Jul/Septiembre 2004, o en www.encdda.eu.int.
  • Erickson, P., Riley, D., Cheung, Y. & O’hare, P. (comps), (1997) “Harm Reduction: A new direction for drugs policies and programs”, University Toronto Press, Canada.
  • Galán. L. (2004) “El laberinto de las drogas”, pp. 1-3., Diario El País, Domingo, 26/9/2004.
  • Hamonwy, R. (comp.) (1991) “Tráfico y consumo de drogas”, Madrid, Unión Editorial.
  • Heather et al. (comps.) (1993), “Psychoactive drugs and harm reduction: from faith to science”, Londres, Ed. Whurr.
  • Labrousse, A. (1995a) “Droga, dinero y armas”, México, S. XXI.
  • Labrousse, A. Wallon, A. (comps.) (1994b) El planeta de las drogas, Bilbao, Ediciones Mensajero.
  • Markez, I., Póo, M., Merino, C., & Romera, C. (2002) “Cannabis: De la Salud y del derecho”, Vitoria, Gobierno Vasco.
  • Moya García, C., (2004), “Entrevista a…” -directora del PNSD- Diario El País, Domingo, 13 septiembre de 2004, 6-7.
  • Napoleoni, L. (2004) “Yihad. Cómo se financia el terrorismo en la nueva economía”, Barcelona, Ed. Urano.
  • OGD – Observatoire Géopolitique des Drogues (1996) “Atlas mondial des drogues”, Francia, Ed. Presses Universitaires de France.
  • O’Hare, P. et al. (comps) (1995), “La reducción de los daños relacionados con las drogas”, Barcelona, Ed. Igia.
  • PNSD (2002a) “Plan Nacional Sobre Drogas: Memoria 2002”, Ed. PNSD.
  • PNSD (2002b) “Informe de tratamiento, urgencias y mortalidad. Año 2002”, Ed. PNSD.
  • PNSD (2003a) “Observatorio Español Sobre Drogas: Informe Nº 6”, Noviembre 2003, Ed. PNSD.
  • Roth, J. (2000) “Mafias de estado”, 2000, España, Ed. Plaza & Janés.
  • Rorty, R. (1995) “Contingencia, Ironia y solidaridad”, Ed. Paidós.
  • Rorty, R. (2000) “El pragmatismo, una versión”, Barcelona, Ed. Ariel.
  • Sádaba, J. (2003) “Principios de Bioética”, España, Ed. Gedisa.
  • Santino, U. & La Fiura, G (1990) “Detrás de la droga”, Argentina, Ed. Homo Sapiens.
  • Usó, J. C. (1997) “Drogas y Seguridad Ciudadana”, Octubre nº 76, Rev. Claves de Razón Práctica, España.
  • Wadeley, A. & Blasco, T. (1995) “La ética en la investigación y práctica psicológicas”, Barcelona, Ed. Ariel.
  • Zymmer, L. & Morgan, J. P. (1997) “Marijuana myths, marijuana facts”, New York, Lindesmith Center.

Por Mikel A. Valverde, en Revista Española de Drogodependencias, núms. 1 y 2, vol. 30, 2005, pp. 128-137 y extraido de Mundo Antiprohibicionista.

[1] No olvidemos que este Plan no es un Programa de Reducción de Riesgos en el Trabajo, en cuyo contexto algunas medidas protectoras pueden evaluarse y ponerse en práctica, respetando las costumbres ajenas al trabajo.